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José M. Tojeira
El Salvador puso en su Constitución la justicia social como deber y obligación del Estado hace ya treinta y seis años. Las Naciones Unidas declararon hace doce años y por unanimidad el día 20 de Febrero como “Día Mundial de la Justicia Social”. En El Salvador existía ya la conciencia de una situación de injusticia y desigualdad en 1983, cuando se promulgó la Constitución. De hecho estábamos en una situación de guerra civil cuyas causas eran precisamente las injusticias existentes y la respuesta brutalmente violenta del Estado a quienes pedían justicia social. Todavía hoy muchos opinamos que entre las diversas raíces de la violencia generalizada en la actualidad de nuestro país, tienen un peso sustancial: la pobreza y la injusticia. Las Naciones Unidas, por su parte, miran a toda la diversidad de este mundo cada vez más poblado, e insisten en crear una cultura y una economía respetuosas con el medio ambiente y con el bienestar humano. De esa manera la propia ONU habla del día que celebramos diciendo: “La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos”.
Las palabras de la ONU que hemos mencionado no se alejan para nada de nuestra Constitución. Al contrario, en muchos aspectos repiten los valores que nosotros tenemos acuñados en nuestra “Carta Magna” desde hace casi cuatro décadas. Sin embargo es patente que la desigualdad es intensa y escandalosa en El Salvador. La pobreza golpea a más de una tercera parte de la población. Y el trabajo decente está reservado para la mitad del país en el mejor de los casos, si tenemos en cuenta que el salario promedio del país no alcanza los seiscientos dólares mensuales. El machismo continúa multiplicando los feminicidios y la falta de bienestar y seguridad son las razones principales para que mucha gente salga de nuestras tierras, las más de las veces obligada por un universo de privaciones, carencias y amenazas.
La ONU añade a sus reflexiones sobre este día mundial de la justicia social la siguiente frase: “Si quieres paz y desarrollo, trabaja por la justicia social”. ¿Queremos paz y desarrollo en El Salvador? Estamos en realidad a las puertas de un nuevo gobierno. Podemos pensar con pleno derecho en que después de treinta y seis años de poner la justicia social como un punto clave y obligatorio para el funcionamiento del Estado, ya es tiempo de tomarnos en serio el tema. El primero en hablar y escribir sobre justicia social fue un jesuita italiano, Luigi Tapparelli, en 1844. Al reflexionar sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en torno a la justicia y el derecho natural, en pleno auge de la revolución industrial y del surgimiento del sindicalismo y las luchas obreras, este jesuita filósofo vio la necesidad de elaborar un nuevo concepto de justicia. Y así formuló la justicia social como la virtud que “debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. Vincular la justicia a los Derechos Humanos, como hizo este precursor de la doctrina social de la Iglesia, ha sido fundamental para el desarrollo del concepto de justicia social, al principio muy vinculado a las luchas obreras por el derecho a sindicalizarse y a tener una salario digno. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, retomó el término y la idea de la justicia social a principios del siglo XX pensando en los trabajadores. Según han ido pasando los años la idea de una sociedad con justicia amplia, enfocada al bienestar ciudadano y a la paz social, se ha ido volviendo más universal e incluso ambiental.
En El Salvador estamos iniciando el proceso de cambio en el poder Ejecutivo después de unas elecciones pacíficas y limpias. La formalidad y la institucionalidad de la democracia se ven sólidas y estables. La carencia que puede echar todo a perder es un sistema económico y social con demasiado peso de la injusticia. Cambiar las cosas y establecer una democracia con justicia social es tarea de todos.
Incluso de aquellos que históricamente trataron de cambiar la justicia por el predominio de sus intereses. Crecer en justicia social es lo único que hoy tiene sentido y ofrece posibilidades de desarrollo.
