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Víctor Manuel Guerra Reyes
En la situación social salvadoreña, sovaldi tan crítica en su realidad como en su percepción, capsule los grupos delincuenciales se alimentan en términos psicológicos del miedo que infunden a la población civil. Con esto se incrementan las condiciones de vulnerabilidad de la gente honrada, trabajadora y de buena voluntad que día con día intenta resolver su vida de la mejor manera posible. Esta realidad vivida y padecida por los salvadoreños exige, si se quiere entrar en el camino del desarrollo humano y social, contrarrestar el poder de los grupos delincuenciales. Para ello, se requieren al menos dos cosas: la primera es fortalecer la esperanza como también la sana y justa lucha por imponer el respecto a las buenas costumbres, los valores y el amor a la vida; la segunda, es fortalecer la ejecución y desarrollo de una serie de acciones que impongan el orden y la institucionalidad de un estado de derecho al servicio de la población civil honrada, ya que en El Salvador existe en la actualidad un desprecio escalofriante de la vida humana y de la vida en general. Esta actitud generalizada fortalece a los grupos delincuenciales que operan en el país y que últimamente han adquirido mayor notoriedad gracias al influjo de los medios de comunicación social (MCS).
Como es normal en toda confrontación ideológica por la imposición de un poder hegemónico particular, las partes en contienda se alimentan y crecen con el miedo que hacen surgir en su adversario. Para lograr esto echan mano de todo tipo de acciones para amedrentar y hacerse sentir en los otros como los poderosos que tienen en sus manos la vida de todos y las posibilidades de hacerlo todo. De ahí que en una situación donde impera el caos, la criminalidad se magnifica imaginariamente en grado superlativo gracias a la promoción que le hacen los MCS. En el caso salvadoreño, particularmente el móvil transmisor de la ideología dominante de grupos de poder económico y financiero están al servicio de los intereses perversos de instituciones como la Asociación de la Empresa Privada, ANEP, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, y por qué no decirlo y aceptarlo, las instituciones y organismos financieros internacionales que han tenido presencia en las últimas siete décadas en el país, etc.. Estos grupos de interés, cuya voluntad perversa de hacerle daño al gobierno de turno, lo que producen en realidad es generarle serias dificultades psicológicas, destrucción moral y económica al pueblo salvadoreño que en ningún momento es merecedor de tan bajas e insospechadas acciones.
La situación de violencia que padece El Salvador está asediada por varias aristas que fustigan a la sociedad y no le permiten ver el horizonte. Estas aristas son el crimen organizado, la narcoactividad, el mercado legal e ilegal de armas de fuego, los grupos pandilleriles que son en realidad organizaciones criminales que todos sabemos cómo se llaman, transportistas insatisfechos por lo exitoso del proyecto SITRAMSS, la delincuencia común, etc.. Estos agentes del mal son los gestores, promotores y ejecutores directos de la violencia social organizada que sufre el pueblo e instituciones del Estado salvadoreño.
En este contexto, el paro al transporte llevado a cabo en el país desde el 27 al 30 de julio de 2015, no es una muestra de poder para el gobierno y para el pueblo salvadoreño, como erróneamente lo han afirmado y manifestado recientemente algunos individuos, sino que es una muestra de la capacidad de terror, malignidad y maleficencia que tienen estos agentes del mal que están enquistados en la población salvadoreña que ya son muy bien identificados por parte de los salvadoreños y que ciertamente son la parte oscura y gestora de muchos de los problemas que aquejan al país y a la sociedad salvadoreña en general. Dicho paro al transporte que generó mucha incertidumbre, luto a algunas familias por el asesinato de alrededor de siete personas contratadas como choferes de buses y pérdidas económicas a la sociedad salvadoreña, es la muestra de poder de los grupos delincuenciales, en contubernio y anuencia de grupos de poder insatisfechos por la forma en que se está conduciendo la cosa pública en El Salvador.
Ahora bien, estos grupos maleficientes, es decir, que tienen como hábito o costumbre hacer el mal, son los que en boca de individuos ingenuos unos y pícaros y perversos otros, están pidiendo que el gobierno dialogue con ellos. Su propuesta la hacen bajo el argumento de que la situación de violencia se ha desbordado en El Salvador y que sus acciones han superado las capacidades del gobierno de brindar seguridad a la sociedad. Asimismo arguyen que dicha situación tiene de rodillas al mismo gobierno y a la población salvadoreña en general. No cabe duda que la situación de violencia en El Salvador y de criminalidad generalizada es una realidad insoslayable, que por ser tal, amerita un profundo análisis y reflexión, así como la ejecución de un plan de acciones contundentes para superarla lo más pronto posible.
No obstante, pensar que el gobierno está obligado a dialogar con los criminales debido al alza del número de asesinatos violentos por parte de los grupos delincuenciales es una apreciación sesgada, pícara y malintencionada, que no es más que una treta que hace el juego a grupos de poder, que junto a la magnificación mediática de los MCS, piénsese en la Telecorporación Salvadoreña, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, algunos periódicos digitales amarillistas, etc., que son empresas cuya propiedad corresponde a la derecha ideológica salvadoreña, que usando el aforismo que la delincuencia pandilleril y sus secuaces elevan a placer y conveniencia el ya de por sí alto número de asesinatos y muertes violentas en el país; y que eso fuerza al gobierno a dialogar y negociar con los criminales.
No cabe duda que la sangre inocente de la población salvadoreña, derramada a manos de delincuentes asesinos y terroristas, es una pérdida inmensurable para la vida del pueblo salvadoreño, pero es precisamente por ello que no se puede negociar con el enemigo. Porque dialogar y negociar con estos grupos es, sin lugar a dudas, negociar con el diablo sobre qué principios del infierno y del antirreino deben implantarse a fuerza de muerte y miseria, en la sociedad y realidad salvadoreña. Negociar con estos individuos maléficos es perder de vista el objeto primordial por el cual se ha fundado la nación salvadoreña y consignado en el artículo uno de la Constitución de la República de El Salvador que afirma que “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. En definitiva, pues, con delincuentes y terroristas, no se debe dialogar ni negociar, so pena de instalarse en los umbrales de la ilegalidad, la ilegitimidad y la injusticia social institucionalizada por igual, en los tres poderes del Estado salvadoreño; solo que unos por acción y otros por omisión.
La violencia en El Salvador es una situación compleja en sumo grado porque incluye la violencia directa ejecutada por el crimen organizado, el crimen y la violencia pandilleril, la violencia social y la delincuencia común; a esto se agrega la violencia ejecutada en el territorio nacional por parte de la narcoactividad y el tráfico de armas, la violencia solapada que es generada por el lavado de activos y dólares, etc.. Esta situación de violencia extrema, exige una solución urgente. Pero para que esta solución sea efectiva, no se pueden dar soluciones simples a este problema tan complejo. Por ello, una primera condición en la resolución de este problema exige y es necesario que participemos todos los salvadoreños y extranjeros de buena voluntad que habitamos el territorio nacional.
En este sentido las familias salvadoreñas deben tomar lo suyo y asumir su responsabilidad de educadores de la reserva vital de su familia, evitando que sus niños y niñas, en primer lugar, pero los adultos en segundo lugar, participen del desorden provocado y mantenido perversamente por los medios de comunicación social y la Internet, que se han instalado en la realidad nacional, tanto en el nivel público como privado de la sociedad salvadoreña. Dichos medios, cuya actuación y acción la ejecutan sin ninguna censura externa o indicio de moralidad interna, se han convertido en una cortina de hierro que defiende peligrosamente el sexo y la violencia de una forma desenfrenada y que expresan altos niveles de depravación (maldad, corrupción y perversidad) y que, querámoslo o no, esta realidad de violencia en los medios orienta un modo de vida que induce y promueve la violencia social y el desorden en una sociedad tan vulnerable como es la salvadoreña.
En medio de esta situación se vuelve de carácter urgente e imperativo el recomponer el tejido social salvadoreño y por qué no, el tejido social centroamericano. Para ello se necesitan al menos tres cosas: En primer lugar, que haya una institucionalidad estatal fuerte en los gobiernos de turno, que hagan respetar las leyes y las haga cumplir para todos sin excepción, esto incluye a funcionarios estatales que por alguna razón desconocida, se han creído estar por encima de la legalidad en este país. En segundo lugar, que la comunidad y la ciudadanía en general haga valer sus derechos y deberes. En tercer lugar, que el gobierno haga uso racional de la fuerza, allí donde las prácticas de violencia se hayan convertido en una práctica consuetudinaria, y por tanto, la violencia sea un problema crítico.
Ahora bien, para aquellos que son de la idea que el diálogo y por derivación lógica, la negociación es la solución actual al problema de la violencia padecida en El Salvador y que afirman que no hay otro camino para salir adelante. A ellos se les dice lo siguiente: que tienen razón en creer que es el diálogo y la negociación pacífica los mejores caminos hacia la paz y la justicia social. Pero que no se comparte con ellos su interés ideológico y perverso de que dicho diálogo debe llevarse a cabo con los grupos delincuenciales que tanto luto y zozobra han llevado a todos los salvadoreños. Se les dice también que dicho diálogo y negociación no es factible ni realizable en justicia ni en legalidad. En este sentido se les reitera enfáticamente: No. No se debe negociar con los grupos delincuenciales, y aquí está la objeción fundamental a la supuesta propuesta de estos señores que piensan que el diálogo y la negociación con cabecillas de las principales pandillas es la solución a la violencia en El Salvador; porque por principio fundamental, solo se dialoga y por tanto se negocia con aquellos que constituyen alteridad en igualdad de condiciones. Es decir, las maras o pandillas en cualquier sociedad civil, particularmente la salvadoreña y en general la centroamericana, han perdido todo tipo de derechos civiles, y algunos derechos humanos básicos. Por ejemplo, han perdido el derecho humano a la libertad, el derecho humano al libre desplazamiento o libertad de tránsito. De ahí que los derechos de los pandilleros deben ser recuperados por ellos mismos y en las condiciones de la legalidad vigente en este país y bajo el principio ineludible del cumplimiento de las leyes vigentes. Por tanto, se quiere decir con esto, que en primer lugar los grupos delincuenciales deben cumplir a cabalidad sus sentencias debidamente aplicadas por la autoridad competente en el momento del juicio legal llevado a cabo para ellos, como requisito principal para comenzar a planificar y propiciar un diálogo entre gobierno y cabecillas de grupos delincuenciales.
En palabras ordinarias y concretas, para poner un ejemplo, se trata de que hasta que el privado de libertad y por ahora el individuo recluso apodado “Viejo Lin”, cumpla con su sentencia penal y haya recobrado sus derechos civiles y humanos plenos, hasta entonces, el gobierno salvadoreño estará autorizado por principio constitucional a entablar un diálogo con este ciudadano y sus amigos o co-frateres. Con el resto de individuos que engrosan las organizaciones delincuenciales, cuyo modus vivendi es extorsionar a la población trabajadora, intimidar, asesinar, someter, secuestrar, violar y vejar a los salvadoreños honrados y pacíficos; estos individuos lo que deben hacer indefectiblemente y de inmediato, es abandonar la planificación y realización o ejecución de todo tipo de acciones o actividades beligerantes que a todas luces les coloca al margen de la ley y de las buenas costumbres. De comenzar a realizar esto e iniciar un modo de vida pacífico y trabajador, que incorpore las intenciones y acciones que posibiliten un diálogo con la autoridad competente, es decir, el gobierno. En ese momento estarán mostrando sus deseos de cambiar de rumbo y transformar la actitud de desprecio a la vida que han mostrado en todas las manifestaciones en las que se han hecho sentir estos grupos. Se trata, pues, de que esos grupos delincuenciales se encarrilen en la vida y en la construcción de una sociedad viva y vivificadora.
Ahora bien, todo esto pasa por buscar que el Estado salvadoreño sea un Estado fuerte, para lo que la actual administración estatal, está obligada a realizar acciones que vayan encaminados a concretar los siguientes fines: En primer lugar el gobierno debe poner una carga impositiva a la seguridad social y civil, que debe ser absorbida por todos los salvadoreños que generamos riqueza en un índice porcentual del 1% al ingreso neto de todas las personas naturales y personas jurídicas del país.
En segundo lugar, los tres poderes del Estado o el gobierno en particular, debe imponer el estado de excepción en aquellos lugares donde existe un supuesto dominio de los grupos criminales, porque como es sabido, donde domina el crimen, la autoridad moral de otras figuras de ciudadanos notables y ejemplares ha desaparecido debido a que el crimen los ha asesinado o han huido para proteger sus vidas. En esos lugares donde el poder local se ha visto sojuzgado, allí el poder del delincuente y del crimen se ha colocado sobre el poder coercitivo del Estado porque ha sido débil o no ha tenido presencia fáctica; piénsese en la figura de la Policía Nacional Civil o del Ejército Nacional, quienes son vistos como amenaza y hasta como enemigos por parte de los sujetos que sostienen el crimen y aquellos que se benefician del crimen organizado.
En tercer lugar, las instituciones del Estado como Salud y Educación deben ser reforzadas de manera evidente y suficiente, tanto en lo económico-financiero como en lo humano. Se trata de elevar la inversión social en salud y educación y poner las personas preparadas y más capaces en la ejecución de estas instituciones.
En cuarto lugar, apoyar el poder local sin excepción. Son los alcaldes municipales y sus concejos, indistintamente al partido político al que pertenezcan, los que están, en teoría y en términos prácticos, más cercanos a la población más necesitada. Apoyarles ayudará a ubicar y realizar los proyectos sociales más idóneos para la población salvadoreña.
Finalmente y para concluir, es necesario tener presente que los seres humanos sin excepción, necesitamos modelos y liderazgos ejemplarizantes que señalen el norte a seguir para realizar la vida en este mundo que ha tocado vivir. Por ello, se insta a todos los salvadoreños y salvadoreñas de buena voluntad a que saquen lo mejor de sí mismos y lo pongan al servicio de los demás en el lugar donde se desempeñan y así como el modo de ser de cada uno realizar el diario vivir; para así contribuir en la construcción de un mejor El Salvador.
En este sentido, como epílogo de este escrito, proponer la pena de muerte como es lo que están proponiendo algunos, es una ingenuidad o picardía, propia de aquel o aquella que la propone. La pena de muerte no amerita discusión. Es inviable para resolver el problema de la violencia, más bien la profundiza.
