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José M. Tojeira
Cada vez que el Presidente habla en contra de quienes trabajan en los Derechos Humanos, un coro de voces gobiernistas repiten sus frases. Ante el asesinato de tres policías en una emboscada el discurso oficial repite la misma consigna: “Los organismos de derechos humanos y las ONG no van a decir nada, porque no les importa”. En primer lugar, decir eso es mentir. Porque a toda persona con sentido del deber y de los derechos ciudadanos, le indigna el asesinato del prójimo, tenga el oficio que tenga. Y en segundo lugar ese discurso es la misma cantilena de los militares durante la guerra civil salvadoreña cuando acusaban a los Derechos Humanos de solo defender a los terroristas.
Tal vez por eso el partido Nuevas Ideas rechaza los Acuerdos de Paz; para que no se note la semejanza de algunos de sus discursos con el militarismo retrógado del pasado. Porque los Acuerdos de Paz, aunque no se cumplieran plenamente por parte de los partidos firmantes, significaban un rechazo a ese tipo de discurso y una apoyo real a la democracia y al respeto de los derechos. Sin embargo, y ello constituye una excepción, la sensibilidad anti-derechos gubernamental ya no critica a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, fruto de aquellos Acuerdos.
El gusto gubernamental por las instituciones controladas debe estar satisfecho con la actitud de un Procurador incapaz de decir una palabra seria respecto a los abusos cometidos durante el régimen de excepción y en los recintos carcelarios. No es extraño, dado los asesores de los que se está rodeando, expertos desde hace años en disimular violaciones a los Derechos Humanos.
La repetición de este discurso se desenmascara solo. Las instituciones defensoras de Derechos Humanos no suelen llamar violadores de derechos a los criminales. Simplemente saben que son delincuentes y que deben pagar el precio de sus fechorías. En cambio acusan a los gobiernos o a sus instituciones de violadores de Derechos Humanos cuando éstos cometen agresiones contra personas inocentes simulando que están actuando bien y defendiendo a los perpetradores de las violaciones.
De eso es de lo que se acusa hoy al gobierno: De meter presas a personas que después tiene que soltarlas, porque no han hecho nada, o simplemente de manejar a jueces corruptos que condenan sin pruebas fehacientes a las personas. De hecho todas las personas estamos obligados a cumplir las leyes que exigen respeto a los derechos de los seres humanos. Los criminales son los que violan esas leyes. Pero los funcionarios del Estado tienen además la obligación de defender esos derechos estipulados por las leyes. Cuando no lo hacen, violan Derechos Humanos. Al Estado le corresponde investigar si sus funcionarios violan derechos o no. A la ciudadanía consciente le corresponde denunciar cualquier violación de derechos.
Cuando las cosas no están claras y cuando las violaciones se quieren ocultar, permitir, o incluso alentar, la tendencia es atacar a las instituciones defensoras de Derechos Humanos. En todos los países se tiende a violar derechos humanos, especialmente de las personas pertenecientes a sectores desprotegidos. Basta ver la situación de nuestros migrantes o de los migrantes africanos para darnos cuenta de que incluso las democracias desarrolladas violan con demasiada frecuencia los derechos humanos. Pero hay una diferencia entre las democracias y los regímenes autoritarios.
En una democracia desarrollada no se ataca a quienes denuncian violaciones de derechos llamándoles defensores de criminales. En los regímenes autoritarios se acude siempre a ese discurso. Un discurso peligroso, porque en la medida que se repite en medio de países con una cultura violenta, puede desatar la violencia incluso contra los defensores de derechos. Y todavía más peligroso, porque termina destruyendo algo básico para la convivencia pacífica y fraterna: el respeto a las leyes y a las normas que rigen la vida social y que garantizan los derechos y deberes de todos.
No hay democracia plena sin respeto a los Derechos Humanos. Quien defiende la violación de esos derechos termina por hacer desaparecer tanto la democracia como la paz y la amistad social que todos necesitamos para convivir. A los organismos de derechos humanos y a las ONG sí les importan las personas y sus derechos, así como la democracia. Por eso hablan y por eso son atacados.
