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Licda. Norma Guevara de Ramirios
Los diputados bukelistas han aprobado un decreto prohibiendo organizar marchas y marchar, amenazan con multas altas que irían desde 7,200,00 a 36,000.00 dólares, y de uno a tres años de cárcel. ¿Por qué le temen tanto a las marchas de protesta?
El decreto es de orden público, significa que es retroactivo y podrían intentar actuar contra quienes marcharon el pasado domingo 17 de octubre.
Las acciones de protesta más recientes, que incomodan al presidente, aumentaron con la caída de su popularidad con mayor fuerza desde que impuso el Bitcoin como moneda de curso legal, y amenazó con un mes de septiembre en el bicentenario de la independencia centroamericana con un paquete sorpresivo de decisiones.
Al completar la elección de una Corte Suprema de Justicia a su gusto, manteniendo la Sala de lo Constitucional impuesta el 1 de mayo, decretar la sustitución de un tercio de jueces señalados de “corruptos” por los diputados, por tener 60 años de edad o 30 años de servicio y anunciar una nueva Constitución de la República, completaron el cuadro de dominación.
Quedó más evidente su dominio sobre los tres órganos de gobierno cuando la Sala de lo Constitucional usurpadora, sin que nadie se lo pidiera, ordenó al TSE aceptar la postulación del presidente a una reelección en 2024.
Si algunos tuvieran dudas que los pasos dados por el presidente y su bancada legislativa se encaminan a dar visos de legalización a una dictadura, se quitaron la venda de los ojos.
Eso lleva a que cada vez más, los distintos sectores, y por diferentes medios expresen su descontento contra el actual gobierno y rechacen su conversión en una nueva dictadura.
Es que aceleradamente crece la movilización de un pueblo que parecía atemorizado, sometido y se da cuenta que fue engañado. Bukele y su gobierno pierde respeto y credibilidad; emerge un nuevo estado de ánimo popular al que temen y ahora quisieran callar por decreto y con represión.
Si hacemos un recuento de hechos en los últimos tres meses, después de lo que debió ser una rendición de cuentas el 1 de junio pasado, cuando llegó a su segundo año de estar en la presidencia, encontramos los motivos del giro en la opinión pública.
Primero, emitieron un decreto (DL 90) que prohibía las concentraciones, pero tres días después de aprobado los veteranos de las FFAA y del FMLN, por el incumplimiento de promesas, realizaron movilizaciones en distintos lugares del país, dejaron virtualmente sin valor la prohibición.
Siguieron modestas expresiones de diferentes sectores expresando sus demandas específicas, para ser escuchados en la discusión de una ley de agua, por las pensiones, contra los despidos, por los fondos para los municipios, incluso por la libertad de presos y presas políticos.
El presidente y sus ministros, así como los diputados y la sala usurpadora, mostraron total menosprecio a las demandas presentadas por ciudadanos y organizaciones.
El 1 de septiembre, diversas organizaciones pedían la no entrada en vigencia del Bitcoin, lo que fue enviado al archivo; el propio 7 de septiembre, día en que entraba en vigencia ese decreto, marcharon muchos y fueron rechazados con cercas de alambre y antimotines.
El 15 de septiembre, se unieron distintas expresiones y masivamente desfilaron desde puntos diferentes, haciendo sentir su rechazo a las diversas decisiones tomadas por el gobierno, y las provocaciones fueron desenmascaradas, sin que pudieran opacar el sentimiento popular diverso que se expresó y dejó aislada la celebración oficial del bicentenario de la independencia.
El 30 de septiembre volvieron a expresarse diversos sectores en la calle, especialmente veteranos y servidores del sector justicia.
La convocatoria de marchar el 17 de octubre adquirió un sentido más anti dictatorial, que más de 20 retenes a lo largo del país trataron de impedir la participación, pero que la marcha se realizó con coraje e hidalguía.
La propaganda para negar o desacreditar la marcha del 17 de octubre fue incapaz de impedir su vistosidad, apreciada incluso por medios internacionales.
Los anuncios de un sistema de pensiones sin información sobre su contenido, y otros temas, anuncian que ese descontento creciente aumentará y constituye motivo legitimo para nuevas manifestaciones y nuevas protestas ciudadanas.
¿Por qué prohibir el ejercicio del derecho de manifestarse y expresarse? Por qué el anuncio de la represión? Es simple, es lo propio de una dictadura.
Desafiarla es un deber político para recuperar la democracia arrebatada, los derechos negados, nuevos daños a la economía familiar. Y, sin duda, el pueblo sabe cuál es la ruta.
