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(Colectivo Tetzáhuitl)
La Lista Engel actualizada…
A inicios de la semana pasada, el Departamento de Estado publicó una nueva actualización de la Lista Engel que incluye a supuestos corruptos de la región centroamericana y a personajes que han realizado actividades que atentan contra la democracia.
La Lista Engel nace de una Ley promovida por el ex congresista Eliot Engel en el 2019, la llamada Ley de compromiso reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte de Centro América, que fue aprobada en el 2020.
Según el espíritu de la Ley, la Lista Engel es más un instrumento de presión sobre los países donde se aplica que una arma efectiva para combatir la corrupción o cualquier vulneración al ordenamiento jurídico de los Estados Centroamericanos.
No tiene un carácter vinculante y sus sanciones no van más allá de cancelar visas de ingreso a los Estados Unidos.
Al final el efecto es más propagandístico que otra cosa.
Se supone que los nombres incluidos en esta Lista están basados en investigaciones periodísticas o de las autoridades judiciales de cada país al que se refiere el listado.
Sin embargo, por la corrupción existente en los sistemas de justicia penal de estos países, en su mayoría controlados por las derechas dominantes, buena parte de los nombres señalados son utilizados por Estados Unidos para apoyar a los grupos de poder locales que son sus aliados o para defenestrar contra quienes considera enemigos del establishment estadounidense.
En esta actualización se incluyen funcionarios y ex funcionarios de Guatemala, Nicaragua y El Salvador que no figuraban en las primeras Listas que se vienen publicando desde el 2021.
En el caso de nuestro país, la nueva Lista señala al empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, a tres ex directivos del Banco Hipotecario y a los ex Presidentes Mauricio Funes (2009/2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014/2019), ambos del FMLN.
Todos ellos enfrentan procesos judiciales por diferentes delitos: Lavado de dinero; Peculado; Enriquecimiento Ilícito; Cohecho, más conocido como recepción de sobornos; Asociaciones Ilícitas, entre otros.
En el caso de los ex Presidentes, ni Funes ni Sánchez Cerén tienen condenas por delitos relacionados con actos de corrupción, es decir, no han sido vencidos en juicio y por tanto a ambos se les debería respetar su derecho a la presunción de inocencia que establece la Constitución.
En una clara violación a la soberanía y al ordenamiento jurídico salvadoreño, el Departamento de Estado de Estados Unidos da por sentado que los señalados han cometido los delitos imputados y por los cuales aún están siendo investigados.
Este papel de gendarme del mundo y Juez absoluto que puede condenar en forma arbitraria al que quiera es característico de los Estados Unidos y de su política exterior.
Funes más que Sánchez Cerén ha insistido que enfrenta un proceso de persecución política orquestado por los grupos oligárquicos, en el que participa directa y activamente el gobierno de Estados Unidos.
En una serie de mensajes publicados en las redes sociales, el ex Presidente Funes ha asegurado que funcionarios de la Embajada de Estados Unidos participaron en los interrogatorios y presionaron a varios testigos para incriminarlo, aunque no tuvieran ninguna prueba que demostrara su participación en los delitos imputados.
En una de las evidencias que presentó el ex mandatario, Funes aseguró que agentes del FBI, acreditados en la Embajada de Estados Unidos, amenazaron al empresario Miguel Menéndez de que si no lo incriminaba podía llegar a perder sus empresas a través de un proceso de extinción de dominio, tal como efectivamente ha ocurrido.
Según Funes, este esquema de acusaciones y persecución propio del “Lawfare” o guerra judicial es patrocinado por Estados Unidos y la oligarquía salvadoreña con el propósito de anularlo política y civilmente y de esa forma contribuir al aislamiento y la destrucción del FMLN como opción electoral y por tanto, como opción de poder.
Bukele, el mejor aliado de Estados Unidos…
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha mantenido a la fecha una posición tibia ante el anuncio de Bukele de que buscará un nuevo mandato presidencial aunque esté prohibido por la Constitución.
Esta actitud no deja de ser una contradicción con la Ley que da origen a la Lista Engel, ya que con su participación como candidato para la reelección, Bukele debería de encabezar la Lista que fue publicada el pasado 19 de Julio por tratarse de un funcionario involucrado en un claro ataque a la democracia salvadoreña.
La búsqueda de la reelección inmediata y continua representa un atentado al Estado de Derecho y a la Democracia así como a la alternancia en el poder.
Tan grave es esta violación que la misma Constitución habilita al pueblo salvadoreño a la insurrección para el restablecimiento del orden constitucional.
No es primera vez que Bukele pone en riesgo la Democracia en el país.
Lo hizo cuando ocupó militarmente el Palacio Legislativo en Febrero del 2020 con el propósito de dar un golpe institucional y anular el Congreso.
Acabó con la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos propio de una Democracia al ordenar la destitución del Fiscal General de la República y de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional en Mayo del 2021.
En estos momentos todos estos funcionarios están bajo sus órdenes.
Ha ocultado y ha sido cómplice de varios de sus funcionarios en diferentes actos de corrupción.
Los mismos Estados Unidos recogieron evidencias de que uno de los hermanos de Bukele, Karim, dirige una estructura criminal que opera desde Casa Presidencial bajo la protección del propio Nayib y sin embargo nunca ha aparecido en ninguna de las Listas que han sido publicadas a la fecha.
Es evidente que el gobierno de Estados Unidos, pero sobre todo, el capital sionista de origen judío que controla los hilos de la política y economía de ese país, ven en Bukele y su continuidad en la Presidencia la mejor opción para garantizar sus intereses en el país y en la región centroamericana.
La no inclusión de Bukele en la Lista Engel y los señalamientos contra Funes y Sánchez Ceren, ambos ex Presidentes vinculados al FMLN, a menos de 7 meses para las elecciones presidenciales es una prueba palpable del apoyo de Estados Unidos a la reelección de Bukele, por muy ilegal e inconstitucional que esta sea.
Estados Unidos no solo ha tolerado esta reelección presidencial inconstitucional, se ha hecho también de la vista gorda ante los señalamientos de diferentes Organizaciones de Derechos Humanos por las graves violaciones cometidas bajo su gobierno a los Derechos Humanos de la población.
Estas Organizaciones han presentado suficiente evidencia de la participación de agentes del Estado en actos de tortura, física y sicológica, así como en el asesinato de algunos detenidos en forma ilegal durante los meses que lleva de vigencia el régimen de excepción.
La organización ciudadana Cristosal está por presentar una demanda en la Corte Penal Internacional por estas violaciones a los Derechos Humanos que podría conducir al juzgamiento de Bukele y algunos de sus funcionarios de Seguridad Pública.
La inclusión de Funes y Sanchéz Ceren, los dos ex Presidentes que llegaron al gobierno por el FMLN, es una forma de golpear la imagen del único partido de izquierda en el país e incidir en los resultados electorales del 2024.
En esta columna siempre hemos sostenido que dada la situación crítica que enfrenta el FMLN, tanto a nivel territorial como a nivel de la representación política en los diferentes órganos del Estado, la victoria electoral de Bukele no está amenazada.
Bukele y Nuevas Ideas no necesitan este “empujoncito” de los Estados Unidos a unos cuantos meses de la elecciones para ganar sobradamente la contienda.
Se trata de un mensaje de confianza hacia el gobierno y de confirmación de la alianza de los grupos de poder en Estados Unidos con la oligarquía salvadoreña que patrocina a Nuevas Ideas y por tanto a Bukele.
El mensaje es claro: Pese a algunos excesos cometidos por Bukele, pese a los señalamientos de Congresistas y Senadores de Estados Unidos, pese a la inclusión en los primeros listados del Departamento de Estado de algunos funcionarios del gobierno actual, el respaldo a la continuidad de Bukele en el poder es evidente.
Hoy por hoy, Bukele es la mejor opción que puede garantizar la expansión de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el país.
Su alianza con los grupos oligárquicos nacionales aliados al capital transnacional sionista de origen judío de Estados Unidos debe ser defendida y protegida a toda costa.
El interés en El Salvador no se origina en su importancia económica.
De hecho es el país en la región con la tasa más baja de crecimiento económico y que atrae un flujo menor de inversión extranjera directa (IED) que el resto de países.
Su relevancia estratégica es geo política.
Bukele puede ser un factor de desestabilización regional que contribuya a los intereses estadounidenses.
Eso explicaría el apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos a su reelección muy a pesar de algunas diferencias sobre la forma de conducir los asuntos del gobierno.
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