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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
La presión popular en contra de los diputados de derechas encabezados por Arena para aprobar una ley que privatice el agua es fuerte y fundada en conciencia de lo vital que es el agua para la vida, la presión ha sido para ellos inesperada, creían que bastaba con tener con una correlación legislativa al servicio del gran capital para privatizar, pero los tiempos han cambiado.
Producto de esa presión intentan ahora una nueva forma de engaño; promueven una reforma constitucional en la que se afirme que el agua es un derecho humano y que su gestión corresponde al Estado; sin embargo, mantienen el estudio del anteproyecto presentado por ellos e impulsado por los financistas de Arena.
Con la iniciativa de reforma constitucional pretenden aplacar la crítica y mandar un mensaje diciendo que están corrigiendo su postura; pero ese es un engaño, porque siguen estudiando el mismo expediente que contiene una visión privatizadora del agua en la que se anulan facultades de ANDA, se derogan artículos de la Ley de Medio Ambiente y se derogan artículos del Código Civil, todo para quedar a sus anchas disponiendo a su gusto y conveniencia del recurso vital, del agua.
En la crítica pública a la propuesta privatizadora se cuestiona la integración de la entidad que tendría el manejo del agua, que según ellos lo piden, estaría integrada con alcaldes de COMURES donde predominan los de Arena, representantes de ANEP que sin duda los impondría el gran capital y quien represente al Órgano Ejecutivo tendría una función decorativa. Esto es cierto y grave pero igualmente grave es que esa entidad asumiría en sus manos funciones que por ahora tienen el Ministerio de Medio Ambiente y ANDA, y anularía el manejo de entidades sociales y comunitarias como las Juntas de Agua.
Si ese proyecto se aprobara las funciones que ha tenido por ley ANDA, las funciones vitales para cumplir su cometido, las perdería y sería esa nueva entidad dominada por el gran capital la que regularía el aprovisionamiento de agua, fuentes de abastecimiento de aguas superficiales o subterráneas, las plantas de tratamiento y bombeo, los tanques de almacenamiento y distribución, tuberías y accesorios, válvulas hidrantes y hasta el suelo en que están estas instalaciones construidas y adquiridas por una empresa pública cuya finalidad es asegurar el agua potable y saneamiento.
Las más de dos mil juntas de agua en ese proyecto desaparecen y las obligaciones que hoy tiene el Ministerio de Medio Ambiente como la de establecer disponibilidad y cantidad de agua y ecosistemas, manejo de cuencas, identificación de zonas de recargo, acciones de recuperación y protección se perderían.
Los exdiputados del FMLN que por años lucharon por la aprobación de una buena Ley General de Agua, entre ellos Lourdes Palacios y Guillermo Mata, advierten la tremenda gravedad del contenido de un anteproyecto que se desechó en su estudio para situar como base de estudio el proyecto presentado por el Ministerio del Medio Ambiente y la fracción del FMLN con el respaldo y aportes de diversas organizaciones comunitarias y ambientalistas y es el que debería servir de base para creer que puede esperarse de los actuales diputados de ARENA, PCN y GANA una posible corrección de su postura.
Ni juramentos de no privatizar, ni propuestas de reforma constitucional pueden ocultar el engaño que la derecha quiere hacer para entregar al gran capital el manejo del agua en nuestro país; tampoco escuchar las voces de la ciudadanía sin escuchar el pedido de retomar el debate donde lo había dejado la Comisión de Medio Ambiente antes del 1 de mayo.
Es grave saber que la propuesta que mantiene la derecha deroga artículos del Código Civil en los que se declara el uso público de los cuerpos de agua navegables o los que corren por causes naturales; es decir, que al anular ese carácter el dueño de la tierra por donde pasa el río pasaría a ser el dueño.
Los diputados y diputadas del FMLN por ahora son los únicos que defienden el carácter público del agua, que se oponen a la privatización y promueven la aprobación de una Ley General de Agua que asegure en el presente y futuro el carácter público del recurso y de la gestión y han sido los únicos que insistieron en declarar el agua y la alimentación como un derecho humano sin lograr que la derecha moviera sus dedos para apretar un botón y asegurar al país ese derecho.
No engaña Arena y su candidato y sus aliados en la estafa y muerte que buscan producir a las mayorías para asegurar sus negocios. ¡La lucha por el agua CONTINÚA!
