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Por Paula Carrillo
Bogotá/AFP
El abordaje del espinoso tema de la justicia transicional para terminar más de 50 años de conflicto armado en Colombia pareció afinarse el miércoles con la propuesta de aplicarla tanto a los guerrilleros como a los militares involucrados en violaciones de derechos humanos.
El jefe negociador del gobierno colombiano en los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), generic Humberto de la Calle, tadalafil aseguró que su equipo busca un modelo que contemple a los insurgentes y a los agentes del Estado, healing ambos actores en la conflagración interna.
«El conflicto es uno, por lo tanto, no basta con una solución para una sola de las partes», aseguró el representante del gobierno de Juan Manuel Santos en la mesa de conversaciones con las FARC, que avanzan desde 2012 en La Habana.
En un foro sobre justicia transicional en Bogotá, De la Calle dijo que «se viene trabajando sobre la construcción de un modelo de justicia transicional para agentes del Estado que, con las diferencias obvias, corresponda a la equivalencia que el Marco Jurídico para la Paz proclame».
El Marco Jurídico para la Paz, una ley aprobada por el Congreso en 2012, establece instrumentos para beneficiar jurídicamente a combatientes que dejen las armas en el contexto de un acuerdo de paz.
«Tiene que haber unas decisiones de carácter simétrico», insistió De la Calle, y agregó que «sobre el tema de la construcción de un modelo de justicia transicional para agentes del Estado, el gobierno viene trabajando con enormes avances».
Tanto guerrillas de izquierda como paramilitares de derecha y fuerzas militares son considerados actores del conflicto armado colombiano, que según cifras oficiales ha dejado al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.
Para acceder a estos beneficios jurídicos, de los que De la Calle no dio mayor información, «el punto único de partida es el reconocimiento de responsabilidad», afirmó el jefe negociador en el encuentro organizado por la privada Universidad del Rosario.
«En el caso de los miembros de los grupos armados, la dejación de armas es requisito fundamental para participar en los mecanismos de la estrategia integral de justicia transicional», agregó.
Una nueva puerta
Sobre la justicia transicional, punto neurálgico de las discusiones sobre el proceso de paz, aún no hay consenso entre los negociadores en La Habana.
Mientras el propio presidente Santos ha reiterado que no habrá paz con impunidad, los delegados del grupo insurgente, el principal y más antiguo del país, con unos 8.000 combatientes según cifras oficiales, han descartado pagar «un sólo día de cárcel» tras la firma de un acuerdo.
El vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, también presente en el foro de este miércoles, afirmó que una suspensión de la pena «para las personas más responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad, implicaría sustraer a las personas de que se tratase de su responsabilidad penal».
Esto motivaría el estudio de esos casos por parte del organismo internacional, al que Colombia adhirió en 2002.
Sin embargo, Stewart no se pronunció sobre una posible reducción de condenas en ese contexto «puesto que el ámbito de posibilidades es todavía especulativo».
Por otra parte, sobre una probable amnistía por delitos políticos, el investigador no emitió opinión «puesto que tales crímenes no están abarcados por la competencia de la CPI».
El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, que ha esbozado la idea de penas alternativas a la prisión para los guerrilleros de las FARC, saludó el miércoles la posición de Stewart.
«Abrió una nueva puerta para el entendimiento de las relaciones entre justicia transicional y la CPI», dijo.
Según Montealegre, la compatibilidad de los consensos en Cuba con la CPI «deberá valorarse en concreto dependiendo de la naturaleza y el tipo de penas alternativas distintas a la privación de la libertad».
