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Luis Armando González
Poco a poco, tadalafil va cobrando fuerza la visión de que el Estado salvadoreño –y no sólo el Ejecutivo— tiene responsabilidades sociales indelegables, view las cuales tienen que ser asumidas con estrategias de mediano y largo plazo que incidan en las dinámicas estructurales prevalecientes. Este cambio de visión es nuevo y todavía no se ha afianzado firmemente ni en los círculos de poder económico ni en los círculos mediáticos ni en todas las esferas del Estado. Pero cada día cobra más fuerza, y esto se debe al liderazgo de la Presidencia de la República, desde la cual emana una directriz clara, para el gabinete de gobierno, acerca de las responsabilidades que se tienen –a partir de los mandatos constitucionales y del Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019)— ante la sociedad salvadoreña.
En la agenda social, destacan, en estos momentos, cuatro grandes problemáticas, de las que emanan desafíos que el Estado en su con conjunto –y no sólo uno de sus Órganos— debe hacer suyos sin ningún género de dudas: a) seguridad y convivencia; b) educación; c) salud y medio ambiente; y d) estabilidad laboral e ingresos dignos. A estos rubros, se pueden sumar otros temas complicados, como las pensiones y el deterioro cultural, pero cualquier encuesta de opinión detectaría los que hemos anotado.
Sobre cada una de las áreas señaladas se han elaborado –y se seguirán elaborando— análisis y diagnósticos que dejan en claro su complejidad, lo mismo que su impacto en la dinámica social, familiar y comunitaria. Desde esos estudios –los más serios y completos— se concluye que se trata de problemáticas que se han incubado a lo largo del tiempo y que, dada su duración, permanencia y complejidad creciente, ahora es más difícil su tratamiento que en el pasado, cuando su desarrollo era incipiente.
Sin embargo, precisamente porque su gravedad es extraordinaria en estos momentos, es porque se los tiene que enfrentar con determinación. No hacerlo significa dejarlos como herencia –una herencia perniciosa e incluso inmanejable— para las generaciones futuras. Aquí se juega la responsabilidad del Estado salvadoreño ante la sociedad: en su disposición de enfrentar con determinación los problemas que más la impactan y le impiden avanzar hacia mejores condiciones de vida. Nadie dice que esos problemas deben ser erradicados en su totalidad o en su raíz, pero sí que deben ser enfrentados y que, en esa dirección, deben tomarse las mejores decisiones y medidas a partir de las condiciones reales (recursos, legalidad, institucionalidad) de que se dispone.
En política (y en prácticamente todas las esferas de la vida) nadie está obligado a imposibles; y, por lo mismo, pedir imposibles es un absurdo. En el caso de las responsabilidades del Estado, éstas deben serle exigidas a partir de lo posible; y justamente sus éxitos o sus fracasos deben ser juzgados a partir de lo que le es posible hacer en un momento determinado.
Ahora bien, para cumplir con sus responsabilidades (en el marco de lo posible) el Estado debe jugar con tres variables cruciales: a) la buena voluntad, de decir, la disposición de sus agentes (comenzando por sus principales cabezas, pero abarcando al cuerpo de funcionarios, mandos medios y técnicos que integran las dependencias estatales) para hacer todo lo que esté a su alcance para atender las problemáticas sociales prioritarias; b) los recursos con los que se cuenta efectivamente para que esa buena voluntad (plasmada en planes, políticas, cuerpos legales, etc. ) se haga realidad –a partir de un uso eficiente y transparente de los recursos– con obras que le cambien el rostro a la sociedad y que permitan medir el impacto real de lo que se promete en un momento determinado; y c) las atribuciones y los límites institucionales y legales que son propios de cada instancia de poder político.
Se trata de tres asuntos de enorme trascendencia, con los que hay que contar a la hora de evaluar las acciones estatales-institucionales. Es decir, un compromiso anunciado (diseñado y planificado) a partir de una voluntad genuina para cumplirlo, se puede ver obstaculizado e incluso paralizado por la otra variable –los recursos financieros— que tiene su lógica propia, relativamente ajena en su crecimiento a la dinámica política. El Producto Interno Bruto (PIB), por ejemplo, depende de la dinámica de la economía, en la cual la incidencia del Estado –y en particular del Ejecutivo— no es determinante ni única; y la dinámica económica es decisiva en el quehacer del Estado de cara al cumplimiento de sus compromisos sociales.
Cualquier compromiso estatal con educación, seguridad o salud se verá comprometido –en este momento o en cualquier otro— por el comportamiento de la economía, en la inciden factores ajenos a la intervención y regulación del Estado. De tal suerte que ese comportamiento es un condicionante de las posibilidades reales que tiene el Estado para cumplir con sus responsabilidades ante la sociedad, en lo que atañe a los recursos con los que se pueda disponer para la inversión social.
Otro tanto cabe decir de los marcos institucionales y legales vigentes. Un compromiso social de envergadura –asumido a partir de la mejor de las voluntades—puede verse limitado en sus alcances e incluso abortarse debido a los límites que se tienen en materia institucional y legal. En un Estado constitucional de derecho, el poder de cada instancia estatal no es absoluto, y justamente por ello hay que considerar los impedimentos o trabas que pueden provenir de otras instancias a la hora de dar concreción a una promesa en particular.
Las consideraciones anteriores son un buen contexto para situar la promesa del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en el sentido de duplicar el presupuesto de Educación al final de su gestión. El diario digital El Faro ha estado insistiendo en el tema, motivado quizás por una preocupación genuina por la educación. Y vaya que se trata de un problema de envergadura el que tienen en sus manos el Estado y la sociedad: avanzar hacia una educación de calidad, crítica, reflexiva, creativa y fundamentada en la ciencia, la filosofía, la ética y la estética.
Uno de los caminos para avanzar en esa dirección pasa por destinar un 6% del PIB para la educación. Hay otros caminos –que ya se están recorriendo y que están dando resultados positivos en formación docente, infraestructura, tecnología y alfabetización–, pero el fortalecimiento presupuestario del sector es urgente y necesario.
Ahora bien, hay cosas que no deben omitirse: la primera, que la decisión de otorgar el 6% del PIB a Educación no depende de la voluntad exclusiva del Ejecutivo; de hecho, es una decisión que pasa por un debate legislativo, el cual –a su vez— supone consideraciones no sólo sobre el crecimiento de la economía, sino sobre otras problemáticas del país. La segunda, que lo que se incremente para Educación como porcentaje del PIB sólo tiene sentido si la economía salvadoreña se robustece. Y, si esto último sucede, aun manteniendo la asignación porcentual actual respecto del PIB, la educación puede verse reforzada financieramente.
El asunto de fondo, pues, es la robustez de la economía, y no sólo apuntar a una mayor asignación porcentual –en el caso que nos ocupa, para educación— en relación al PIB, pues si la economía no despega (o se estanca o retrocede) aquél tampoco despegará (se estancará o retrocederá). Dicho de forma simple, los incrementos respecto del PIB sólo tienen sentido si hay crecimiento económico; en caso contrario, las mejoras en un sector se harán a expensas de otros sectores a los cuales se privará de recursos vitales.
Lo dicho explica por qué no es realista ni viable, en estos momentos, elevar al 6% el presupuesto de Educación respecto del PIB. Visto de aquí al 2019 tampoco es realista esperarlo, pues para ello la economía debería dar un salto extraordinario. Si tal decisión se tomara sería a expensas de otros sectores nacionales, lo cual no sería ni prudente ni responsable. Lo responsable, desde el Ejecutivo, es hacer lo mejor que se puede con lo poco que se tiene. Y en Educación se están haciendo cosas importantes que están dentro de lo posible, dadas las condiciones reales del país en su economía, en los ingresos tributarios y en los marcos legales institucionales vigentes.
San Salvador, 19 de noviembre de 2015
