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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Organizaciones feministas están a la espera de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que será conocida a finales del presente año por el Caso Beatriz, que encaró al Estado de El Salvador, ante su incumplimiento de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina en el país.
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto e integrante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, señaló que el Estado salvadoreño no puede evadir este compromiso internacional para garantizar los derechos de las mujeres en El Salvador. “El caso de Beatriz -del cual hablamos- como el caso de Manuela que se ganó (2020-2021) , muestran que estos procesos de litigio en el campo de los derechos como los reproductivos y sexuales de las mujeres son importantes, y se demostró que se violentaron. Y también, como organizaciones, nos mostró que debemos luchar porque la peor lucha, es la que no se hace”, afirmó. Beatriz era una joven de la zona rural, quien padecía lupus, y a sus 21 años se convirtió por primera vez en madre, experimentando un “embarazo de alto riesgo” dando a luz un hijo prematuro y que por su situación delicada del infante decidió no someterse a un proceso de esterilización. En su segundo embarazo el diagnóstico médico detectó una malformación del feto que no pudo desarrollar el cerebro y cráneo, por tanto, era incompatible con la vida, por lo que la opinión médica era la interrupción del embarazo ante la fragilidad de la salud de Beatriz y inviabilidad del segundo embarazo.
No obstante, por la penalización absoluta del aborto en el país, se le negó el derecho a Beatriz a interrumpir su embarazo, por lo que se enfrentó al sistema judicial nacional, y luego se llevó el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La intervención de la Corte IDH permitió al final la intervención a Beatriz, pero las afectaciones a su salud, ya eran graves. Beatriz falleció en un accidente de tránsito el 8 de octubre de 2017, cuando se dirigía a un control médico.
“Yo creo que una de las cosas importantes de resaltar es que El Salvador ya tiene un camino hecho en el Sistema Interamericano, tenemos el caso de las Hermanitas Serrano Cruz (Erlinda y Ernestina) y el caso de El Mozote, que son ejemplos muy importantes de la responsabilidad del Estado”, agregó Herrera.
Herrera manifestó que con pruebas científicas, técnicas y testimoniales el caso de Beatriz junto al de Manuela, les ha permitido ventilar junto a organizaciones coligantes internacionales y regionales que el Estado ha fallado en cuanto al al acceso a la salud de las mujeres y impunidad en contra sus derechos sexuales y reproductivos.
“Pusimos en evidencia que en El Salvador no se respetan estos derechos y que también tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades, tanto para las generaciones que estamos viviendo este momento, como a las futuras generaciones al responder con el respeto a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos”, reafirmó.
“Las sentencias de la Corte IDH tienen dos partes, la primera es la de reparaciones que son las personas víctimas o victimizadas en concreto que deben ser atendidas. Y la segunda sobre las medidas de no repetición, con el fin de que no vuelva existir u ocurrir estos tipos de violación y son medidas de largo plazo que apuntan a cambios estructurales“, añadi Herrera.
Herrera hizo énfasis que “seguimos la voz de Beatriz”, al explicar la petición que hizo antes de su muerte –“Yo lo que viví, ya lo viví y no quiero que otras mujeres vuelvan a pasar esto que viví”- recordó Herrera, al expresar que este fue el principal objetivo en este caso, considerando la actitud “valiente” de Beatriz al enfrentar al poder político.
“Lograr que se escuchara el testimonio de Beatriz, a través, de su madre, que permitió conocerla -como era ella- la preocupación de su hijo y la familia, y siendo su madre como la acompañó a lo largo de este proceso. Esto en sí es un testimonio con carácter reparador y para la Agrupación Ciudadana también significa haber posicionado la problemática que envuelve la penalización absoluta del aborto en el país ante la Corte IDH”, reafirmó Herrera.
Mientras, Edward Pérez, asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos, valoró que la obligaciones del Estado de El Salvador, ante compromisos internacionales como firmante de tratados o convenciones marca el cumplimiento de dichos deberes ante el organismo y los Estados miembro.
“Lo primero que deben tener claro es que los derechos reproductivos y sexuales, son derechos humanos, por lo tanto, cuando los Estados se hacen parte de tratados internacionales de derechos humanos como la Convención de Derechos Humanos, -de la cual, El Salvador es parte- se obliga asimismo a garantizar esos derechos reproductivos y sexuales”, explicó.
“Esto implica que el Estado de El Salvador no sólo no deberá obstaculizar el acceso a esos derechos, sino también debe establecer las condiciones para que todas las mujeres puedan acceder a ellos con facilidad.
Por esto los casos de Beatriz y previamente la sentencia en el caso Manuela (emergencias obstétricas) son tan importantes para la justicia”, añadió Pérez.
Sobre el caso de Beatriz, el abogado del Centro de Derechos Reproductivos, consideró que el manejo que se hizo llegó en un momento a nivel de “ensañamiento, trato cruel y tortura” que aclaró la realidad de muchas mujeres empobrecidas, quienes viven el acceso obstaculizado y restringido a la salud en sus derechos reproductivos y sexuales.
“Aquí en El Salvador la sentencia de la Corte IDH, en el caso Manuela, ha generado los primeros avances y las primeras capacitaciones sobre el tema de los derechos humanos y otras discusiones de garantizar el secreto profesional de los médicos en El Salvador en caso de emergencias obstétricas y un protocolo que ya ocurrieron”, indicó.
“Y en la sentencia del caso de Beatriz, va a pavimentar el camino y establecer las pautas con base a las cuales, se darán cambios en El Salvador, que permitan el respeto y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres salvadoreñas.
El cumplimiento de las obligaciones y órdenes de la Corte IDH, es algo que no se puede dejar de lado y recordemos para los servicios de salud no se puede utilizar el derecho penal”, puntualizó Edward Pérez.
