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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Cande y Marcela forman parte del Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción, que junto a las Comunidades de Bases Eclesiales, se han organizado en defensa de los jóvenes y adultos capturados arbitrariamente en los últimos 2 años, y que ha impactado a este territorio en el cantón Tierra Blanca, Jiquilisco, en el Bajo Lempa, departamento de Usulután.
“Yo inicié con esta idea, junto a otras madres, después del mes del decreto del Estado de Excepción, crear el Comité de Familiares de Víctimas el 27 de abril de 2022. En mi caso -puedo comentar- ha sido muy difícil, porque he recibido maltratos, humillaciones y vivo la desintegración familiar”, expresó Marcela.
“Ha sido muy difícil estos 2 años y 3 meses que tengo de estar luchando, pero no descansaré hasta lograr tener a mi hijo conmigo. Hasta la fecha no sé de mi hijo, no sé si está vivo o muerto, pero no dejaré de luchar por él y los inocentes que están allí detenidos injustamente, que sólo agarraron las autoridades y les aplicaron el régimen”, agregó la mujer.
La Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL) realizó un foro sobre “El Impacto del Régimen de Excepción en Familias del Bajo Lempa”, lo que permitió a madres y otros familiares rendir testimonios y plantear medidas que les permitan tener acceso a la justicia y liberar a sus hijos, hijas, padres, hermanos y otros familiares que fueron detenidos de forma arbitraria siendo inocentes.
No estamos defendiendo delincuentes
“Este Comité está conformado por 70 mujeres y 8 hombres, que estamos activos y participamos de las acciones, pero, a veces muchas madres no pueden acompañar porque están solas y deben cuidar a sus hijos o sus nietos y otras están muy enfermas y se les hace más difícil”, afirmó Cande, integrante del Comité.
Sobre el caso de su hijo, Cande narró que iba para Estados Unidos, cuando fue capturado por autoridades de migración y terminó en la frontera de El Salvador y las autoridades que lo capturaron lo hicieron bajo la figura del régimen de excepción.
“Sabemos que es una lucha que tenemos frente a nosotras y como repetidas veces lo hemos dicho, no defendemos delincuentes. Nosotros defendemos la inocencia de nuestros parientes, de nuestros hijos e hijas, de los esposos o hermanos. Mi hijo ha dejado a su hijo, porque la mamá ya se había ido a Estados Unidos. Y ahora no sé, si está vivo o muerto, sólo vamos a dejar el paquete y no tenemos información”, afirmó.
“Le pido al presidente (Nayib Bukele) que ya es suficiente tiempo para investigar a las personas inocentes, mi hijo va a tener 2 años sin saber de él realmente. Creo que ya es suficiente tanto martirio para ellos, las madres y familiares que muchos han desarrollado enfermedades por su impacto”, consideró Cande.
La situación de justicia es grave en el país
José Salvador Ruíz, integrante de las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa, acompaña y apoya al Comité de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción, que nació 30 días después de implementado el Régimen de Excepción el 27 de marzo de 2022, luego de escuchar las denuncias y testimonios desgarradores de las madres y familiares de capturados arbitrariamente.
“La Comunidad Eclesial de Base, viendo la realidad que se estaban llevando a personas que nosotros identificamos que no tenían nada que ver con actos delictivos ni vínculos con las pandillas, decidimos reunirnos con las madres, y que nos contaran lo que había ocurrido para decidir cómo íbamos a organizarnos”, relató.
“Al principio, la gente no sabía cómo responder frente al régimen de excepción, tenían miedo sobre todo porque se han suspendido las garantías de la libertad de asociación. Pero decidimos reunirnos en la iglesia, porque si lo hacíamos en otra parte tendríamos problemas y se formó el Comité”, compartió Ruíz.
Al realizar una valoración a 2 años y 4 meses del régimen, Ruíz consideró que ante los testimonios desgarradores de las madres de la captura de sus hijos, también han tenido que afrontar la “indiferencia” del Ministerio Público y las amenazas de las autoridades policiales y militares.
“Sabemos que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha querido recibir documentos de arraigo ni firmas de solvencias que habían podido recolectar los familiares para demostrar la inocencia de sus hijos, hermanos, padres o esposos”, afirmó.
“La gente se rebuscaba para tratar de liberar a sus detenidos y entre lágrimas nos contaron esa terrible realidad y que nosotros como animadores de las Comunidades Eclesiales de Base tomamos la decisión de acompañarlas a la gente indefensa que no ha tenido oportunidad de acceso a la justicia”, declaró Ruíz.
Es así que el 5 de mayo de 2022 presentaron los primeros recursos de Hábeas Corpus, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de forma colectiva y organizada, y señaló que fueron los primeros en realizarlo en colectivo. Días después tenían la iglesia llena de gente que buscaba que le ayudaran y dieran información.
“Desde esa fecha hemos venido presentando distintos Hábeas corpus, ante la Sala de lo Constitucional y documentado cada caso, hasta este momento tenemos 134 casos del territorio (Bajo Lempa), presentados ante la Sala pero ninguno se ha resuelto a favor de las víctimas”, comentó.
“Hemos ido a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar estos casos después de 2 años de régimen de excepción, les hemos pedido que agilicen la investigación y de no encontrar delito que perseguir a estas personas, pues que les den libertad o medidas sustitutivas, porque son investigados desde hace 2 años”, expresó Ruíz.
Del mismo modo, mostró su preocupación por las propuestas de reformas al Código Procesal Penal, que apoya el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fiscalía General, sobre extender a 4 años la detención de las personas, para su investigación, lo que calificó de “grave”, porque la bancada oficialista del partido Nuevas Ideas lo aprobaría sin un análisis de fondo o forma.
“Hemos ido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y ellos no hayan qué hacer con los familiares -porque sabemos-, que la procuradora Raquel Caballero de Guevara guarda silencio sobre el régimen”, lamentó.
“Y tenemos pruebas como el caso de José Dubal Mata Alvarado, un joven que desde hace 9 meses tiene dos resoluciones judiciales de libertad de los dos juzgados contra el Crimen Organizado, el de San Miguel y Santa Ana, pero, continúa detenido en el centro penal del CECOT y no se lo dan a su madre, eso demuestra que hay una complicidad de todas las estructuras estatales para vulnerar derechos humanos en este país”, reafirmó Ruiz.
Bajo el Régimen de Excepción todos somos sospechosos
A Glenda le preocupa que sus tres familiares que aún están en procesos judiciales puedan ser condenados en “juicios masivos”, y sin tener oportunidad de que presenten las pruebas de inocencia que los exoneren de cargos delictivos o asocios pandilleriles.
“En el caso de mi familia son dos hombres y una mujer, el primer detenido fue mi hermano, de 26 años, quien fue detenido el 1º de mayo de 2022, a las 10: 45 de la mañana, con la excusa de un chequeo de rutina de un retén de policías que no estaba identificado dentro de la comunidad. Revisaron y no encontraron motivos para detenerlo y luego le informaron que quedaba detenido por la vigencia del régimen de excepción durante 15 días”, recordó.
“Le dijeron también que si no le encontraban nada podía volver a la casa. En ese momento él tenía 26 años, y bueno pasaron los 15 días, que se hicieron 6 meses, luego el año y no lo liberaron. Fue 17 meses después, que lo dejaron salir, pero bajo medidas, o sea, no está totalmente libre, cualquier agente se lo puede llevar de nuevo, no hay ninguna medida que lo pueda proteger”, manifestó Glenda.
Sobre sus otros dos familiares, su hermana de 32 años y su sobrino de 24 años, Glenda señaló el impacto en el núcleo de ambas familias, a su hermana la capturaron y estuvo detenida 13 meses y está bajo medidas y en espera de su juicio junto a 30 personas más, el próximo mes de agosto.
“Mi hermana estaba con su niña de 10 años, cuando más de 15 policías y militares rodearon la casa y la capturaron frente a ella y sólo le informaron que era en el marco del régimen de excepción. Hoy en agosto lleva la audiencia y no tenemos ninguna información, no hay abogado que la defienda, no nos permitieron ningún documento que prueba su inocencia. Y ese juicio junto a otras 30 personas -a lo mejor- alguien la debe, y esa culpa se la van a aplicar a ella, siendo inocente y serían 20 años”, refirió Glenda.
Mientras, su sobrino, de 24 años, quien fue detenido el 11 de mayo de 2022, y que también estuvo 13 meses en prisión, y ahora está en su hogar mal de salud, y bajo medidas sustitutivas porque el proceso está activo.
“En resumidas cuentas, mis familiares libres no están porque ya han tenido esos encontrones con la autoridad y hay mucho temor, algunos por decir -han sido buenos-, y no los han vuelto a capturar, pero si les han dicho los agentes, que tuvieran cuidado porque se los pueden llevar de nuevo, aunque son inocentes”, compartió Glenda.
APROCSAL: La primera víctimas del régimen
José Posada, integrante de APROCSAL, manifestó que la misión de su organización era el fortalecer los liderazgos comunitarios por la salud, pero ante esta situación que violenta otros derechos que víncula el bienestar de la población se han visto en la necesidad de apoyar al Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción.
“Nos encontramos en una situación que ni imaginamos, en ningún momento se nos pasó por la mente vivirlo y es el régimen de excepción. Y ante esa necesidad de las comunidades nos motiva para estar aquí y tratar de proyectarnos en APROCSAL, para buscar alternativas y soluciones ante esta amenaza que el Estado está poniendo en El Salvador”, afirmó.
“La principal víctima qué está cobrando el régimen de excepción es la verdad. Porque todos sabemos que cada familia aquí representa a un capturado del régimen. Y ustedes tienen la verdad de los familiares capturados siendo inocentes, trayendo una brecha social más amplia entre personas ricas y pobres que sufren, pero también tenemos esperanza que nuestros familiares los dejen en libertad por el peso de la verdad de su inocencia”, puntualizó Posada.
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