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Las organizaciones que integramos la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) vemos urgente que las instancias estatales promuevan nuevos marcos normativos y políticas públicas que permitan transparentar el sistema mediático y democratiza el acceso al espectro radioeléctrico para construir un modelo de medios más plural que garantice mayor diversidad de voces. En tal sentido, sale es necesario que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva las demandas contra la Ley de Telecomunicaciones y que la Asamblea Legislativa retome el estudio de los proyectos de ley de Medios Públicos y de Radiodifusión Comunitaria.
Una de las demandas de inconstitucionalidad impugna la subasta al mayor postor como único mecanismo para asignar frecuencias radioeléctricas; y la otra cuestiona el carácter de bien privado de las concesiones y su renovación automática, la falta de límites antimonopólicos para evitar concentración mediática, el uso ineficiente del espectro radioeléctrico y el no reconocimiento de los medios públicos y comunitarios. Estas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones violentan principios constitucionales como libertad de expresión, igualdad ante la ley, prohibición de prácticas monopólicas, orden económico con justicia social, régimen de concesiones y supremacía de tratados internacionales sobre leyes secundarias.
El Proyecto de Ley de Medios Públicos busca institucionalizar un sistema de medios estatales pero pluralistas e independientes de los gobiernos de turno; y el de Radiodifusión Comunitaria reconoce la existencia de los medios con fines sociales administrados por organizaciones no lucrativas, establece un mecanismo democrático para asignarles concesiones y les reserva un tercio de los espacios disponibles en el dial. Ambas propuestas se basan en estándares de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Igualmente necesario es que la Fiscalía General de la República investigue las posibles irregularidades en la asignación de concesiones radioeléctricas cometidas por diferentes administraciones de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), denunciadas en un aviso de investigación presentado por la ReDCo. Sobre esto mismo hay en la Asamblea Legislativa una moción de crear una Comisión Especial y una solicitud de “auditoría de frecuencias” en la SIGET presentada ante la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Estas iniciativas están orientadas a transparentar la asignación, distribución y uso de las frecuencias radioeléctricas.
En tal sentido, las organizaciones de la ReDCo demandamos lo siguiente:
A la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolver con prontitud las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones, para propiciar un proceso de reforma profunda al marco normativo de las comunicaciones que genere transparencia en el sistema mediático y democratice el acceso al espectro radioeléctrico.
A la Asamblea Legislativa: Aprobar los proyectos de ley de Medios Públicos y de Radiodifusión Comunitaria. Esto contribuirá a crear un modelo mediático más transparente y plural con medios privados, públicos y comunitarios.
A la Fiscalía General de la República: Investigar las posibles irregularidades en la asignación de concesiones del espectro radioeléctrico cometidas durante las diferentes administraciones de la SIGET. Así se podría transparentar la asignación, distribución y uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
A la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República: Impulsar una “auditoría de frecuencias” en la SIGET, para transparentar las concesiones radioeléctricas de cara al proceso de renovación de éstas prevista para el año 2017.
Finalmente, es necesario que la Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones de la Presidencia abra un debate amplio y plural sobre la digitalización del espectro radioeléctrico, a fin de aprovechar el dividendo digital para democratizar las comunicaciones y evitar una concentración mediática.
San Salvador, marzo de 2015.
Organizaciones firmantes:
Asociación Comunitaria Unida por el Agua (ACUA)
Asociación CORDES
Asociación de Ayuda Humanitaria Pro Vida
Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM)
Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango (CCR)
Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES)
Asociación Mangle
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)
Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES)
Centro de Capacitación para la Democracia (CECADE)
Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM)
Centro para la Defensa del Consumidor (CDC)
Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria”
Colectivo Oveja Negra
Comité de Reconstrucción y desarrollo de las Comunidades de Suchitoto (CRC)
Concertación Popular por el Cambio (CPC)
Coordinadora del Bajo Lempa
Fe y Alegría El Salvador
Foro del Agua
Foro Intersectorial por la Reforma Democrática
Foro Nacional de Salud
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE)
Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES)
Fundación Maquilishuat (FUMA)
Iniciativa Social para la Democracia (ISD)
Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU)
Mesa Sindical de Trabajadoras de Maquila
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR)
Mesa Permanente por la Justicia Laboral
Movimiento Patria Exacta
Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre
Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI)
Sínodo Luterano Salvadoreño
Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES)
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
