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Rebeca Henríquez
@RebeHenríquez
La Alianza Nacional El Salvador en Paz, la Unidad Nacional de Trabajadores, Organizaciones y Populares de El Salvador (UNITRASAL), y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), fueron tres de varias organizaciones populares que se concentraron en el parque Cuscatlán para marchar hacia la Plaza Cívica, en el centro de San Salvador, como acto conmemorativo del Día Internacional de la Clase Trabajadora, y para reivindicar los derechos laborales en y políticos amenzados por el actual gobierno.
“Venimos a conmemorar esa lucha histórica de la clase trabajadora, pero también a celebrar esa lucha revolucionaria que dieron nuestros compañeros. Este día alzamos nuestra voz combativa ante todo el mundo, y exigimos a este Gobierno que establezca un plan de anticrisis, porque el alto costo de la vida en este país es grave y cada vez es más difícil para las familias acceder a una alimentación digna”, señalo Sonia Urrutia, dirigente del BRP.
De acuerdo a la líder social y popular, 217 mil personas han caído en pobreza, otras 500 mil emigraron a Estados Unidos, ante la falta de oportunidades de empleo, lo que no solo vulnera a la persona, sino que da origen a la desintegración familiar.
“Estamos denunciando también la persecución a voces opositoras, de la existencia de presos políticos. Estamos en medio de un régimen que ya pasó más de un año, en el cual se ha capturado a trabajadores humildes e inocentes, mientras el Gobierno pacta con las pandillas a cambio de prevendas. Como Bloque estamos denunciando desde el 2020, los diferentes abusos que ha cometido este gobierno”, externó Urrutia.
Miles de salvadoreños se reunieron en un solo movimiento con diversos mensajes en pancartas para exigir al Estado que a través de la conmemoración de este 1 de mayo todos los derechos sean reivindicados a favor de la clase trabajadora, porque al no contar con políticas a favor de los empleados, las familias sufren carencias tanto en aspectos sociales como económicos, de salud y educación, problemática que ha afectado durante años al pueblo.
José Santos Melara, coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, exigió al Gobierno que cumpla con la deuda que tiene con la clase trabajadora, que haga cumplir las garantías laborales, económicas, sociales y políticas que no benefician a los trabajadores. Además, Melara detalló las demandas que el Estado debe cumplir.
“El Estado debe cesar la represión contra los sindicatos y sus dirigentes, el cese de las amenazas con despidos, y amenaza de muerte a los trabajadores y sus dirigentes, exigimos la libertad de 16 sindicalistas capturados, entre ellos nuestro compañero Rodolfo Pereira. Exigimos un aumento de salario de $500 para compensar el alto costo de la vida, la congelación de los precios de la canasta básica, y que se le quite los impuesto del IVA”, manifestó.
Santos Melara mencionó que la actual administración ha generado mayor destrucción de la organización sindical, con amenazas constantes al colectivo y ello se ve expuesto en las capturas de dirigentes bajo el régimen de excepción, por defender los derechos que por ley le corresponde, lo que demuestra que “a este gobierno no le importan los trabajadores”.
“Este día estamos mandando un mensaje al señor presidente, los trabajadores y los sectores populares no estamos dispuestos a que siga dañando, amenazando, a que siga capturando a inocentes. No estamos dispuestos a que siga manipulando y transgrediendo la Constitución de la República, por eso marchamos este día”, agregó.
La directora administrativa del Socorro Jurídico Humanitario de la Alianza Nacional, Ingrid Escobar, detalló que más de 20 mil trabajadores han sido capturados y llevados a diferentes centros penales, aún en fase de investigación sin pruebas en contra, entre ellos agricultores, ganaderos, jornaleros, artistas, profesores, etc.
Escobar denunció que el sindicalista José Leónidas Bonilla fue capturado en el marco del régimen de excepción, sin argumentos en su contra, solo por ser parte de un movimiento a favor de los derechos de los trabajadores, pero que a raíz de la “negligencia médica” que se vive en las cárceles falleció. Añadido a ello, se suman 16 personas más del movimiento que han estado en bartolinas, seis de ellos aún no están en libertad.
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