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Con pancartas alzadas en mano, familiares expresan su preocupación e incertidumbre por el paradero de los detenidos, quienes aseguran que no pertenecen a estructuras criminales, y denuncian falta de información de sus familiares en los últimos días. Foto Diario Co Latino/ Fernando Sánchez.

El estado está violentando derechos y se ha equivocado: Carmen Pineda

Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino

“Queremos enviarle un mensaje al Estado salvadoreño (…), el Habeas Corpus que esta mañana (el jueves) 12 familias presentaremos se resume a un grito de dolor…”, así resume el Comité de familiares de Víctimas del Estado de Excepción  su exigencia de justicia ante las detenciones de sus familiares.

Además, agregan “queremos de manera inmediata verlos y saber su estado de salud, queremos justicia para todas las familias que nos están violentando nuestra integridad, queremos que el Estado reconozca que está violentando nuestros derechos y que se ha equivocado”, señaló Carmen Pineda del Comité de familiares de víctimas del estado de excepción.

Familiares de víctimas del estado de excepción -aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 27 de marzo- provenientes del bajo Lempa, se presentaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para solicitar  12 Habeus Corpus a fin de agilizar los procesos de investigación de las personas detenidas arbitrariamente.

José Salvador Ruiz, del comité, comentó que detuvieron a las personas sin ningún delito, simplemente porque se los encontraron en la calle, porque les vieron cara de sospechosos los echaron a un carro patrulla, y para algunos de los acusados la audiencia se realizará dentro de seis meses.

Hasta el primero de mayo, el Gobierno registró 22,115 personas catalogadas como presuntos “pandilleros”, miembros de estructuras delincuenciales, bajo operativos conjuntos con el gabinete de seguridad, a fin de devolverle la “tranquilidad a la población honrada”; sin embargo, los representantes del comité aseguraron que muchas de las capturas se dieron bajo arbitrariedad.

Lidia Chicas aseguró que el pasado 10 de abril su hermana fue puesta privada de libertad en su zona de trabajo, por ello acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero no obtuvieron respuesta.

“Somos madres, hermanas, padres y esposas de nuestros detenidos, estamos sufriendo en carne propia la injusticia de no saber de nuestros seres queridos, algunos de nosotos ya llevamos un mes recolectando papeleo, y al final del día no queda ni una gota de esperanza”, dijeron los familiares.

Alejandro Díaz, representante de Tutela Legal Dr. María Julia Hernández, consideró que muchas de las capturas se dieron bajo la arbitrariedad y que las personas detenidas, especialmente de la zona de el bajo lempa fue sin ningún motivo.

“Consideramos que algunas de ellas son arbitrarias, no estamos diciendo que no hay personas que tienen responsabilidades penales, pero, muchas de estas capturas especialmente del bajo lempa, han sido arbitrarias y sin ningún motivo, personas que trabajan por la comunidad’’, agregó.

Según el representante legal, los documentos que se presentaron a la CSJ contenían pruebas que establecían la inocencia de las personas, catalogado como causas injustas, por lo que llamó a la Sala de lo Constitucional a revisar los casos, cuando no ha sido ni revisada la documentación de los defensores.

“Hay muchos y muchas que están detenidos injustamente, la sala debe de ser lo más efectiva y contundente para dar una resolución en favor de estas personas”, finalizó Díaz.

 

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