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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El Estado gasta $4.35 diarios en el mantenimiento de cada reo en el sistema penitenciario. De estos, $2.70 están destinados a la alimentación y el resto son gastos fijos. Esto implica un presupuesto de 40 millones de dólares anuales para mantener a todos los privados de libertad, manifestó el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima.
En la actualidad hay 40 mil reos en las cárceles del país y hay aproximadamente 2,500 que deben ser trasladados de las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) a los penales, detalló el funcionario. “Ellos van a ser trasladados el próximo mes al sistema penitenciario, estaríamos llegando a 42 mil internos prácticamente a finales de nuestra administración”, manifestó el funcionario en entrevista para Frente a Frente de TCS. Lima dijo que el sistema de justicia de El Salvador, ha hecho un uso desmedido de la prisión como castigo para pagar delitos y debe de buscar otras alternativas a esta práctica que le genera altos costos al Estado.
“Por eso es que nosotros estamos hablando con el Órgano Judicial, con los jueces, con los magistrados, con el presidente de la Corte (Suprema), con la presidencia de la Sala de lo Penal, que se tienen que buscar medidas alternativas al cumplimiento de la pena de prisión y para el ingreso (…) para eso hemos estado promoviendo en tema de los brazaletes”, afirmó.
Lima dijo que el sistema de dispositivos electrónicos para reos es mucho más barato que el mantenerlos privados de libertad en los centros penales, rechazando de esta forma las críticas contra este proyecto.
En la actualidad están colocados alrededor de 315 de 2,800 brazaletes comprados, pero a la fecha van más de 400 procesados a quienes en algún momento se les asignó un dispositivo.
A criterio del funcionario, en la actualidad el sistema judicial se encuentra en un proceso de adaptación a la tecnología de estos dispositivos electrónicos y considera que poco a poco habrá más jueces irán incorporando este mecanismo en sus sentencias. Una de las aseveraciones que Lima desmintió fue que el Estado esté pagando por la comunicación de todos los brazaletes comprados. Aclaró el funcionario que solo se cancela por cada aparato activo o asignado a un reo.
En tanto el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl López, manifestó que los ahorros del Estado son varios.
“Para mantener una persona privada de libertad tiene que garantizarle alimentación, luz eléctrica, agua, servicios de seguridad penitenciaria, seguridad tecnológica, servicios de salud y otras prestaciones como medicamentos y con el sistema de brazaletes, eso se lo ahorra el Estado”, aseguró.
López añadió que hay un remanente de dinero del proyecto contratado, que servirá para la adquisición de nuevos equipos, pero que eso está en manos de las nuevas autoridades entrantes que toman posesión en junio próximo.
“Ya el fortalecimiento será decisión de los próximos funcionarios después de que hagan una evaluación. Nosotros estamos preparando minuciosamente, con los detalles más pequeños para el traspaso de mando, para la transición y entregar al nuevo ministro, al nuevo viceministro, al nuevo director de Centros Penales la información sobre todo este sistema”, explicó en entrevista con canal 33.
