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@elder_gomez_2
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, for sale David Morales, llamó al Estado salvadoreño a “no caer en abusos” ahora que ha emprendido la persecución de grupos delincuenciales, como las pandillas, los que reconoció “han escalado los niveles de violencia, homicidios y ataques al mismo Estado”.
“Lamento que esta vorágine de violencia siga creciendo… esto ha traído una respuesta más contundente policiales y de las instituciones de Seguridad… Sin embargo, esta respuesta de persecución del delito no debe caer en abusos, ni debe ser la única estrategia”, indicó el funcionario.
Según datos policiales, solo el mes de agosto recién finalizado, ha dejado 897 personas asesinadas, la mayoría de ellas pandilleros o vinculadas a esas estructuras calificadas ahora legalmente como “terroristas”.
El funcionario recordó que “ya hemos hablado que la prevención, la atención de las víctimas, la atención a la crisis carcelaria, deben ser prioridad de país, de lo contrario, no iremos mermando las
capacidades de los grupos criminales para seguir reclutando jóvenes y niños, para seguir incidiendo en las comunidades”.
“Debemos pedir al Estado que no pierda el rumbo y que siga tratando de construir una política integral al complejo fenómeno de la violencia que vive el país”, subrayó Morales, quien recordó que días atrás se reunió con autoridades policiales para conocer los protocolos de actuaciones al momento de detener a delincuentes u otras personas.
Grupos Terroristas
Morales consideró que la aplicación de la Ley Antiterrorista a las pandilleros, “no la veamos como una medida que vendrá a solucionar el grave problema de la violencia”.
“Lo que permitirá (la aplicación de la Ley Antiterrorista) será algunos criterios más eficaces de interpretación, no tiene el alcance más allá de eso”, aseguró el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
“La Sala lo que ha hecho – prosiguió el funcionario -, es declarar que la Ley Antiterrorista sí es constitucional”.
Al respecto, el diputado por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Antonio Almendariz, dijo que la legislación antiterrorista, aprobada por el congreso hace más de 10 años, “no se aplicó” y que “ahora mucha gente se da cuenta que ha existido”.
Recordó que la legislación antiterrorista no se aplicó cuando pandilleros incendiaron un autobús con casi una treintena de pasajeros en el norte de la capital y cuando han asesinado policías y militares.
“Espero en Dios que (los aplicadores de Justicia) cumplan la ley”, exclamó Almendariz, un coronel retirado.
Juicios en cárceles
El gobierno presentó al congreso una propuesta de reforma a la Ley Penal salvadoreña para que los juicios contra los reos se lleven a cabo dentro de las 19 prisiones que tiene este país centroamericano.
Guillermo Gallegos, legislador por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), explicó al respecto que las reformas a la normativa Penal salvadoreña “buscan facilitar la audiencia y que (éstas) no se puedan suspender a efecto de hacer más ágil los procesos judiciales”.
Recordó que con ese dispositivo legal, el Estado ahorrará recursos financieros y humanos al suprimir el traslado de reclusos a los tribunales.
No obstante, reconoció que el proyecto de reformas penales “tiene un costo y lo tendrán que asumir las partes que se vean involucradas, cada quien con su respectivo presupuesto. El Ministerio de Justicia dice que ellos están preparados, aquí solo falta (conocer la posición) de la Corte (Suprema de Justicia)”.
