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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Nuestra valoración general es que el Estado (salvadoreño) no estaba muy preparado para las preguntas de los jueces (Corte IDH). Solo en la primera sección hubo mucha discusión en el tema de la obligación del Estado de establecer un sistema de información genética que garantice los derechos de las víctimas”, explicó Gisela De León, directora de CEJIL.
La Ley del Banco Nacional de Datos de ADN era parte del resarcimiento y cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, la cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa con 77 votos, en enero pasado, pero los mismos jueces debatieron a la representación del gobierno sobre la inaplicabilidad de la ley a personas desaparecidas durante el conflicto armado.
“Ayer (jueves) tuvimos una Audiencia de Supervisión de Cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se examinó el cumplimiento de varias medidas de las tres sentencias de la Corte IDH, que tiene sobre niñez desaparecida”, manifestó De León.
Para la directora de CEJIL, estas tres sentencias: Hermanas Serrano Cruz (2005), Hermanos Contreras (2011) y el caso Rochac (2014) , comparten “vasos comunicadores” por tratarse del mismo fenómeno de desaparición forzada de niñas y niños. Y en la obligación del Estado salvadoreño, de brindar una respuesta a los familiares de las víctimas.
“Es obligación del Estado trabajar para que estos hechos no sigan repitiéndose y reparar el daño no solo a estas víctimas, sino a otras víctimas de desaparición forzada de niños en el conflicto armado. Y esa ley del Banco Nacional de Datos de ADN, no cumple con los requerimientos de la sentencia de la Corte IDH busca”, expresó.
“Hubo cuestionamientos también en relación al funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la última sección fue evidente que el Estado no ha estado cumpliendo sus obligaciones de búsqueda y justicia específicamente de estos tres casos”, observó De León.
Asimismo, el abogado de Asociación Pro Búsqueda, Heli Hernández, indicó sobre el Banco Nacional de Datos de ADN, que el Estado al principio de la audiencia lo presentó como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH (2005).
Sin embargo, en el proceso reconocieron que este mecanismo no era el idóneo porque será utilizado en apoyo a la investigación científica del delito y contendría información de condenados, imputados y detenidos. Lo que no cumple los requerimientos de la Corte IDH.
“En la audiencia ellos mismos (Estado salvadoreño) informaron que tenía deficiencias y que el Banco de Datos Genéticos no tenía la calidad para atender los casos del conflicto armado”, dijo.
Sumada a esta contradicción que “ratificaron” en sus argumentos los agentes del Estado salvadoreño ante la Corte IDH, Heli Hernández, añadió la obstaculización a los archivos militares, alegando temas de soberanía y seguridad nacional y, por tanto, debería hacerse un proceso previo para acceder a estos.
“Queremos mencionar que luego de 40 años de terminado el conflicto armado, esta información puede que ya no complique la seguridad del Estado, pues ya, no tiene mucha base para determinarlo como tal afectación de la soberanía”, manifestó.
“Es una excusa más para mantener el blindaje de todos estos años de gobiernos pasados que obedece a tintes políticos para proteger a estas personas que tuvieron poder durante el conflicto y lo continúan teniendo a la fecha, porque han logrado que se oculten estos archivos”, respondió Hernández.
Mientras, Eduardo García, director de Pro Búsqueda, reiteró la inactividad evidente de los órganos ejecutivo, judicial y legislativo en garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada, que son casos que fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que luego, de no obtener respuesta del Estado salvadoreño, fueron presentadas ante la Corte IDH, que procedió a sancionarlo en tres ocasiones y continúan bloqueando la justicia.
“Cuando mencionamos la sentencia de las hermanas Serrano Cruz, que tiene 17 años, primera sentencia para el Estado salvadoreño en materia de niñez desaparecida. Y luego de 40 años de propiciados esos hechos, creemos que ya no hay excusas para decir que es responsabilidad de un gobierno u otro; que es de quienes participaron en el conflicto, o de quienes estuvieron en el legislativo o de quienes no conocen la historia”, sentenció García.
“Esto es un acto de justicia simplemente”, la que debe iniciar con la atención a las víctimas de forma integral, al investigar sus casos y que por parte del Estado, cese la práctica del “protección” de los responsables de la desaparición de la niñez durante el conflicto armado.
“Ha quedado demostrado tanto por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) como Pro Búsqueda que la inmensa mayoría (80%) de estos casos de desaparición de la niñez están con vida y se trata únicamente de acatar las medidas de reparación para dignificación de ese dolor y el daño que se ha hecho a las víctimas”, sostuvo.
Para el director de Pro Búsqueda, luego de la audiencia pública de cumplimiento de esas tres sentencias de la Corte IDH, debe privar la reparación a las víctimas. Por lo que esperan que la Corte IDH solicite al Estado salvadoreño presentar un plan o cronograma que establezca una estrategia de jurídica y de investigación de estos casos y sancionar a las personas responsables.
“Este es el momento para que las víctimas ya no tengan que decir ¿Hasta cuándo vamos a esperar?, porque si hemos recibido excusas cientos de veces y los planteamientos presentados por el Estado (jueves) no nos satisfacen y estamos convencidos que tampoco a la Corte IDH”, afirmó.
En el proceso de audiencia, señaló, los jueces fueron contundentes en el cuestionamiento sobre “qué está haciendo el Estado salvadoreño”, sobre este tipo de delitos de lesa humanidad y la atención a las víctimas.
“Ellos y ellas tuvieron una coincidencia con el otro lado de la mesa que son las víctimas, y se percataron que existe una negación absoluta de justicia, que hay un retraso en la administración pública, que hay ocultamiento y minimización de estos hechos violentos”, reiteró.
Eduardo García, advirtió también que este 7 de octubre se cumplió un año de la presentación de una Ley de Justicia Transcisional, que fue enviada a archivo por la actual administración. Y que la presidencia en su momento reconoció que la Ley de Amnistía fue injusta, perversa y que generó impunidad, al evitar la investigación y sanción de los responsables de estos crímenes de guerra, pero aún persiste la injusticia para las víctimas.
“Hacemos un llamado a que no se repita el mismo error en el seno de la actual Asamblea Legislativa, y les pedimos que retomen como base y referencia la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía (2016) que emitió la Sala de lo Constitucional”, agregó.
“Esa sentencia dice que toda: Ley de Justicia Transicional que se elabore tendrá que ser desde el reconocimiento de las víctimas y su participación, entonces, no queremos que solo nos entreguen una ley que esté hecha solo para avalarla, esa no es participación. Eso se construye conjuntamente y así evitar errores de anteriores propuestas de ley”, puntualizó García.
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