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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Diferentes grupos parlamentarios respaldaron una iniciativa para solicitar a la Asamblea Legislativa que ratifique el “Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” a fin de verificar la situación de los privados de libertad en el contexto del régimen de excepción, donde cientos de personas han sido víctimas del Estado tras vinculárseles con pandillas.
“Se han cumplido 100 días de régimen de excepción, que, por un lado, hay sectores que mencionan que se percibe mayor tranquilidad en las comunidades en los últimos 3 meses, pero también se tienen denuncias de detenciones injustas, arbitrarias y violatorias a la dignidad de la gente”, destacó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.
La legisladora comentó que los centros penitenciarios han sido denunciados por cometer abusos y que incluso algunos reos deben de salir de emergencia para un centro asistencial. También, dijo Ortiz, se ha informado de varios casos de detenidos que muestran signos de golpizas y que han fallecido.
De hecho, la Fundación Cristosal reveló a finales del mes pasado que aparentemente 54 personas detenidas durante el régimen de excepción han fallecido al interior de los centros penales, hospitales o bajo custodia. Algunas de las causas por las cuales, los reos han fallecido se debe a que han sufrido golpizas al interior de los penales, provocándole así la muerte; otros por la falta de medicamentos para tratar un padecimiento de salud.
“Consideramos que el Estado salvadoreño debe responder por qué siguen encarcelando a inocentes, por qué hay familias que no se les dice donde están sus familiares detenidos arbitrariamente, por qué no se da una respuesta de parte del Estado para cuidar a la gente”, destacó Ortiz. En ese sentido, las fuerzas de seguridad en diversas ocasiones vinculan a personas inocentes con pertenecer a grupos criminales.
Claudia Ortiz lamentó que “a las personas se les trate como la peor basura; el Estado no está para tratar mal a las personas, para denigrar su integridad o para incluso permitir que fallezcan a manos del Estado”.
Uno de los casos más reciente sobre detención de personas que no tienen vínculos con pandillas, según sus familiares, es Ángel Leonel Reales González, un joven de 22 años, que fue capturado por elementos de la Fuerza Armada el 29 de junio de este año. El joven padece hipoglucemia y discapacidad intelectual. Al momento de ser capturado las autoridades lo acusaron de pertenecer a pandillas.
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se sumó a la iniciativa, ya que exhorta a la Junta Directiva del Congreso a que gire instrucciones a la Comisión de Relaciones Exteriores a analizar el Protocolo.
René Portillo Cuadra, de ARENA, detalló que el protocolo consiste en la obligación que el Estado adquiere tanto a escala nacional como internacional de que organismos internacionales y un subcomité nacional puedan ingresar a los centros penitenciarios o a visitar a las personas privadas de libertad en recintos judiciales o administrativos para verificar que se cumple con el debido proceso legal, que se cumplen los derechos humanos indistintamente del delito que se haya cometido o por el cual está siendo procesado.
“Fundamentalmente la ratificación de este protocolo significa una validación y un compromiso con la democracia, con los derechos humanos y sobre todo con el respeto al debido proceso legal de las personas privadas de libertad”, comentó Cuadra.
El legislador sostuvo que con la ratificación de este protocolo, significaría un compromiso con la democracia, “instamos al Gobierno a que ratifique este protocolo con el propósito de que existan estas instancias y, sobre todo, de que se garantice a las personas privadas de libertad los derechos y garantías reconocidos internacionalmente y reconocidos por nuestra Constitución que por hoy están siendo negados arbitrariamente por muchas autoridades; policiales, militares, judiciales y administrativas”.
El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, razonó que esta iniciativa responde a una coyuntura de régimen de excepción, que “ha dejado de ser excepcional y ha pasado a ser permanente”. Dicha herramienta estatal ha dejado como resultado a una población privada de libertad que pasó de 40,000 a tener más de 80,000.
Wright Sol dijo que la iniciativa también responde a que en esta coyuntura en El Salvador “ya no hay instituciones independientes que puedan verificar el estado de los centros penitenciarios o los centros de detención provisionales que se han creado”, en referencia a que el Órgano Ejecutivo controla todo el Estado.
La ratificación del protocolo es “urgente y necesario” porque el Estado salvadoreño indica su consentimiento y su obligación de cumplir con el contenido del convenio, agregó Sol, quien detalló algunos de los puntos más relevantes del mismo; por ejemplo, se establece un sistema de visitas periódicas a cargo de organismos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad para verificar las condiciones y que no haya tortura, tratos o penas crueles e inhumanos.
También se realizaría un subcomité para dicha prevención, el cual estaría costeado por Naciones Unidas. El Estado salvadoreño establecerá un mecanismo nacional de prevención de tortura, tratos, penas crueles inhumanos y degradantes; el Estado también facilitaría estas visitas en los lugares en los que se encuentren privados de libertad.
Las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta del FMLN, también dieron su firma para esta iniciativa.
