Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron este martes 21 de mayo, el informe del Estado de El Salvador sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité de la Tortura, así como el informe alternativa provenientes de las organizaciones sociales. En su informe, el estado elude hablar de las torturas.
“Les mostraremos la información del Estado salvadoreño que ha presentado ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU), en el seguimiento de las recomendaciones que le priorizó dicho organismo por el grave deterioro a los derechos humanos en el país”, explicó Verónica Reina, directora del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
“El Comité Contra la Tortura priorizó tres recomendaciones y a un año, el Estado salvadoreño ha presentado su informe de seguimiento. Y nosotros presentamos nuestras valoraciones sobre ese informe de seguimiento a esas recomendaciones”, sostuvo Reina.
Sobre las tres recomendaciones, Reina agregó que son ideas generales, que van en torno a evitar las detenciones arbitrarias en el marco del Estado de Excepción. Y el respeto al debido proceso y garantías judiciales a las personas que han detenido y son investigadas en el marco del régimen.
La segunda recomendación se vincula con la investigación y sanción de las graves violaciones cometidas en el marco del conflicto armado interno de la década de los años ochenta en el país. Y la tercera, va enfocada a que la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), cumpla con sus funciones y obligaciones de verificación de los Centros Penitenciarios en El Salvador.
Jeanethe Martínez, integrante de CRISTOSAL, ante las recomendaciones del Comité Contra la Tortura, mencionó las “medidas eficaces para prevenir las detenciones arbitrarias y garantizar que las personas detenidas gocen de salvaguardias”.e
El Estado declaró que cuenta con un amplio marco normativo relacionado con el tema la privación de libertad específicamente la Constitución de la República, el Código Penal y Procesal Penal de El Salvador. Sin embargo, recalcó, que era del conocimiento público que todos estos instrumentos a partir del régimen de excepción han tenido infinidad de reformas.
Mientras, el Estado salvadoreño mencionó, en cuanto a la prevención de detenciones arbitrarias, que existe toda una estructura organizativa de la Policía Nacional Civil (PNC) y un grupo de “unidades” que responden al mandato constitucional y al respeto de los derechos humanos.
El Esado mencionó a las unidades de Derechos Humanos, Investigación Disciplinaria, de Asuntos Internos y la Oficina de Control Ciudadana de Control Interno. Además, de la Inspectoría General de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias.
“En su respuesta, el Estado salvadoreño especificó que las personas detenidas se les nombra abogado, se les realiza una entrevista para construir una estrategia de defensa y que existe una preparación de esa misma y un seguimiento con la familia”, expresó, Martínez.
En el tema de la desaparición forzada, en su informe, el Estado salvadoreño no hace alusión alguna, ni en el tema de tortura y tampoco de las muertes bajo custodia estatal. Excepto, cuando entra al tema de justicia transicional, que específica los manuales de aplicación en el tema de torturas, mencionó Martínez.
En la segunda recomendación, referida a superar la investigación de manera eficaz e imparcial sobre presuntas violaciones a derechos humanos incluidas las torturas y desapariciones forzadas ocurridas en el período de 1980 y 1992, el Estado salvadoreño afirmó haber fortalecido la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado de la Fiscalía (2016) , y que desde el 2019 pasó a ser una Unidad Especializada y que cuenta con personal y equipo.
“Hacen desglose de un número de 201 casos en estado de investigación, 28 casos judicializados y 3 casos archivados. Y enumera los manuales aplicados y la currícula sobre derechos humanos de la Escuela de Capacitación Fiscal sobre estos temas, en donde se priorizan los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad”, expresó Martínez.
Y sobre la tercera recomendación, sobre la supervisión y, sobre todo, la visita a los centros de penitenciarios, “Aquí el Estado salvadoreño, hace un resumen vago en cuanto a los lugares de detención e informa que son supervisados y han permitido visitas de organizaciones nacionales e internacionales que es el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión y el Comité Internacional de la Cruz Roja”, señaló.
“Pero actualmente no hay acceso a información carcelaria, porque ha sido declarada en reserva. Tampoco hay información de restitución de derechos como CONAPYNA, Dirección General de Centros Penales que no dan información de las personas detenidas”, observó Martínez.
Informe Alternativo: deterioro grave en derechos fundamentales
Victoria Barrientos, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), señaló que en el informe alternativo las organizaciones han registrado que las detenciones arbitrarias hasta marzo sumaban 76 mil personas, ahora, con los datos oficiales presentados se suman tres mil más.
“Evidenciamos que estas detenciones obedecen a criterios discriminatorios y de presunción de culpabilidad que son masivas y sistemáticas, que se han realizado sin fundamento legal que las justifique. Y no se ha informado a las personas de su detención, algunas capturadas con engaños, sin control judicial y en contradicción del debido proceso”, manifestó Barrientos. “Las desapariciones forzadas siguen siendo en su mayoría personas del género masculino (85%), y jóvenes entre 18 a 35 años (61%), con 3 patrones: niegan dar información sobre el motivo de la detención, se les niega a los familiares información sobre el paradero de la persona detenida y sólo se reconoce oficialmente que la persona ha sido enviada a un centro penitenciario”, comentó.
En cuanto a la tortura y tratos crueles e inhumanos, resalto Barrientos, existe el registro de “abusos cometidos por agentes estatales”, entre agentes policiales, militares y custodios carcelarios, que pueden ser catalogados como torturas.
“Algunas de las organizaciones firmantes de este informe, han acompañado a las víctimas y recibido testimonios que dentro de las cárceles, políticas y custodios propinan golpes y patadas a personas detenidas, los obligan a desnudarse, arrodillarse en el piso por tiempos prolongados bajo el sol o haciendo sentadillas”, reseñó.
“La organización CRISTOSAL registra la verificación de la muerte de 216 personas bajo custodia del Estado, entre marzo de 2022 y el 31 de enero de 2024. Mientras el SSPAS ha registrado la muerte de 246 personas a través del monitoreo de medios de comunicación y registro de casos publicados en prensa en el período de marzo de 2022 a febrero 2024. Y en algunos casos se ha evidenciado signos de tortura, que pudo haber provocado esas muertes”, refirió Barrientos.
En cuanto a las recomendaciones, las organizaciones CRISTOSAL, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Servicio Social Pasionista (SSPAS), y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en su Informe Alternativo, demandan que el Estado salvadoreño restablezca la “vigencia de los derechos y garantías suspendidas”, durante los últimos dos años en el marco del régimen de excepción.
Asimismo, recomiendan la adopción de una “estrategia coordinada de investigación penal”, en cuanto a las víctimas del conflicto armado interno, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y testimonios que re victimizan a los afectados.
Esta estrategia deberá garantizar entre otras medidas el acceso pleno a los archivos militares del conflicto armado, que requiere la justicia y la adopción de una Ley de Reparación Integral a Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos.
En cuanto al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las organizaciones pidieron su ratificación. Además, establecer un “mecanismo de supervisión independiente y externo”, en los centros de detención y examinar el trato de las personas privadas de libertad a fin de reforzar la protección a sus derechos.