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Por Leonel Herrera*
¿El culmen del negacionismo histórico será matar a un firmante de los Acuerdos de Paz?, preguntaba en una columna de opinión, en este mismo medio, el pasado 3 de julio, un mes después de la captura arbitraria de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
https://www.diariocolatino.com/culmen-negocianista-matar-firmante-acuerdo-paz/
Me refería a que entre los detenidos ilegalmente estaba Atilio Montalvo, ex comandante guerrillero y firmante de los Acuerdos de Paz, una persona de edad avanzada, paciente de varias enfermedades crónicas, sobreviviente de un derrame cerebral y días antes de su captura había sido operado del corazón.
Señalaba que su permanencia en un centro penitenciario era de altísimo riesgo y que, por tanto, cualquier proceso penal en su contra debía realizarse con medidas sustitutivas a la prisión preventiva para evitar que muriera en prisión.
Finalmente, advertía que si “Salvador Guerra” o “Chamba Guerra” -como fue conocido durante el conflicto armado- moría en la cárcel, podría ser un asesinato perpetrado por el Estado salvadoreño, delito que constituiría un crimen de lesa humanidad inamnistiable e imprescriptible en las cortes de la justicia internacional.
Las recientes noticias sobre el agravamiento del estado de salud de Montalvo y el peligro de morir en prisión si no es excarcelado para recibir atención médica urgente, confirman el temor de que el negacionismo histórico (y los perturbadores niveles de maldad exhibidos por la autocracia del clan Bukele) tiene como objetivo matar a un firmante de los Acuerdos de Paz, acuerdos que -según la narrativa el presidente inconstitucional- “son una farsa”.
Según una nota publicada por Diario Co Latino la semana pasada, la situación de Montalvo es extremadamente delicada, ya que sufre una insuficiencia renal avanzada y no le hacen oportunamente las diálisis. Además sufre hipertensión arterial y otras enfermedades.
https://www.diariocolatino.com/atilio-montalvopodriamorirenprision/
Una de las fuentes anónimas que hablaron con este medio pide que el Estado tenga “un mínimo sentido de humanidad para, al menos, permitir que él muera en su casa y no en prisión”. Al mismo tiempo responsabiliza directamente al Tribunal Primero contra el Crimen Organizado y a las autoridades penitenciarias por el grave estado de salud y la eventual muerte de Montalvo.
La referida publicación periodística alerta que otros detenidos también están en una situación grave de salud, entre ellos José Santos Melara, conocido como “Pepe”, también ex jefe guerrillero y ex diputado de la Asamblea Legislativa.
Al momento de su detención, Pepe Melara presidía la Asociación de Veteranos y Veteranas de Guerra de El Salvador (ANVEGE) y era directivo del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE).
Por tanto, el peligro de que Montalvo, Melara y otros dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz mueran en la cárcel plantea la urgencia de que las organizaciones sociales y todo el sector de veteranos, veteranas y ex combatientes se movilicen para evitar esta barbarie.
Como han señalado varias organizaciones, la risible acusación de que ellos planificaban “actos terroristas” es a todas luces un montaje inventado para perseguirlos penalmente en represalia por denunciar las violaciones a los derechos humanos, la reversión democrática y la instauración autoritaria en el país.
El peligro de muerte de Montalvo en manos del Estado también conlleva un desafío para la comunidad internacional y la mismísima Organización de las Naciones Unidas (ONU), instancia que actuó como facilitador del diálogo y la negociación de los Acuerdos de Paz y fue garante de su firma e implementación.
Ojalá que la Secretaría General de la ONU actúe pronto y que el Sistema de Naciones Unidas en El Salvador rompa el profundo silencio que guarda frente a la persecución contra los veteranos y ex combatientes y frente a los demás abusos cometidos por este gobierno, sobre todo en el marco del “régimen de excepción” que tras más dos años de vigencia se convirtió en un estado permanente de suspensión de garantías constitucionales para toda la población.
*Periodista, analista y activista social.
