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A 43 años de la muerte martirial de Monseñor Romero, los abogados de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Alejandro Díaz y Ovidio Mauricio Gonzáldez, denuncian que el Estado salvadoreño, no ha hecho nada para cumplir las reparaciones y administrar justicia. Foto DiarioCoLatino/Gloria Orellana.

“El Estado se ha negado en asumir el tema de justicia”: Tutela Legal MJH

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“A 43 años de la muerte martirial de Monseñor Romero denunciamos que el Estado salvadoreño no ha hecho nada para cumplir las reparaciones y llevar a la justicia a los autores intelectuales y materiales. Nombres que ya dimos a la Fiscalía General de la República”, dijo el abogado del caso Monseñor Romero, Alejandro Díaz, de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.

En el aniversario luctuoso, los abogados que integran Tutela Legal MJH informaron sobre el proceso judicial y presentaron una exposición fotográfica de la “Memoria Histórica”, que recoge los graves casos de violación a derechos humanos de la población salvadoreña en las décadas de los 70 y 80, como una muestra de historia visual para las nuevas generaciones.

El abogado explicó la importancia de exigir justicia en el caso de Monseñor Romero, ya sea por su legado como defensor de derechos humanos que lo convirtió en un “profeta de justicia” ante los graves hechos, que afirmó no deberían volver a repetirse.

“Estamos a punto de cumplir el 43 aniversario de su magnicidio y estamos denunciando la impunidad de su caso judicial. En el año 2017, junto a Concertación Romero, se decidió abrir de nuevo la causa de Monseñor Romero y han pasado 6 años, sin que se haya realizado diligencias efectivas y contundentes para encontrar la verdad y llevar a la justicia a los responsables”, aseveró.

“Y tenemos clara la visión y legado de Monseñor Romero en la defensa de derechos y la denuncia de graves hechos – que todavía sufrimos- estamos ante situaciones graves de violaciones a derechos humanos con las capturas arbitrarias, los asesinatos en las cárceles, graves hechos de corrupción, los serios ataques a la prensa y medios de comunicación y las amenazas a personas defensoras de derechos humanos”, contextualizó Díaz.

En cuanto al proceso que lleva el Juzgado 4to de Instrucción, Díaz, enfatizó que la última orden fue a la Fiscalía General de la República, para continuar con la investigación de los autores intelectuales y materiales en el crimen de Monseñor Romero.

“El caso ha quedado solo a investigarse y documentarse en el tema de Álvaro Saravia, que sabemos está prófugo de la justicia, que si bien tiene una orden de captura, no se ha cumplido también, y tampoco se han hecho diligencias efectivas y contundentes que lleven a resolver este grave crimen de lesa humanidad en contra de nuestro país”, sostuvo.

“En los últimos años, desde que se reaperturó el caso no hemos tenido ningún tipo de información efectiva con la Fiscalía, sus respuestas han sido bastante evasivas a darnos información por lo que consideramos que no han hecho nada. No han informado nada a nosotros, a Concertación Romero o familiares ni a la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, aseveró Díaz.

Sobre el papel de la Fiscalía, Alejandro Díaz señaló que son más de 200 casos de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad lo que ha sido siempre motivo de críticas por considerar que no existen suficientes recursos para atender estos casos.

Mientras, Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal MJH, afirmó que en el caso de Monseñor Romero y la orden de detención contra este exmilitar Álvaro Saravia, no han “visto ni un mínimo esfuerzo” de parte de la Fiscalía ni la Policía Nacional Civil, en localizarlo, pese a que es de dominio público que se encuentra en un país centroamericano. “Esto solo nos demuestra el tipo de justicia que tenemos actualmente en nuestro país. Una justicia que deja mucho que desear y selectiva, porque en los casos que le interesan al Estado o al gobierno si caminan en su proceso judicial”, afirmó.

“Si vemos el caso de Santa Marta-ADES (sobre los 5 defensores ambientalistas), la Fiscalía y la Policía actuaron con una rapidez asombrosa para capturar a estos defensores. Y que no es lo mismo en el caso de Monseñor Romero, los casos de masacres como El Mozote o los asesinatos de los sacerdotes en esas épocas de los 70 y 80, eso es lamentable”, sostuvo González.

El coordinador de Tutela MJH, expresó que esperan que el sistema de justicia “actúe bien” porque existen suficientes pruebas sobre quienes pudieron haber financiado los escuadrones de la muerte, que se encargaban de asesinar a personas consideradas de la oposición al Estado.

“Hay pruebas de quienes financiaron el asesinato de Monseñor Romero , pero, claro, aún no hacen esa investigación. Allí se menciona al -Grupo Miami- , como los que están involucrados, y son muchas personas oligarcas de este país los que participaron en el magnicidio”, refirió.

Sobre las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre le caso de Monseñor Romero, Ovidio Mauricio externó que cabría la posibilidad de una “visita” de este organismo para verificar el cumplimiento de su informe de fondo, por parte del Estado de El Salvador.

“En el caso de Monseñor Romero la Comisión IDH dio el informe de fondo o resolución, en el cual, indica al Estado de El Salvador lo que debe hacer, pero no lo han hecho. Y una de las principales reparaciones es administrar justicia, pero el Estado se ha ido por indemnizar o hacer monumentos -si, son reparaciones- pero la recomendación básica es la administración de justicia”, subrayó.

“La visita podría ser este año o puede haber una Audiencia -inclusive- como Tutela tuvimos una reunión a finales del año pasado, y una comisionada consideró que había necesidad de revisar y evaluar el proceso del caso. Por lo que consideramos que podrían venir o tener una audiencia y esperamos estar presentes”, puntualizó González.

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