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José María Barrera Lemus
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Mientras algunos medios periodísticos de derecha, check sick se mantuvieron creando zozobra a través de la difusión de noticias amarillistas que solo generaron psicosis en la mayoría de la población, las compañías telefónicas finalizaron el año haciendo de las suyas, mediante el engaño a la población con el cobro del impuesto de contribución a la Seguridad Ciudadana y Convivencia. El caso es que hasta antes de iniciar vacaciones de fin de año, solamente se habían declarado $84,206.80, frente a los $2 millones que el Ministerio de Hacienda esperaba recoger. Según comentarios del Ministerio de Hacienda, al cierre del año 2015 algunas compañías aparecen con compras facturadas de hasta un centavo, ($0.01) lo cual es contradictorio con respecto a sus políticas de ventas y nocivo para la recaudación de impuestos.
Y es que las compañías telefónicas, utilizando estrategias mercadotécnicas de forma indiscriminada, han venido creando una serie de confusiones en la venta de sus productos y servicios, llegando al descaro de hacerle sentir a la gente que por ese 5% de contribución que el usuario paga, (y que no es cierto), éste recibe múltiples beneficios adicionales.
Según lo manifestado por el Gobierno, en las primeras semanas de la puesta en marcha de la aplicación de la Ley, la población no tendría que haber pagado más del valor adquirido en concepto de saldo, lamentablemente ni las telefónicas ni un buen sector de la población, acataron el espíritu de la Ley, pues mientras las primeras se dan el lujo de agregarle los cinco centavos a cada dólar de saldo, los otros han preferido pagar el valor agregado, por el simple hecho de ver muy poco significante dicho incremento comparado con el servicio que dejarían de percibir y de la necesidad imperante de realizar llamadas.
Este comportamiento permitió nuevamente a las telefónicas, cambiar de manera ágil y estratégica sus políticas promocionales para las últimas dos semanas del año que finalizó, pues cuando un consumidor pagaba los cinco centavos por cada dólar de saldo adquirido, le volvieron a incorporar –ahora de manera limitada-, las promociones que antes ofrecían sin ningún costo, por ejemplo, mensajitos gratis, llamadas gratis para las demás redes, internet y otros servicios que poco a poco está logrando opacar el espíritu de la Ley de contribución a la Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Como se sabe, dichas promociones, aunque se presentan halagadoras para los consumidores, no lo son en el fondo para las grandes mayorías que apenas pueden utilizar el aparato para realizar llamadas, ya no digamos para enviar un email. Personalmente, cuando en mi teléfono, me han aplicado este tipo de promociones, al final del periodo de uso, se van así como llegaron.
Por otra parte, debemos comprender que este tipo de promociones, como mencioné arriba, obedecen únicamente a estrategias eventuales de las compañías telefónicas, que igualmente pueden eliminarlas, en el momento que se les antoje, tal y como lo hicieron durante el mes previo a la aplicación de la Ley.
El estira y encoge en el que se encuentran las compañías telefónicas y el Gobierno, debe entenderse como una muestra de “anarquía empresarial” en la que por una parte, las empresas están tratando de demostrar ante la opinión pública –los mismos usuarios- que si se está cumpliendo con la Ley, aunque en las arcas del Gobierno no se evidencie dicho cumplimiento.
Cualquiera que sea la condición antes planteada, está llevando al Gobierno, a la aplicación de medidas drásticas para con las telefónicas, pues desde ningún punto de vista político ni económico, puede permitirse que un pequeño grupo oligopólico de compañías, quiera hacer de la Ley lo que se le venga en gana. Casi siento escuchar las palabras de los funcionarios de las telefónicas, argumentando sobre este tema.
Si el Gobierno quiere los impuestos, pues que los pague el mismo ciudadano, al final, el consumidor es el que siempre ha pagado. Mientras tanto, le dilataremos el proceso y lo desgastaremos, haciendole creer al consumidor que tiene los mejores beneficios por cada cinco centavos de dólar que nos consuma y hay el Gobierno, que espere.
Es imperante, por tanto, auditar a profundidad en cada una de las compañías telefónicas, su movimiento económico, antes y después de aplicada la Ley; por otra parte, realizar un análisis profundo a sus estrategias promocionales, para acabar de una vez por todas con la zozobra. Si al final de cuentas esto no resultara, pues enhorabuena Señor Gobierno; la decisión está tomada: a nacionalizar la telefonía.
Estimado ciudadano, si usted está de acuerdo en demandar este tipo de abusos, o lo ha hecho antes las entidades correspondientes, solamente evite consumir más de lo necesario… Piense por un momento que si con solo el 80% de los ciudadanos que habitamos el país, dejaramos de consumir un dólar de saldo por un día, estaríamos demostrando nuestra inconformidad. ¿Y a usted que le parece?
¡No a los abusos de las telefónicas!
¡Si a la nacionalización telefónica!
¡Feliz año nuevo!
