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El ministro de Hacienda, sale buy Carlos Cáceres, pilule advirtió anoche que un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra del presupuesto general de la nación, obligaría al Gobierno a hacer un recorte que afectaría a las áreas de seguridad pública, salud y educación, además de las alcaldías del país y la misma CSJ.
“En primer lugar sacrificaríamos los $100 millones de aumento en justicia y seguridad, educación y salud, pero además $6 millones irían por cuenta de ellos (la CSJ), que tendríamos que restarles y $8 millones más a todos los municipios del país”, dijo Cáceres en el programa Debate del Canal 35 transmitido anoche.
Cáceres cuestionó que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) haya desistido del diálogo con el gobierno y que en cambio utilice a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para intentar ilegalizar el Presupuesto General de la Nación 2015.
“Yo creo que la ANEP ha encontrado su modo de trabajo, ya no un tema de diálogo, a través de utilizar a la Sala de la Corte para poder ellos llegar a sus objetivos”, señaló el ministro Cáceres en entrevista transmitida anoche en Canal 35.
“Allá la Sala si ellos resuelven de la manera como la ANEP quiera”, añadió el ministro.
Cáceres rechazó los argumentos de sectores de derecha que consideran que el financiamiento del presupuesto con Letras del Tesoro (LETES) es inconstitucional y aseguró que la ley sí lo permite.
“La Constitución permite el establecimiento del endeudamiento de Corto Plazo y también en las disposiciones generales del presupuesto hay un artículo que permite que el Ministerio de Hacienda pueda emitir Letras del Tesoro (LETES) hasta por el 40% de los ingresos tributarios y no dice más regla que eso”, argumentó el ministro.
“Si ellos creen que es inconstitucional, pues hombre yo creo que ahora hay abogados que se prestan para meter demandas de inconstitucionalidad , pues que lo hagan”, recalcó el funcionario.
Cáceres rechazó que el presupuesto para el próximo año tenga visos de ilegalidad y esté desfinanciado como lo aseguran sectores de derecha. Aseguró el ministro que el plan de gastos 2015 cumple con todas las normativas que establece la ley.
El ministro adelantó que si la Sala de lo Constitucional resuelve que el presupuesto tiene visos de inconstitucionalidad y no puede ser aprobado como fue presentado, no habrá más remedio que adecuarse a un nuevo ajuste en los gastos.
“Ya la Sala ha resuelto muchas cosas que inclusive fueron patrocinadas por los gobiernos de ARENA y que eran buenos para los gobiernos de ARENA y que son malos para los gobiernos y para las administraciones del FMLN”, cuestionó Cáceres.
En todo caso, dijo el ministro, la democracia obliga a los funcionarios a cumplir la ley y que los ciudadanos tienen derecho a recurrir a las instancias que consideren oportunas cuando creen que se está violando la ley.
“Que don Koky (Jorge) Daboub vaya a la Sala, es un problema de él, no es un problema del Ministerio de Hacienda, lo que sí puedo decir es que en el presupuesto de la nación se ha cumplido con exactitud la ley”.
Asimismo, el ministro cuestionó el incremento de 21 millones adicionales que ha pedido la Corte Suprema de Justicia para 2015 y el cual estaría 10 millones por encima de lo que la Constitución le permite.
“Yo creo que la Corte no quiere hacer ningún esfuerzo, esa es mi apreciación, sin embargo, yo le insisto a ellos”, afirmó.
Cuestionó además que la CSJ esté solicitando $29 millones más en burocracia para 2015, cuando ni siquiera tiene empleados adicionales.
Ingresos por impuestos
Por otro lado, Cáceres manifestó que el nuevo impuesto de operaciones financieras, que se cobra a través de la banca, permitió la recaudación de $6.7 millones durante el primer mes y se estima que se superarán los $100 millones anuales y que esos fondos estarán destinados al campo social
“Los recursos que hemos captado ya en el primer mes se han destinado única y exclusivamente al área social”, explicó.
El ministro se mostró optimista porque en el primer mes del impuesto Hacienda no hizo ninguna fiscalización y dejó que la gente pagara conforme interpretó la ley y los bancos han señalado que el trabajo lo han hecho manualmente.
“Si esto fuera lineal estaríamos en 12 meses recaudando alrededor de $78 millones, nuestra estimación es entre 100 y 120 millones, yo creo que la meta se va cumplir fácilmente”, afirmó.
En el caso de la amnistía fiscal para las empresas deudoras, se han recaudado $8.1 millones y se tiene en proyección de un ingreso adicional de $3.6 millones, provenientes de unos 9,700 contribuyentes.
