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Por Jordi Zamora Barceló/Bonn/AFP
El financiamiento, decease y en especial la ayuda que reciban los países en desarrollo, pilule se afirmó ese jueves como uno de los puntos clave de las históricas negociaciones para un acuerdo de lucha contra el cambio climático en Bonn.
Las negociaciones deberían desembocar este viernes en un borrador, order para ser presentado luego en la conferencia de París de diciembre (COP21).
Las discusiones avanzan penosamente, sobre un texto de 34 páginas lleno de corchetes y titubeos.
Como en tantos otros temas a debate en la ONU, la división Norte-Sur vuelve a marcar la pauta.
«El éxito de la conferencia de París dependerá de lo que hagamos en finanzas», advirtió en rueda de prensa la representante del G77, el grupo que acoge a 134 países, además de China, la sudafricana Nozipho Mxakato-Diseko.
«Será la medida del éxito», dijo.
«El dinero es el nervio de esta guerra, necesitamos dinero para ganar la batalla del clima», declaró uno de los dos copresidentes de las negociaciones, el argelino Ahmed Djoghlaf.
La diplomática sudafricana logró arrancar el lunes, justo al inicio de esta última ronda para los negociadores, un parón de las discusiones para enmendar el texto, que pasó así de 20 a 34 páginas.
Pero esos «implantes quirúrgicos», en palabras del otro copresidente, el estadounidense Daniel Reifsnyder, representaron también una oportunidad para que otros países metieran baza.
«Estamos topando con condiciones en el lenguaje» del texto que son nuevas, criticó la portavoz del G77.
Todos los capítulos abiertos
A 24 horas del cierre de la reunión, todos los capítulos están abiertos, y los grupos de trabajo, ocho en total, trabajaban contrarreloj.
Uno de los capítulos esenciales es la ayuda financiera a los más vulnerables, otro la transferencia de tecnología y uno de los más controvertidos es la posibilidad de indemnizaciones por el impacto del cambio climático.
Los países más pobres y afectados, como los pequeños estados insulares, o regiones como América Central, consideran que el impacto de los desastres naturales supera de largo su contribución al problema.
«El cambio climático supone un desafío existencial», dijo la representante sudafricana.
Los miembros de la COP acordaron en 2011 la creación de un fondo de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, cuando entraría en vigor la Convención de la COP21. Y también un Fondo Verde, que en breve debe presentar sus primeros proyectos de inversión.
Pero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó recientemente un informe en el que calculaba que esa ayuda contra el cambio climático, incluidos préstamos multilaterales, ya ascendió en 2014 a 62.000 millones de dólares anuales, o sea más del 60% de esos 100.000 millones.
«No voy a juzgar el informe de la OCDE», que no es parte negociadora en Bonn, reaccionó Mxakato-Diseko.
El enojo de los países en desarrollo es que el debate de la lucha contra el cambio climático se vuelva exclusivamente un tema de ayuda a los pobres, en lugar de responsabilidades.
«No estamos hablando de donantes, de ayuda en la convención (de lucha contra el cambio climático). Lo que hay son obligaciones, instrumentos legales», insistió.
Los países en desarrollo heredaron un problema que surgió en los países industrializados, recordó.
Pero países desarrollados y observadores en Bonn recuerdan que los países emergentes son los que más gases con efecto emiten en la actualidad. Y por otra parte China han donado 3.000 millones de dólares al Fondo Verde, al que también contribuyen países latinoamericanos.
Ese tipo de ayudas forma parte de la «cooperación Sur-Sur», insistió la sudafricana.
«Las finanzas van a permanecer probablemente en el candelero hasta el último tramo en París», declaró a la AFP una de las negociadoras europeas, Elina Bardra.
«La situación ya no es como en los años 1990», añadió. «La concentración de capital (en el mundo) ha cambiado y evolucionado radicalmente. Y hablo de muchos países emergentes», indicó.
«Parte de lo que pide el G77 es predictibilidad», porque los países más vulnerables quieren saber con qué pueden contar. Y eso pasa por obligaciones legales, claras, en el texto, explicó a la AFP la jefa negociadora de Costa Rica, Giovanna Valverde.
