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Es recurrente que cuando el señor Fiscal de la República, pharm Luis Martínez, da declaraciones públicas a los medios, lo hace para contravenir a otra institución del Gobierno, y con ello genera un innecesario enfrentamiento.
Tal parece que esa es la estrategia del señor Fiscal General, bien, porque ese es el estilo de afrontar los problemas graves de nación, o simplemente por ganar notoriedad mediática. Ojalá, y aunque no estemos de acuerdo, sea lo primero, pues lo segundo sería más que lamentable.
Recientemente, el señor Fiscal pidió la destitución del señor Director de Centros Penales, Rodil Hernández, luego que en un penal se localizaran, escondidas dos armas de fuego.
El hallazgo por si mismo, sin lugar a dudas, aturde la mente de cualquier ciudadano, pero la deja más perpleja con las declaraciones del Fiscal General, pese a que, dado que es su rol constitucional, lo hace sin haber hecho una investigación previa.
Y cuando hemos escuchado las explicaciones, muy comedidas y profesionales del Director Hernández, deja claro, por un lado, que la introducción de las armas fue posible a, desgraciadamente, la corrupción en los Centro Penales.
Pero, no obstante esa acuciante corrupción, el trabajo preventivo y diligente de las autoridades permitió que el mismo personal de Centros Penales encontrara las armas.
Otro hecho que generó alguna discordia entre Centros Penales y la Fiscalía fue la docena de plasmas, propiedad de Centros Penales, que se encontraron en una bodega del Centro Penal de Zacatecoluca, y que los medios trataron como que la Fiscalía los hubiera requisado de las bartolinas de los reos. Aunque, lo que causó el inconveniente entre ambas instituciones es que, pese a que los aparatos eran propiedad de Centros Penales, la Fiscalía pretendía donarlos a otras instituciones.
Es importante recordar a la Fiscalía, que entre las recomendaciones que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia hace a las instituciones que trabajan en el tema de la justicia, es trabajar de forma coordinada.
Y precisamente, para esa coordinación, en parte, el Presidente Salvador Sánchez Cerén nombró al señor Hato Hasbún, como Comisionado Presidencial para la Seguridad.
Esperamos que a la lectura de este editorial, el señor Hasbún haya reunido al señor Fiscal y a los titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad, para que se pongan de acuerdo, incluido los tiempos que cada quien debe tener para hacer declaraciones públicas.
Les recomendamos que, en aras de esa coordinación, hasta las declaraciones con periodistas debería ser coordinada, pues no se trata de ganarse ningún show.
Y es que para enfrentar la criminalidad en el país, es necesario que las instituciones, desde su especificidad mantenga un alto grado de coordinación. Y si las entidades encargadas de combatir el crimen están trabajando hombro a hombro, mandan un mensaje fuerte a la criminalidad y a la impunidad en el país.
