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Por Leonel Herrera*
El fiscal general Rodolfo Delgado parece tener un odio especial hacia los ambientalistas y actuar con una particular saña contra el activismo antiminero. Dos hechos lo sugieren: la impunidad de los asesinatos de Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera; y la persecución judicial contra los líderes de Santa Marta y ADES.
Los mártires ambientales de la lucha contra la explotación minera en Cabañas fueron cruelmente asesinados en 2009, Marcelo en junio y Dora y Ramiro en diciembre de aquel fatídico año. Rodolfo Delgado, entonces jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Crimen Organizado, de la Fiscalía General de la República (FGR), fue el encargado de dirigir las investigaciones que finalmente dejaron en la impunidad esos crímenes atroces.
Marcelo Rivera fue desaparecido, torturado y asesinado; y la Fiscalía solo procesó a un grupo de pandilleros como autores materiales, sin investigar la autoría intelectual que apuntaba hacia personeros de la empresa Pacific Rim. Mientras que por el asesinato de Ramiro Rivera, Dora Sorto y su hijo de ocho meses que llevaba en el vientre nunca hubo acusados, ni siquiera los sicarios que perpetraron los horrendos crímenes.
Y, ya como fiscal general, Rodolfo Delgado no quiso reactivar las investigaciones y dichos crímenes podrían prescribir en estos días en base a la legislación penal vigente, pues cumplen 15 años de haber sido cometidos.
Lo que sí ha hecho el flamante fiscal Delgado es procesar a cinco líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES, acusándolos falsamente de un supuesto crimen del conflicto armado. La acción penal es en represalia por denunciar las intenciones gubernamentales de derogar la prohibición de la minería metálica y por advertir al país sobre la catástrofe ambiental que provocaría la reactivación de los proyectos extractivistas.
¿Cuál es el odio de Rodolfo Delgado para no investigar los asesinatos de los mártires ambientales y, en vez de eso, procesar de manera ilegal e injusta a estos héroes antimineros que son los líderes comunales de Santa Marta? ¿Será por algún vínculo directo con intereses extractivistas, es por su sometimiento al presidente de turno o son ambas cosas a la vez?
Lo cierto es que la reelección de Rodolfo Delgado como fiscal general es improcedente, no solo debido a sus graves omisiones en investigar casos de corrupción gubernamental y graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción y por no cumplir su rol de defender los intereses del Estado y de la sociedad, sino porque violenta disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que son vinculantes, es decir, de obligatorio cumplimiento para las autoridades salvadoreñas.
Esta semana, en una carta pública Cristosal, el IDHUCA y otras organizaciones le han recordado a la Asamblea Legislativa que los estándares de la CIDH mandan a excluir a los candidatos a fiscal general que “hayan criminalizado a defensores de derechos humanos y estén señalados de violar derechos de la población”. En tal sentido, Rodolfo Delgado, el implacable perseguidor de los ambientalistas antimineros, estaría automáticamente fuera de la posibilidad de ser reelecto.
El actual fiscal también persigue a los dirigentes de organizaciones de veteranos y ex combatientes del conflicto armado aglutinadas en la Alianza Nacional El Salvador en Paz y al comunicador comunitario Luis Menjívar, quienes también son defensores de derechos humanos. Además, Delgado ha perseguido a líderes indígenas, sindicalistas y otros defensores de derechos.
Las organizaciones también le recuerdan a los diputados y diputadas que la persona electa como fiscal general debe ser respetuosa del debido proceso, la presunción de inocencia, la integridad y la vida de las personas. Debe ser alguien con méritos, honesto y transparente, que no se base en favores políticos, actúe con independencia y demuestre autonomía. A juzgar por su desempeño, Delgado está lejos de cumplir estos requisitos.
Finalmente, los lineamientos de la CIDH prohíben elegir a un fiscal que “haya atentado contra el orden democrático y mantenga vínculos con otros poderes”. Si esto se aplicara, este fiscal estaría mucho más lejos de poder continuar en el cargo.
Sin embargo, lo más probable es que, dado que Delgado ha cumplido con tareas encomendadas desde Casa Presidencial, Nayib Bukele le ordene a sus diputados reelegirlo. A no ser que por cuestión de imagen el gobernante inconstitucional decida sacrificarlo y colocar al otro candidato que se presentó esta semana a la comisión legislativa que los entrevistó.
Post data: Es sintomático que solo se hayan presentado dos candidatos a fiscal general. ¿Simplemente a los abogados del país no les entusiasma ese cargo o es que son conscientes de la imposibilidad de ejercerlo con independencia y no quieren tener que rendir cuentas después, como tarde o temprano lo harán Delgado y todos los funcionarios que han violado la ley?
*Periodista y activista social.
