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Por Fredis Pereira
Máster en Administración y Gerencia Pública
Las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) han tenido como aliado al fiscal que tuerce las cosas. Este es una pieza clave para sostener una gestión al margen de la ley. Esta situación atenta contra los intereses del pueblo y genera costes innecesarios en largos procesos judiciales, para reparar los extravíos y violaciones a derechos que de manera recurrente ejecutan las autoridades universitarias.
El Fiscal General de la UES es un funcionario previsto en la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, quién es electo en un proceso poco competitivo, con la participación del Consejo Superior Universitario y la Asamblea General Universitaria; cuya función y razón de existir es el control de legalidad, pero que incumple reiteradamente por acción y omisión, en perjuicio de los intereses del pueblo salvadoreño.
El Fiscal General de la UES tiene entre otras atribuciones y deberes, la de asesorar a las dependencias de la universidad y a los organismos del gobierno universitario, y para que cumpla estas atribuciones y deberes para este año 2024, la Asamblea Legislativa aprobó para el fiscal una remuneración de más 3 mil dólares y un presupuesto público de cerca de medio millón de dólares para sostener las unidades encargadas de la asesoría y control legal en la Universidad de El Salvador.
Las asesorías acertadas o extraviadas del fiscal no son vinculantes, y por lo general no tiene que responder por las decisiones que toman las dependencias y los organismos del gobierno universitario en contravención a las leyes al aplicar las asesorías del fiscal. Esta labor de asesor la delega en auxiliares, y es curioso que a veces, producen más confusión que aclaración con asesorías que contraviene el orden constitucional salvadoreño.
La violación al derecho al acceso a la información pública es recurrente en la UES, y en esta participa diversos funcionarios universitarios. En el caso del Fiscal General de la UES, al responder una solicitud de información pública, en la cual se requirió el modelo de contrato que se utiliza en la universidad para formalizar la relación con los trabajadores que cumplen la función docente y que están pensionados por vejez; este manifestó que no existe modelo contrato en específico; aunque otros funcionarios de la misma universidad que contestaron el mismo requerimiento de información, afirmaron y demostraron que existe un acuerdo que establece los modelos de contratos aplicados a dichas contrataciones, y que fueron propuestos por el fiscal. Este tipo de proceder debilita la credibilidad del fiscal, sin embargo, siempre habrá quien siga a ciegas sus asesorías.
Las aberraciones en las asesorías lamentablemente son recurrentes en la UES. En las asesorías torcidas del fiscal incluso se ha atrevido atribuir delitos sin haber realizado alguna investigación al respecto. Esto explica los frecuentes procesos contra los funcionarios universitarios ante instancias de control jurisdiccional y no jurisdiccional, como en el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuenta de la República, la Fiscalía General de la República, la Sala de lo Constitucional y diversos juzgados de El Salvador. Así en la trayectoria universitaria, se han registrado procesos en los cuales ha resultado condenado el fiscal, el rector y decanos de diversos periodos de gestión.
Las asesorías del fiscal también antena contra el derecho al salario y otras prestaciones de los trabajadores. Así, el fiscal ha asesorado a las autoridades para que continúen con un descuento del 1% sobre el salario nominal de todos los trabajadores de la Universidad de El Salvador, sin que exista una ley que habilite a los funcionarios para realizar esa acción y a pesar de que sabe que atenta contra el derecho constitucional a la propiedad privada, pero ha pesado más el interés político de sostener el funcionamiento irregular del Fondo Universitario de Protección del cual se beneficia con créditos el rector de la universidad. También el fiscal ha participado en los procesos viciados que impiden que se pague oportunamente la prestación por tiempo de servicio a los trabajadores jubilados. ¿Quién enderezará al fiscal que tuerce las cosas en la UES?
