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@arpassv
Nuevamente es necesario llamar la atención sobre la actuación de la Fiscalía y del Juez del “Caso Flores”. Como bien señalan los abogados querellantes de ISD y FESPAD, sale el comportamiento del Fiscal General Luis Martínez y del Juez Levis Italmir Orellana beneficia al ex presidente arenero: el Juez se empeña en favorecerlo con arresto domiciliar y el Fiscal se niega a pro-cesarlo por lavado de dinero.
La semana pasada el Juez Orellana permitió que el ex presidente Flores regresara a su casa por segunda ocasión, ask con la venia del fiscal Julio Zamora que hizo una sola pregunta durante la audiencia de revisión de medidas, no interrogó a los peritos del Instituto de Medicina Legal y al final se limitó a pedirle al Juez que argumentara su decisión.
Tan negligente fue la actuación del representante fiscal que hasta los diarios de derecha, afines al ex gobernante arenero, criticaron su desempeño: La Prensa Gráfica calificó como “anecdótica” la actuación de Zamora, El Diario de Hoy señaló que la Fiscalía presentó pocas pruebas y el Diario El Mundo destacó que la suspensión momentánea del arresto domiciliar fue únicamente por acción de los querellantes particulares.
Pero la complicidad del fiscal del caso no es el único favor del Ministerio Público para el ex presidente Flores: el propio Fiscal General no quiere incluir el delito de lavado de dinero en la acusación penal, ilícito mucho más grave que el peculado y demás delitos por los que está procesado actualmente. La acusación por lavado permitiría, además, investigar a los “destinatarios” de los fondos que el ex mandatario manejó irregularmente.
El Fiscal se niega a sumar el lavado a la querella, a pesar de que ésa es la petición de la comisión legislativa que investiga el paradero de las donaciones de Taiwán, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, organizaciones sociales anti corrupción y destacados juristas.
Por eso son válidas las críticas contra el Fiscal Martínez. Como válidos son también los señalamientos contra el Juez Orellana, a quien las organizaciones querellantes pedirán que se aparte del caso para que en su lugar sea designado un aplicador de justicia que garantice la imparcialidad.
Por eso, hoy más que nunca, la presión ciudadana debe hacerse sentir. Es necesario sentar un buen precedente con el “Caso Flores”, y para esto se necesita un desempeño diligente de la Fiscalía y una actuación correcta del Sistema Judicial. Toda la población decente que rechaza la corrupción debería manifestarse.
