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Alessia Genoves
Colaboradora
El precio del Bitcoin (BTC) ha caído a los $57 mil 488.83 dólares, hasta la noche del miércoles 7 de agosto, de acuerdo con el portal oficial Bitcoin.org. El dato define una contracción del 21.33% respecto al valor registrado a las cero horas del 17 de marzo de 2024, cuando el precio era de $73 mil 79.37 dólares. El hecho define la volatilidad constante del precio del BTC, y un riesgo que no fue menospreciado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su artículo IV de 2023, que sostiene que la ejecución de la política podría generar daños a la “integridad y estabilidad financieras, la sostenibilidad fiscal y la protección del consumidor, y las recomendaciones del Artículo IV de 2021”
No obstante, en su reciente informe, la institución financiera admite que “el caso del BTC, si bien muchos de los riesgos aún no se han materializado, existe un reconocimiento conjunto de que se necesitan más esfuerzos para mejorar la transparencia y mitigar los posibles riesgos fiscales y de estabilidad financiera que plantea el proyecto BTC”.
Según la Bitcoin Office (Agencia Administradora de Fondos Bitcoin, AAB), al 30 de julio de 2024, El Salvador posee 5 mil 827.75836247 BTC, equivalentes a $383 millones 256 mil 701 al precio actual de $65 mil 667.35 por BTC. La suma indica, no obstante, que el registro de transacciones es superior al gasto establecido en la Ley del Fideicomiso de Fondos Bitcoin (Fidebitcoin), por un presupuesto estatal de $150 millones.
Leyes “frente a la corrupción” y riesgos
El FMI refirió sus generalidades a lo que presume son “avances financieros para el país”. Sostuvo, en su reciente informe que “la autoridades están muy avanzadas en la preparación de propuestas legislativas para abordar la corrupción, las vulnerabilidades en materia de blanqueo de dinero y las debilidades de los marcos de contratación pública”. Sin embargo, omite referir que instituciones como la Ley Bitcoin, ratificada en septiembre de 2021, somete al país en un escenario de “incertidumbre financiera”, al hacer obligatorio el uso del Cripto-activo (art. 7), tal y como coincidió la agencia de calificación de riesgo, Fitch Raitings.
También omite referirse a que la Asamblea Legislativa aún no ha establecido un presupuesto para dar lugar a la emisión de activos digitales, denominados preliminarmente como “Bonos Volcánicos” o “Volcano Bonds”, con una meta de mil millones de dólares para la edificación del proyecto “Bitcoin City”. Sin embargo, esos bonos deberían ser evaluados y regulados por la Ley de Activos Digitales y administrados por la AAB -que ya responde a un presupuesto de un millón 895 mil 820, aún no han materializado su emisión y riesgos.
Tampoco el gobierno ni las calificadoras de riesgo han alertado contra la agencia Bitfinex, designada por el presidente Bukele para el proyecto de emisión de deuda en cripto-activos. conforme a su Acuerdo de Cooperación pactado con el Gobierno de El Salvador. Las alarmas subyacen de una condena establecida por la Fiscalía General del Estado de Nueva York de Estados Unidos contra sus filiales iFinex y Tether, por un monto de $18,5 millones de dólares, por sus declaraciones falsas en el “movimiento de cientos de millones de dólares” para encubrir “la verdad sobre las pérdidas masivas de Bitfinex”.
