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El grupo parlamentario del FMLN ha impulsado importantes normativas a favor de sectores sociales, y en la presente legislatura reafirma el compromiso de avanzar en la aprobación de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, normativas encaminadas a garantizar derechos fundamentales de las y los salvadoreños.
Guisela de Portillo diputada del FMLN por el departamento de Ahuachapán y actualmente representante en las comisiones la Familia, de Justicia y Derechos Humanos, reiteró el compromiso de la izquierda de seguir avanzando y de respaldar iniciativas en favor de la gente. Por ello, remarcó que espera que ambas iniciativas se aprueben antes de que finalice 2019.
Además, la parlamentaria dijo que la fracción del FMLN trabaja porque el país cuente con una Ley General de Agua, que garantice el derecho humano y acceso a este recurso para toda la población; así como la necesidad de la organización de las comunidades para defender el vital líquido.
En términos generales, aseguró que el trabajo parlamentario y territorial son dos esfuerzos que permiten dar respuesta a la población, frente a las necesidades que enfrentan.
80 % de avance
La diputada destacó un avance importante del 80 % de aprobación en la comisión de la Familia en el estudio del anteproyecto de Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, proceso que esperan acelerar durante noviembre para aprobar los cinco artículos aún pendientes y poder dictaminar la ley.
“La propuesta inicial trae 110 (artículos) y aumentará con el nuevo capítulo que se incorpora con el tema de las sanciones. Hemos avanzado en un 80 % y de tres a cinco artículos han quedado en el congelador”, precisó.
Añadió que la Ley de Equiparación quedaría sin efecto, “porque esta (nueva) Ley viene más amplia, tratando los temas como el garantizar trabajo a las personas con discapacidad”.
La parlamentaria espera que se alcance un acuerdo a la brevedad, pues el porcentaje de personas con discapacidad en el país es grande, “y El Salvador necesita una ley que beneficie y garantice los derechos de las personas con discapacidad en su conjunto (…) se espera tener aprobada la ley en diciembre”, enfatizó.
De Portillo resaltó el avance que como país se ha alcanzado en materia de derechos para este sector de la población, pero insistió en que la normativa actual se queda corta ante la necesidad del sector. Por ello, es preciso una ley que cubra muchos aspectos que están pendientes en materia de derechos.
“Todas las instituciones, privadas y públicas deben contar con todo lo necesario para las personas con discapacidad; el problema que hemos encontrado hoy con la discusión es con el sector transporte, porque se necesita que el transporte público cuente con toda la infraestructura necesaria para que las personas con discapacidad puedan desplazarse”, aseveró.
Otro aspecto que aún está en discusión es lo referente al tema presupuestario.
“La ley debe de llevar consigo un presupuesto y debe de quedar ya especificado dentro de la misma; porque, si no, sería como muchas leyes con letra muerta (…) eso todavía está en discusión, porque la propuesta trae que se deje asignado un 5 % del presupuesto de todas las instituciones, tanto de gobierno como las alcaldías municipales”.
Respecto al Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) señaló que seguirá funcionando y la nueva normativa le estaría indicando llevar un registro de todas las personas con discapacidad y organizaciones, para garantizar y controlar que los programas que se impulsan favorezcan al sector.
Normativa para los pueblos indígenas
Si bien la Ley de Cultura en El Salvador visibiliza a los pueblos indígenas y establece garantías, como en su artículo 11 (la conservación de “grupos étnicos lingüísticos”), el órgano Legislativo trabaja en el estudio de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas, propuesta que también se espera aprobar antes de finalizar el presente año.
La diputada Guisela de Portillo dijo que el tema es prioritario en la comisión de Derechos Humanos, en donde no ha faltado el interés de generar confusión y generar discordia por parte de algunos sectores, con claro afán de afectar a las organizaciones mocionantes de la iniciativa.
En ese sentido, recordó que el pasado 28 de octubre se lanzó la consulta en el territorio. “Estamos comprometidos en sacar esta ley en esta legislatura. Esto tiene historia, algo que los pueblos y las comunidades indígenas están esperando con mucha ansia”, indicó.
Cabe recordar que en 2014, la Asamblea Legislativa ratificó una reforma constitucional al artículo 63, en la cual el Estado reconoce la existencia de Pueblos Indígenas y el compromiso de adoptar políticas en bien del sector; fue así como en la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén, se presentó la Política Pública para los Pueblos Indígenas en El Salvador, con el objetivo de “realizar una gestión pública estatal hacia y con los pueblos indígenas, basada en sus derechos y cosmovisión a través de la acción social transformadora”.
“Hemos explicado a todas las organizaciones que la consulta aún no ha iniciado; lo que se hizo el día lunes 28 fue el lanzamiento de la consulta, para que las organizaciones sociales nos digan cómo hacer la consulta en el territorio, porque la idea principal es esa: ir nosotros al territorio, hablar directamente con las personas y que ellos den los insumos necesarios”, destacó.
“Todas estas comunidades, su cosmovisión, sus tradiciones las llevan a cabo, pero que esto se conserve y se lleve de generación en generación es lo difícil”, añadió y señaló que de ahí parte la necesidad de contar con una normativa integral, que sume las garantías de protección y preservación de las tradiciones indígenas.
