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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“¡No más impunidad!, reitera el mensaje oficial del Foro Nacional de Salud (FNS), al condenar de manera “pública y enérgica” la violación sexual perpetrada contra una niña de 13 años, por miembros de la Fuerza Armada en el municipio de Mizata, La Libertad.
“Este repudiable acto de violencia sexual no es aislado, sino una manifestación alarmante de la violencia sistémica infligida a las mujeres desde las mismas instituciones del Estado, situación que se ha intensificado en el marco del Régimen de Excepción”, asegura.
“Como movimiento popular que lucha por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, exigimos que se investigue y castigue a todos los involucrados en ese caso, entre estos, elementos de la Policía Nacional Civil, el Cuerpo de Agentes Municipales y la Fuerza Armada, destacadas en esa zona (Mizata) por supuestos ocultamientos del caso para protección de los violadores”, manifiesta.
No obstante, las acciones de ocultamiento en un primer momento de los militares responsables, como su traslado inmediato en un pick up de la alcaldía municipal de Teotepeque, que era conducido por el Jefe del CAM,y el retardo de la Policía Nacional Civil de atender la denuncia, el pasado 30 de septiembre inició el proceso judicial de los militares capturados, quienes por ahora se encuentran con detención provisional.
El caso está a cargo del Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad y tiene reserva total. Los procesados son los militares René Alfredo Escobar Sánchez, Hilario Antonio Flores Cabezas, Vicente Elías Gómez González, Edgardo Antonio Pintín Martínez, Eder Ovidio Salazar Molina como “cómplices necesarios”, y en calidad de “autor directo de los hechos” el sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera.
Las declaraciones recabadas por las autoridades a partir del testimonio de la víctima y testigos en el momento de los hechos, dan cuenta que a eso de las 6:30 de la tarde del pasado 23 de septiembre, las víctimas regresaban de la playa cuando fueron interceptados por los militares.
Luego, el sargento Alvarado Rivera llevó a la menor a un lugar apartado y abusó sexualmente de ella. Mientras el resto de militares amenazaron y golpearon a sus acompañantes. Este hecho fue público por la denuncia del testimonio de los líderes comunitarios de Mizata.
“Exigimos al Estado garantizar la seguridad, el bienestar físico y emocional de la víctima, su familia y la comunidad, que a pesar de la represión social que experimentan diariamente y bajo la amenaza de ser procesados bajo la figura del Régimen de Excepción denunciaron valientemente este atroz crimen”, dijo el FNS.
“Los abusos y violaciones sexuales perpetrados hacia las niñas, adolescentes y mujeres no pueden ser tolerados en ninguna circunstancia. Exhortamos a la investigación de este y otros delitos sexuales cometidos en muchas comunidades del país en manos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil”, expresa el Foro.
Sobre la militarización de las comunidades, el Foro Nacional de Salud fue enfático en afirmar que “no es la respuesta a los desafíos de la seguridad”, y pidió extinguir el régimen de excepción, y aplicar medidas con soluciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos, que sólo puede darse desde una “Política de Seguridad Ciudadana”, la que debe contar con un enfoque de género.
“Como Foro Nacional de Salud estamos comprometidos en trabajar incansablemente para que nuestra sociedad sea más segura, justa y respetuosa de los derechos de todas las personas”, acotó.
“Hacemos un llamado a la sociedad salvadoreña a unirse en esta lucha por la justicia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Juntos y juntas, podemos construir un El Salvador en el que todas las personas y, principalmente niñas, jóvenes y mujeres, vivan libres de violencia”, puntualizó el FNS.
