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Por Leonel Herrera*
La violación masiva de la Constitución de la República por parte del presidente Nayib Bukele, el vicepresidente Félix Ulloa y sus cómplices de la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa representa un fraude de tan grandes y graves proporciones que hasta se vuelve difícil definirlo o caracterizarlo con exactitud.
La plataforma ciudadana SUMAR denunció inicialmente un “triple fraude” contra la Constitución, pues los diputados oficialistas violentaron disposiciones constitucionales referidas a la prohibición de la reelección presidencial continua, al otorgamiento de licencias al presidente y al vicepresidente de la república y al nombramiento de los designados presidenciales.
Posteriormente, en un comunicado conjunto con otros espacios de sociedad civil (Alianza Nacional El Salvador en Paz, Resistencia Ciudadana, Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, Movimiento de Trabajadores Despedidos y Mesa de Trabajo por un Pensión Digna) SUMAR habló también de una “violación múltiple” de la carta magna, señalando que se incumplieron al menos doce artículos de la Constitución.
Difícil, incluso, para medios periodísticos que han sentado postura editorial sobre el tema. El Diario Co Latino definió las “licencias” al presidente Bukele y al vicepresidente Ulloa, aprobadas por los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, como “el cierre del proceso de inconstitucionalidad”.
Según el diario progresista, este proceso comenzó con el anuncio de la candidatura inconstitucional hecho por el propio Bukele el 15 de septiembre de 2022, se concretó con su inscripción ilegal por el Tribunal Supremo Electoral el 3 de noviembre de este año y se ratificó con la licencia ilegal aprobada la noche del pasado 1o. de diciembre, noche trágica en la historia del país.
Por su parte, el Faro se refiere a un “fraude al fraude”, señalando que el oficialismo terminó violando hasta el Artículo 152 que esgrimió para justificar la reelección inconstitucional porque Bukele no renunció a la presidencia, sino que pidió licencia para supuestamente ausentarse del cargo. Para el semanario digital, el resultado es que “Bukele sigue siendo el presidente y sus hermanos siguen tomando las decisiones que funcionarios y diputados simplemente acatan”.
“La designada (presidencial) Claudia Juana Rodríguez, ha sido siempre su subordinada y operadora financiera en sus empresas, en sus administraciones municipales y en su gestión presidencial. Ha sido su cómplice”, sentencia el medio digital que ha revelado las negociaciones de Bukele con las pandillas, diversos casos de corrupción gubernamental y otras irregularidades.
En mi opinión, la definición de mayor alcance y significado político vino de un miembro de SUMAR que habló del “fraude para cubrir otros fraudes”. En una conferencia de prensa, un vocero de esta organización sostuvo que el fraude constitucional perpetrado por el oficialismo para asegurar la reelección de Bukele tiene como propósito la legitimación y encubrimiento de otros “fraudes políticos, económicos y sociales”.
El representante social señala como “fraudes económicos” la implementación del Bitcoin como “moneda de curso legal”, el endeudamiento desmedido por 10,000 millones de dólares y los casos de corrupción; el desmantelamiento de las instituciones, el estado de derecho y la separación de poderes, como “los mayores fraudes políticos”; y entre los “fraudes sociales”, las negociaciones con las maras, el estado de excepción, la liberación ilegal de “Crook”, así como también la desinformación y la propaganda que engaña a la población.
La referencia a estos otros “fraudes” es muy relevante porque plantea la discusión sobre los verdaderos objetivos de la reelección presidencial. Elementos de la realidad permiten concluir que detrás la obsesión política de Bukele están su ego narcisista, sus ansias de poder absoluto y la necesidad de acumular más riqueza para convertir a su clan familiar en grupo dominante junto a las élites oligárquicas tradicionales que dominaron históricamente en el país.
Sin embargo, siguiendo al representante de SUMAR sobre los “otros fraudes”, la razón más concreta y urgente sería evitar ser enjuiciado por las violaciones a la Constitución, el manejo irregular de fondos públicos, la implementación fraudulenta del Bitcoin, el endeudamiento irresponsable, las negociaciones con las maras y los abusos contra personas inocentes en el régimen de excepción.
También protección para no ser investigado por posibles conspiraciones para destituir ilegalmente a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general, presiones y/o amenazas al TSE para inscribir su candidatura inconstitucional, ocultamiento de información pública, vulneraciones a la libertad de expresión, manipulación de la justicia para perseguir a activistas ambientales y “otros fraudes” que -por ahora- estarán cubiertos con el fraude mayor: la inconstitucional reelección presidencial continua.
*Periodista y activista.
