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Gloria Silvia Orellana
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Vidalina Morales, directiva de ADES Santa Marta, afirmó que nuevamente las comunidades se encuentran en el centro de una polémica por el intento gubernamental de reactivar la minería metálica en el territorio de la zona norte del país.
“Lo que nos toca es armarnos de valor, porque es una batalla que ya está iniciada y avanza. Por eso creemos que a futuro haremos de nuevo las calles nuestras para defender el territorio”, sostuvo Morales.
La lideresa agregó: “No cabe duda, tenemos mucha preocupación de lo que pueda suceder, porque sabemos que el poder está concentrado en pocas manos y eso también nos manda a buscar estrategias para seguir vivos y vivas, y librar estas batallas de defensa que ya las hemos librado”.
En el foro: “Posible Reactivación de la Minería Metálica y Persecución del Activismos Ambiental de El Salvador”, diversas organizaciones de defensa de derechos humanos, ambientalistas, y la academia plantearon sus inquietudes sobre el comportamiento de la actual administración frente al cumplimiento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador.
Vidalina Morales trajo a cuenta una reciente investigación periodística, que señala a una empresa que ya se instaló en el territorio, con el fin de explorar y explotar los minerales del subsuelo, que no sólo irrespeta los derechos de la vida y salud de las comunidades, sino también rompe la normativa jurídica que la prohíbe.
“Esa investigación periodística nos confirma que debemos continuar esta lucha que parece volvemos a iniciarla, pero con un nuevo elemento, esto no sólo será por ambición del oro, sino por el torio (metal radioactivo)”, afirmó.
“Ya una científica (Dra. Dina Larios) dijo que no es un elemento tan nocivo, pero igual tendrá un grave impacto porque la utilización es para usos nucleares, es una amenaza y sigue latente contra la población y las comunidades”, sostuvo Morales.
Ante esta situación, Morales hizo un llamado a la población, en general, organizaciones no gubernamentales, comunidades en el territorio y a la academia, a unir esfuerzos y organizarse para presentar la resistencia contra la minería metálica en el país.
“Nosotros en Cabañas estamos en el ojo del huracán, porque estamos defendiendo nuestro territorio, porque lo queremos libre de contaminación. Les pido a todos que se involucren y este es un llamado también a organismos internacionales a trabajar en defensa del territorio nacional”, acotó.
Personas defensoras en el régimen de excepción
“En esta lucha que apenas inicia, buscaremos estrategias que no contrapongan nuestras vidas en esta segunda ocasión. No obstante, estamos en un contexto súper complicado en la labor de defensa de los derechos humanos, pero buscaremos la mejor manera de hacerlo en el contexto del régimen de excepción”, manifestó Morales.
Morales anunció que las actividades tendrán un componente de denuncia a escala nacional e internacional, frente a lo que consideró “graves atropellos a los derechos humanos”. Y más allá, que el gobierno cuente con todo el poder del Estado, señaló que irán a instancias internacionales para que la actual administración respete y obedezca sus compromisos ratificados en los tratados internacionales.
“Lo que nos toca es armarnos de valor como lo demostramos al pedir la libertad de nuestros cinco compañeros y esto nos ha permitido llegar a varios puntos en donde están los tomadores de decisión, y que nos permitió también un poco cuando nuestros compañeros salieran al arrestro domiciliar”, recordó.
“Claro ese arresto domiciliar no es lo que queremos, pero eso tenemos con la movilización y lucha que hemos estado haciendo y queremos que se respeten los marcos jurídicos del país. Seguiremos en esas trincheras defendiendo el territorio, y es un claroscuro porque las violaciones a derechos humanos se evidencian a cada momento y todos los días en el país”, reiteró Morales.
Una voz en el desierto contra la minería
Omar Serrano, vicerrector de proyección social de la UCA, opinó que existen suficientes signos que pueden llevar a reactivar de nuevo la minería metálica industrial. El que inicia con el ingreso y suscripción de El Salvador a un Foro Intergubernamental de países que explotan minerales.
“En segundo lugar, se aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos y Minas, -y nos preguntamos-, para qué quieren una nueva ley si no habrá minería en el país. Y tercero, se creó otra Dirección de Minas e Hidrocarburos en el Ministerio de Economía, y nos preguntamos ¿Para qué?, y últimamente las comunidades nos comentan de una empresa con nombre y apellido que está interesada en la explotación de minerales en el país”, expresó Serrano.
Serrano informó que existe una “veta de oro y plata” en la franja Norte del país, y que previo a la prohibición de esta industria extractiva, el 29 de marzo de 2017, se presentó un informe técnico que comprobó científicamente que la minería sería más dañina que beneficiosa para el país.
“Supongo que esas condiciones no han cambiado, y me atrevería a decir que se han agravado. Por lo tanto, es un tiro de gracia para el medio ambiente y las comunidades al volver a la minería metálica en el país”, indicó. “Y sabemos también que somos una especie de voz en el desierto, pero lo diremos, hay signos de que puede regresar la minería e insisto en esto, entonces, nuestra tarea es alertar a la gente. Porque una vez se instalen será difícil sacarlos, y ahora tienen la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa, entonces, es sólo un trámite”, reafirmó Serrano.
Sobre la opinión de las población de la minería metálica, Serrano recordó las encuestas en donde el “respaldo social” contra la minería fue evidente cuando el 79% de una consulta afirmó que “el gobierno debería prohibirla” o el 80% de los pobladores de Cabañas que no querían la minería en sus territorios por contaminantes.
Un gobierno con la gente no puede permitir minería
Amalia López, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, advirtió a la población que un gobierno que “se jacta” de ser para la gente y con la gente quiera activar un proyecto que a la larga es contaminante y letal.
“Ya demostramos en el 2007 y 2009 , en la lucha contra la minería, que terminó con la muerte de compañeros ambientalistas en Cabañas, que esta actividad extractivista no era viable en el país, y esto no ha variado. Y lo decimos porque se trata de un proyecto de muerte”, alegó.
“Y toda la franja minera está en los bordes del río Lempa, tanto fuera como dentro de las fronteras, y que los afectados no sólo serán Cabañas o Chalatenango, sino todos los municipios que están en el cinturón del oro. Y este río no sólo tiene la importancia en producción de agua superficial que aporta más 500 millones de metros cúbicos al año a San Salvador, por un 1 ó 2% de ganancias que deja a un Estado”, puntualizó López.
