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Apenas transcurrido el primer mes de gobierno del Presidente Nayib Bukele, en 2019, se anunció con bombo y platillo el exitoso resultado del futuro plan de seguridad denominado Plan Control Territorial. El éxito consistió en disminuir los homicidios en 50% de la noche a la mañana. Es decir, “un verdadero milagro”.
Recordemos que el gobierno del presidente Salvador Sánchez dejó los homicidios en 9 diarios, a mediados de 2019, con un plan muy bien estructurado y financiado, y con políticas y metas claras.
En cambio, el Plan Control Territorial surgió de la nada, y hasta meses después, cuando se comenzó a solicitar dinero a la Asamblea Legislativa anterior, se dijo que iba a tener varias fases. La uno, dos, tres y cuatro, dijo en cadena de radio y televisión el presidente Nayib Bukele a finales de noviembre.
Al siguiente año dijo que serían siete fases, siendo la última la de “incursión” y la de duplicar el número de soldados hasta llegar a 40 mil elementos, tal como estaba conformada la Fuerza Armada en tiempos de la guerra civil (1980-1992).
Solo los seguidores del presidente Bukele, que es la mayoría, según el presidente Bukele es el 97% de la población, se creían, y quizá se creen, el resultado “milagroso” del plan control territorial, sobre todo, porque en los mapas del país, en manos de las autoridades de justicia y policial, está manchado de letras y números de los “territorios que controlan las pandillas”.
La academia, periodistas independientes, medios independientes, organismos de derechos humanos y expertos en seguridad sospechaban que la baja considerable de los homicidios se podría deber a un nuevo pacto entre el gobierno y las pandillas, parecido a lo sucedido en 2012, cuando, en el gobierno de Mauricio Funes, se “facilitó” una tregua entre pandillas a cambio de la reducción de homicidios.
Fue el periódico el FARO, que gracias a las filtraciones de información de la inteligencia penitenciaria y de otras fuentes de gran credibilidad, demostró que el Gobierno de Bukele negoció con las dos principales pandillas para disminuir los homicidios.
El reportaje investigativo de El FARO presentó con nombre y apellido quienes se reunían constantemente con los líderes de pandillas en diferentes centros penales.
El periódico la Prensa Gráfica también publicó una investigación que demostraba que algunas reuniones se hicieron en un hospital.
El gobierno de Bukele, por su puesto, siempre negó las conversaciones, a pesar de las evidencias documentales que fueron presentadas en el reportaje.
En redes sociales también se hicieron públicas fotografías en las que aparecían funcionarios del gobierno actual con líderes de pandilla.
Todo lo anterior ha quedado en evidencia, cuando el miércoles la Oficina de Control del Departamento del Tesoro de los EE.UU designó a Osiris Luna Meza, a Carlos Amilcar Marroquín Chica y Alma Yanira Meza Olivares bajo la Ley Global Magnitsky sobre la Responsabilidad de Derechos Humanos, por actos de corrupción, pero, sobre todo, por haber negociado con las pandillas.
El Departamento del Tesoro informó que a: «través de una investigación se han revelado negociaciones encubiertas entre funcionarios del gobierno actual y la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Los funcionarios implicados son: Osiris Luna Meza y Carlos Amílcar Marroquín, quienes dirigieron, facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas en las que participaron líderes de pandillas encarcelados, y en las que se permitió que pandilleros conocidos ingresaran a las instalaciones penitenciarias y se reunieran con altos mandos de pandillas”.
No hay duda que los Estados Unidos tienen sus propios mecanismos de investigación, de ahí que no sorprende que producto de esas investigaciones hayan encontrado evidencia para acusar a los dos funcionarios del actual gobierno de haber negociado con pandillas para disminuir los homicidios.
El Presidente Bukele, por supuesto, ha negado que esas negociaciones hayan existido, y solo queda entre la palabra del presidente Bukele y las pruebas o evidencias de quienes han hecho las investigaciones.
Y dado que las investigaciones periodísticas han obtenido evidencias de esas conversaciones, y por el conocimiento que se tiene de la forma de proceder de las pandillas criminales, no queda duda que los dos funcionarios señalados por el Departamento del Tesoro fueron los emisarios para negociar la reducción de homicidios, y que no fue producto del Plan Control Territorial, ni mucho menos “un milagro”.
