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Por Fredis Pereira
La Universidad de El Salvador (UES) por mandato constitucional goza de autonomía en los aspectos docente, administrativo y económico. La Ley de Educación Superior establece un estatus especial para las universidades estatales en relación con su autonomía. Esta autonomía de la UES se desarrolla en la Ley Orgánica que establece su organización y funcionamiento.
El gobierno y gestión universitaria es uno de los dominios que incluye la evaluación institucional de la UES, realizada por la acreditadora internacional Hcéres. En este dominio se consideran tres factores: 1) La misión y visión institucional y su posicionamiento estratégico; 2) La organización interna y la puesta en marcha del plan estratégico; y 3) Identidad y comunicación de la institución.
Ahora bien, considerando que desde la perspectiva de la comunicación oficial se hace énfasis en la viñeta de la acreditación, en lo personal me intereso por aquellos aspectos que requieren mejoras, a fin de que la institución cumpla mejor su rol dentro del Estado, que en última instancia tiene que ver con el derecho a una educación que asegure una vida digna para el pueblo salvadoreño.
Un problema destacado en los resultados de la evaluación de Hcéres, es la escasa fluidez y falta de interacciones entre las vicerrectorías, las secretarías y las doce facultades como órganos de poder. Este problema ha sido parte de las quejas de quienes han ocupado el cargo de rectoría, hasta llegar a sugerir que en la universidad lo que existe es una especie de gobierno feudal, donde cada uno hace lo que se le antoja en su espacio de poder. Esto podría ser visto positivamente como una manifestación de la desconcentración funcional y la descentralización de la toma de decisiones; claro está, siempre que exista un mecanismo de coordinación que permita encausar la dirección del gobierno institucional en un sentido que redunde en progreso para El Salvador.
Un mecanismo de coordinación funcional se basa en planes de desarrollo o planes estratégicos, gestionados atendiendo el ciclo de las políticas públicas. Sin embargo, un plan sin la voluntad política para implementarlo y controlar su ejecución es improductivo. Lamentablemente, en la UES, la realidad observada por Hcéres es que se falla en el control y por tanto no se puede determinar con objetividad los avances, así se expresa cuando señala que un aspecto a mejorar es la necesaria toma en cuenta (con datos estadísticos) de los impactos y resultados de los proyectos y acciones emprendidas para permitir el control de los objetivos estratégicos.
Esta desarticulación institucional se profundiza por la inestabilidad política. Es notorio que la universidad permanece en constantes procesos electorales, tanto para elegir autoridades ejecutivas como para conformar los órganos colegiados del gobierno universitario. Parece que la democracia representativa universitaria le falta conectar con las necesidades del pueblo salvadoreño, pues al revisar el desempeño institucional, se nota mayor interés en los procesos electorales que en resolver los problemas que afectan el funcionamiento institucional. Escuchar las sesiones de los órganos colegiados, que se empantanan en discusiones estériles, que poco abonan al avance estratégico institucional, o leer sus agendas cargadas de tramites que pudieran ser resuelto de forma más eficiente delegando en el personal operativo; todo esto muestra que la visión política institucional esta de espaldas al pueblo.
El desorden administrativo que caracteriza el gobierno universitario se refleja en la gestión presupuestaria. Estamos acostumbrados escuchar lamentos por la falta de recursos, mientras el presupuesto se usa para fines distintos a los previstos en la planificación; lo que implica que el presupuesto aprobado no refleja los usos reales que se darán a los recursos; así, por ejemplo, en el año 2019 el Consejo Superior Universitario (CSU) emitió 86 acuerdo autorizando transferencias presupuestarias, algunas debido a que existen líneas de trabajo con presupuestos deficitarios, y también sucede que los recursos previstos para adquisición de bienes y servicios se reorientan para el pago de salarios no contemplados en el presupuesto inicial. Esta falta de precisión en la formulación del presupuesto dificulta el control de la gestión, lo hace más engorroso y poco transparente. Es claro que siempre existirán imprevistos, pero si los imprevistos son repetitivos podría ser por fallas en la gestión del ciclo presupuestario.
Pedir más presupuesto es algo que hacen todas las instituciones públicas, cada una con su justificación. El sueño anhelado de algunos gestores públicos antidemocráticos es contar con presupuestos abundantes y no rendir cuentas. La información de las economías de salarios en la UES es información que se esconde como astucia. Pocos saben cuantas plazas por ley de salario están pendientes de ser publicadas. A pesar de que existe una obligación legal de someter a concurso las plazas que se declaran vacantes, en el gobierno de la universidad se ha preferido usar esos recursos para contrataciones poco transparentes. Un funcionario ejecutivo de la UES pretendía convencer al IAIP, que en su facultad no cuenta con una línea presupuestaria para economía de salarios, buscando evadir la entrega de información sobre los usos que ha dado a esos recursos del presupuesto público. Pero gracias a la ley de acceso a la información pública, sí se sabe que la UES tiene economías de salarios, que se usan en parte para realizar contrataciones de personal en tiempo adicional, y para recontratar personas pensionadas por vejez, generando así incentivos para las redes de clientelismo político y el bloqueo a nuevas contrataciones.
La disfuncionalidad del gobierno de la UES repercute en la gestión académica. Las autoridades ejecutivas terminan su gestión sin iniciativas eficaces que garanticen la actualización de los planes de estudio. Es vergonzoso que todavía existan planes de estudios de más de 25 aniversarios, sin una verdadera actualización sistemática.
Las disfuncionalidades del gobierno de la UES son desconocidas para muchos; porque estos funcionarios están acostumbrados a rodearse de aduladores y redes clientelares, que les ensalzan. En esta circunstancia en natural que albergan esperanza e ilusión, que por ley se establezca que la Universidad de El Salvador es la rectora de la educación superior. ¡No despiertan! Les cuesta observar que ni un gobierno de izquierda se atrevió a impulsar una propuesta de ese tipo; pues en el fondo, más que una ley, lo que la UES necesita es ejercer liderazgo institucional con propuestas de solución a los problemas del país, y como podrá hacer eso, si ni el problema del relevo generacional de su personal ha podido enfrentar con determinación. Se quejan de que los gobiernos transfieran fondos a las universidades privadas, pero cuando se abren invitaciones a participar de procesos de cogestión para enfrentar problemas están ausentes, tal como sucedió cuando se lanzaron los CDMYPES, las universidades privadas y las ONG fueron quienes participaron.
Un gobierno disfuncional se caracteriza por el atraso. Pese a que los profesionales expertos en gestión documental se forman en la UES, los conocimientos en gestión documental todavía están ausentes en algunas unidades administrativas y académicas. Solo para mencionar un ejemplo, en septiembre de 2019, en una resolución de IAIP se registra, que UES argumentaba incapacidad para entregar información en formato digital al ciudadano Ramón Roberto Flores Ramírez. Esto es inaceptable del gobierno de la UES, que bien hace en exigir al Ministerio de Defensa acceso a la información pública, pero todavía está atrasada en cumplir sus obligaciones con la transparencia.
El gobierno de la UES debe cambiar y acompañar de verdad al pueblo. Este cambio necesario no se impulsará de parte de los actores que viven de la corrupción, ni vendrá de aquellos que desean la decadencia de la educación pública para impulsar la tesis de que la educación privada es la solución. Un gobierno comprometido con el pueblo hace más que gritar en las calles, ofrece soluciones a los problemas. La UES como gestora del conocimiento debe ser líder con propuestas que garanticen los derechos humanos, un gobierno disfuncional es estorbo para cumplir este reto.
