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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Representantes del Foro del Agua informaron que el pasado 24 de octubre presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe “Situación de los Derechos Humanos en El Salvador, 2021”, donde señalaron que el actual gobierno es más complaciente con el poder económico, hasta el extremo de garantizarles seguridad jurídica en la tenencia y explotación del agua, aún y cuando el acceso al vital líquido sigue siendo sumamente deficiente en el país.
Según las organizaciones que conforman el Foro del Agua, el gobierno lo que hace es generar condiciones jurídicas, a través de las autorizaciones, para que quienes hacen negocios con el agua puedan hacer un uso intensivo de la misma, despojar a miles de personas de su acceso, dentro de la legalidad.
Carlos Flores, del Foro del Agua, dijo que en el año 2019 la CIDH visitó El Salvador donde presentó una serie de recomendaciones al Estado, sin embargo, a la fecha, la situación del Derecho Humano al Agua y al Medio Ambiente Sano no ha mejorado, al contrario, se han emitido permisos ambientales de ubicación y construcción sin considerar la opinión de los territorios, ignorando los impactos graves que los megaproyectos desencadenarán en un futuro.
También, se han suscrito convenios que otorgan derechos sobre el agua a sociedades o empresas que se dedican a la construcción de complejos urbanísticos cerrados; negación del acceso a la información pública ambiental a través de reservas, por lo cual la denegación de acceso se hace de manera arbitraria. Flores detalló que los principales casos de vulneración del Derecho Humano al Agua en el país es el proyecto urbanístico Ciudad Valle el Ángel, la judicialización de ambientalistas en Tacuba, Ahuachapán, así como la persecución y criminalización de mujeres en La Libertad, quienes fueron víctimas de estos actos ejecutados por el ex-alcalde de ese municipio, Miguel Ángel Jiménez Aguilera.
“En Valle El Ángel la situación ha tendido a agravarse porque el Estado ha abandonado su obligación de protección y garantía del Derecho al Agua, porque con el convenio garantiza el agua para el negocio a la familia Dueñas, pero no garantiza el agua para necesidades fundamentales de las familias más empobrecidas”, afirmó.
Para el Foro del Agua, es preocupante el despojo y la sobre explotación del agua y demás bienes ambientales que terminan por precarizar y desmejorar las condiciones de vida de los territorios, ya de por sí precarizados y empobrecidos por las lógicas del mercado, el cual actúa en conjunto con el Estado.
Asimismo, pidió a la CIDH que recomiende al Estado salvadoreño aprobar marcos normativos para la protección de los defensores de Derechos Humanos; no suscribir más convenios de agua con sociedades y empresas; adoptar medidas, de cualquier naturaleza, para el fortalecimiento de las Juntas de Agua y la protección de las aguas transfronterizas; así como evaluar conforme al Derecho Internacional, el estudio de impacto ambiental sobre la minería del bitcoin.
