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Redacción Nacionales
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El Gobierno salvadoreño ha impuesto un cerco militar en el departamento de Cabañas, a fin de evitar “la salida de pandilleros”; esto se efectúa en el contexto del Plan Control Territorial y régimen de excepción, este último caracterizado por violentar los derechos humanos.
Fue el propio presidente Bukele, quien a través de redes sociales anunció el cerco militar en dicho departamento. “Desde esta madrugada (martes), 7,000 soldados y 1,000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas. Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas”, dijo el mandatario.
Según Bukele, en las últimas semanas y producto de “la guerra contra pandillas”, Cabañas se ha convertido en el lugar “con mayor número de células terroristas”, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse.
En ese sentido, el cerco se mantendrá mientras los operativos puedan extraer “a todos los pandilleros. La población de Cabañas, sus visitantes y turistas pueden estar tranquilos y realizar sus actividades normalmente”, anunció el mandatario.
“Este masivo cerco garantiza aún más la seguridad de la zona y no lo levantaremos hasta dar con todos los delincuentes”, concluyó el mandatario. Este cerco viene a sumarse a los otros que se han impuesto en diferentes puntos del país: En Soyapango, Comasagua, Nueva Concepción, colonia Tutunichapa y comunidad La Granjita.
Esto se suma a la denuncia que realizó la comunidad Santa Marta, en Victoria, Cabañas, donde se reportó una fuerte presencia militar. En ese momento se dijo que la militarización de Santa Marta se debía a la criminalización de sus líderes ambientalistas, y se daba previo a una caminata ambiental que la comunidad, junto a organizaciones sociales, llevó a cabo mañana lunes 24 de julio.
A finales de mayo recién pasado, habitantes de Santa Marta también denunciaron acoso de militares que incursionaron en la comunidad. En ese contexto fue detenido Manuel Gámez Morales, hijo de Vidalina Morales, líder ambiental y presidenta de ADES Santa Marta. El joven fue liberado 24 horas después de su captura luego de una fuerte presión ciudadana en redes sociales, además de la presión inernacional.
Hace apenas 15 días, fuentes cercanas al caso de los defensores ambientales criminalizados dijeron a Diario Co Latino que “las autoridades fiscales y judiciales siempre han expresado temor a que la comunidad se movilice y presione por la libertad de sus líderes”; y que “posiblemente la presencia militar responda al objetivo de amedrentar, intimidar e inmovilizar a sus habitantes”.
Justamente, horas antes del cerco militar, un juzgado ordenó seis meses de prisión y para el proceso de instrucción en el caso de los ambientalistas. Es decir, dado que ya habían cumplido seis meses de prisión, sin que la Fiscalía presentara pruebas evidentes de la acusación contra los cinco ambientalistas, el juez ordena seis meses más de presión, mientras el presidente Bukele orcen el cerco militar en Cabañas.
