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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las organizaciones aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MNFM) señalaron que pese a existir en el país una Ley de Prohibición de la Minería Metálica aprobada en marzo de 2017, durante los tres años de la actual gestión, el gobierno de Nayib Bukele impulsa acciones configurando cada vez más a un escenario de apertura a la industria minera.
Luis González, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), indicó que el gobierno impulsa acciones como la incorporación de El Salvador como miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), el cual está presente en la mayoría de países que hacen minería metálica.
Además, en 2021 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General para la Creación de la Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos; los diputados de Nuevas Ideas también aprobaron la Ley de Expropiación y Ocupación de bienes por el Estado, así como la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos.
“En la medida que no se haga un cierre técnico de minas sigue habiendo contaminación y drenaje ácido de las minas, que afectan al ecosistema. En estos tres años de gobierno se han dado acciones que dan luces de retroceder en prohibir la minería metálica, las cuales se han realizado de manera silenciosa, a través de distintas normativas legales y actuaciones por parte del gobierno”, afirmó González.
Omar Flores, representante de la MNFM, dijo que con la administración del presidente Bukele no hay avances en los compromisos planteados por la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, al contrario, se tiene un diseño normativo e institucional que permita la posible apertura de la minería metálica en el país.
A criterio de Flores, es preocupante la resolución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional al declarar inconstitucional el convenio entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y la Sociedad Dueñas Hermanos Limitado, sobre el uso del agua para el proyecto urbanístico Valle El Ángel.
“En pocas palabras, ahora cualquier empresa extractiva interesada en explotar los bienes naturales del subsuelo no necesitará la autorización de la Asamblea Legislativa para hacerlo, esto abre las puertas para el saqueo de nuestras aguas y también de importantes minerales como el oro y la plata, y amenaza nuevamente a los cuerpos de agua subterráneas y superficiales, principalmente al río Lempa”, aseguró.
Vidalina Morales, de la MNFM, pidió hacer los procesos de remediación ambiental en las comunidades afectadas por las actividades de exploración y explotación de minería metálica en el pasado, de las cuales ningún gobierno ha asumido el compromiso de país.
“Demandamos del gobierno salvadoreño mantener una posición de rechazo a la industria de la minería metálica, no permitiendo nuevamente la invasión de empresas extractivas al país, que solo saquean nuestros bienes naturales a cambio de millonarias ganancias dejando a su paso contaminación de nuestra agua, afectaciones a la salud de las personas y la destrucción de ecosistemas”, enfatizó.
También, consideró necesario que el gobierno mantenga una posición de rechazo a la industria de la minería metálica, no permitiendo nuevamente la invasión de empresas extractivas al país, las cuales solo saquean los bienes naturales a cambio de millonarias ganancias dejando a su paso contaminación de las aguas, afectaciones a la salud de las personas y la destrucción de ecosistemas.
Los representantes de la MNFM instaron al presidente Bukele a definir una posición política, clara y definitiva con respecto a la mina transfronteriza del “Cerro Blanco”, en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, a escasos 17 kilómetros de la frontera con El Salvador, al ser una amenaza más para las aguas salvadoreñas, especialmente para el Río Lempa.
Asimismo, garantizar el derecho humano al agua de las familias salvadoreñas, protegiendo las aguas subterráneas del país de la contaminación y sobreexplotación que hacen las empresas extractivas, como la industria de la minería metálica, pues los efectos pueden ser devastadores para el pueblo.
Una de las peticiones al gobierno es clarificar en el articulado de la Ley General de Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, relacionado con los permisos y autorizaciones para la exploración y explotación de minería, ya que el contenido de la misma deja la puerta abierta para que en un futuro cercano, las empresas de minería intenten solicitar los permisos para extraer oro, plata y otros minerales del subsuelo.
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