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Gloria Silvia Orellana
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“Nuestra propuesta es que regresemos a organizarnos y trabajemos para construir espacios seguros entre nosotras. Porque el gobierno nos ha dado la espalda”, dijo Roxana Rodríguez, integrante de la Asamblea Feminista, en la evaluación de la situación de los derechos de las mujeres en el país.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, diversas organizaciones feministas y de diversidad sexual que integran este espacio de articulación de mujeres activistas y feministas, impulsan una propuesta transformadora y sin promoción del “odio” en la sociedad.
“Nuestra propuesta es regresar a la organización social, venimos de situaciones complejas, de cierres absolutos, de vivir incluso una guerra. Es por esto, que volvemos a la organización social a defender nuestros derechos en donde todas las personas sean vistas como seres humanos sin excepción”, agregó Rodríguez.
Con el lema “El ruido no se calla hasta que la justicia estalla” la Asamblea Feminista hizo un llamado a la organización social y la defensa del cuerpo-teerritorio en el país.
María Turcios manifestó que las mujeres campesinas y productoras agrícolas son parte de la población que mayor impacto reciben en sus derechos como el acceso al agua, a la tenencia de la tierra y los alimentos.
“La concesión de permisos ambientales desmedidos a empresas inmobiliarias para construcción están contribuyendo a impermeabilizar las zonas de recarga hídrica agravando la ya fuerte escasez de agua en el territorio”, dijo.
El Estado ignora el derecho a la tierra de las mujeres campesinas, y pone en riesgo su sobrevivencia y las obliga a alquiler tierras para cultivos y vivienda. Es una lucha diaria de supervivencia que afecta su economía y profundiza la pobreza extrema, manifestó Turcios.
Aranza Santos, del Colectivo de Mujeres Trans, recalcó que los “discursos de odio” del presidente Nayib Bukele están contribuyendo a elevar el nivel de vulneración de derechos de la población LGBTI+ , lo que perpetúa la exclusión social.
Ese discurso de odio del presidente electo de manera inconstitucional seda en un país donde la población de mujeres trans, históricamente ha sido discriminada por el conservadurismo, el machismo, la misoginia, la transfobia y el odio irracional es un retroceso democrático”, indicó Santos.
La decisión del presidente Nayib Bukele, expresada en un foro de grupos conservadores en los Estados Unidos, era un manejo interesado por intereses propios y del capitalismo que apoya abiertamente, consideró Santos.
La ideología de género es un discurso inventado por este gobierno conservador que antepone su religión y manera de pensar ante las necesidades y realidad de vida que está pasando la población diversa de este país, agregó. “Condenamos estos retrocesos a la lucha de más 20 años, que ha quedado por los suelos con estas decisiones”, sostuvo Santos.
La decisión oficial de eliminar de las currículas educativas toda terminología sobre orientación sexual e identidad de género, y en formulaciones clínicos para la atención de la población LGBTI+, aumenta la vulneración de derechos humanos, la violencia y el desplazamiento forzado para mujeres trans a nivel nacional”, señaló Santos.
En cuanto a la educación, Keyla Cáceres manifestó que es un retroceso significativo de acceso a la formación académica para la niñez, ya sea por la deserción escolar o el porcentaje de matrícula (0.7% de aumento 2023), lo que significa altos desafíos de educación formal para la población infantil y adolescente del país.
Cáceres consideró que era responsabilidad del mandatario salvadoreño, la eliminación de la curricula educactivo toda la educación integral en sexualidad (EIS), que va a provocar un aumento de violencia sexual en la niñez, embarazos en adolescentes, entre otras discriminaciones.
Entre 2019 y 2022 un promedio 11 niñas entre 10 a 14 años fueron embarazadas por semana, lo que hace un total de 2 mil 83 embarazos en ese rango. Mientras, 225 adolescentes entre 15 y 19 fueron embarazadas por semana, para un total de 48 mil 972 embarazos. Y sólo en el año 2022 fueron 10 mil 352 embarazos adolescentes en este mismo rango”, explicó.
Entre junio 2019 y mayo 2023, la Fiscalía General de la República reportó 26 mil 129 denuncias por violencia sexual contra niñas y mujeres; logrando condencas sólo para 3 mil 938 casos. Mientras mil 57 casos fueron absueltos. Y entre junio de 2022 a mayor 2023 suman 7 mil 939 de estas denuncias, con 1,396 condenas y 294 casos de absolución, afirmó Cáceres.
Cáceres consideró que el “desaparecimiento de estos avances de las organizaciones” en materia de derechos está pasando factura con la eliminación de la perspectiva de género. Y por esto denuncian que el gobierno “prefiera ocultar el aumento de feminicidios.
Lo que profundiza la impunidad de los perpetradores.
“Eso significa que las niñas podrán ser golpeadas hasta la muerte, como ha pasado con 2 niñas, que en este año murieron a causa de una golpiza. Una vivía en Ahuachapán, de 7 años de edad, y la otra de 3 años, que residía en Usulután”, reseñó.
“Durante este gobierno 486 mujeres y niñas han muerto de forma violenta (1 junio 2019 y 10 marzo 2024), el 22% de esas muertes violentas, un total de 106 ocurrieron durante casi 2 años de vigencia del inconstitucional régimen de excepción. Y el reporte de 12 mujeres y 2 bebés (niña y niño) muertos en las cárceles durante este régimen”, informó Cáceres.
La Asamblea Feminista también denunció las “desapariciones de mujeres”, que según datos de la Policía Nacional Civil hubo entre junio 2019 a marzo 2023 alrededor de 3 mil 430 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales mil 544 casos corresponden a mujeres (45%).
Las cifras de la Policía Nacional Civil dan cuenta que entre 2019 y 2023, encontraron 287 osamentas en diferentes puntos del país, más 51 fosas clandestinas, y al menos 158 víctimas enterradas en estos lugares.
“Nos estamos sumando también a la exigencia de libertad para Verónica Delgado, madre de Paola Arana, capturada por la PNC el 11 de marzo, 2 días después de haber participado en la marcha del 8 de marzo. Nayib Bukele está torturando a las madres buscadoras, negando información y captura a una de las madres que desde el 2022 buscan a su hija”, denunció la Asamblea Feminista.
“Estamos en un país en donde no hay ningún espacio de diálogo, ni mucho menos de hacer llegar nuestras necesidades y convertirlas en legislación o política púb
