Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asamblea Legislativa aprobó unas disposiciones especiales para la suspensión de concentraciones y eventos públicos y privados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial hasta el 8 de diciembre de este año, y queda establecido que será el Ministerio de Salud quien autorice las medidas a cumplir para la realización de los eventos. Caso contrario, será la FGR quien actúe de oficio, para quien convoque, promueva u organice eventos de generen aglomeraciones, es decir “marchas de protesta”.
El documento establece que las personas que incumplan las medidas y convoquen, promuevan u organicen concentraciones, serán multadas de veinte, hasta cien salarios mínimos urbanos para el sector comercio y servicios (de entre $7,300 hasta $36,500), sin perjuicio de las infracciones que se determinen en el Código de Salud.
El Ministerio de Salud será el responsable de emitir las medidas a cumplir para la realización de este tipo de eventos, incluyendo los límites en cuanto al aforo y los requisitos que deban presentar los asistentes y organizadores, como sus respectivos comprobantes de esquema de vacunación completa contra la Covid19; siendo facultades del Ministerio de Salud la suspensión de los eventos o la prohibición de la entrada a los mismos a cualquier persona, organizador o asistente, que no cumpla con los requisitos antes mencionados. Básicamente, para la realización de marchas requerirán del visto bueno del MINSAL, caso contrario, puede sancionarse inclusive con prisión. Se establece que toda persona natural o jurídica, pública o privada, deberá acatar dichas disposiciones, en caso contrario, será la FGR quien actuará de oficio ante el incumplimiento de esta conforme a sus funciones y dependiendo del caso, el infractor incurrirá en delito de desobediencia de particulares y será sancionado conforme a lo establecido en el Art. 338 del Código Penal, el cual establece una pena de prisión de uno a tres años.
En ese marco, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que “las marchas seguirán mientras la actual administración dé razones para hacerlo”; esto en el contexto de las marchas que se han realizado, tanto el 15 de septiembre como el pasado 17 de octubre donde un aproximado de 20 mil personas han participado y mostrado su inconformidad contra las acciones del Gobierno.
Ortiz afirmó que este decreto lo que demuestra es que existe un miedo a las marchas. “La gente está poniendo mucho de esfuerzo en hacerse sentir de esa manera”, comentó, sobre las últimas concentraciones que ha habido por las decisiones que ha tomado el Gobierno.
“Pero lo que demuestra es que eso genera una molestia, que se está viendo como una amenaza que la ciudadanía se manifieste y exprese de esta manera”, recalcó.
También, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, comentó que el decreto avalado por Nuevas Ideas y aliados, “es una clara evidencia” de que para el Ejecutivo existen “aglomeraciones favoritas y otras que les incomodan”, ya que contextualizó que el marco normativo está disfrazado, porque lo aprobaron aparentemente para prevenir contagios de COVID-19, cuando realmente, quieren suspender derechos fundamentales, como la organización de marchas.
Para los oficialistas, esta medida es con el objetivo de ayudar a los trabajadores que se han visto afectados debido a la suspensión de fiestas patronales o eventos públicos y que dependen precisamente de ese rubro para trabajar.
La diputada de NI, Suecy Callejas, manifestó que esta medida no es porque no quieran que se concentren, sino que respete las medidas de bioseguridad.
“Ustedes pueden seguir organizando las marchas que deseen, lo único que les pedimos, como Gobierno es que vaya a la marcha, pero vaya cumpliendo protocolos de bioseguridad; use la mascarilla en todo tiempo de preferencia (…) cumplir el mínimo de distanciamiento social, las calles no son tan chiquitas”, resaltó.
La legisladora de Nuevas Ideas aclaró que los eventos deportivos y culturales sí se podrán realizar.