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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Es un ABC de todo poder político, buscar tener control e influenciar tres factores: producción de leyes, control del dinero e influencia sobre la justicia. Y será en mayor medida si hablamos de un Estado o gobierno autoritario, que entre más autoritario buscará más control y particularmente de la justicia”, dijo Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC).
Las organizaciones sociales FUNDE, DPLF, Acción Ciudadana y el Idhuca realizaron el conversatorio “Elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia: importancia del proceso eleccionario y de la participación ciudadana”, como una reflexión pertinente de este proceso de elección de funcionarios de segundo grado.
Actualmente, la comisión Política de la Asamblea Legislativa se encuentra en un proceso de entrevistas de abogados, de un listado de 30 candidaturas enviadas por el Consejo Nacional de la Judicatura(CNJ), para elegir a cinco magistrados propietarios y dos suplentes, para los próximos nueve años.
Para Eduardo Escobar, esta es una elección a la que debería estar atenta la población en general, para garantizar que sólo personas idóneas sean las electas a esos cargos estratégicos, como lo es la Corte Suprema de Justicia, por ser la cabeza del órgano Judicial.
“Ya hemos visto casos en donde se utiliza la justicia y las altas cortes para tratar de influenciar procesos políticos y un caso que podemos mencionar es Nicaragua, donde la Corte Suprema de Justicia ha permitido las reelecciones de Daniel Ortega, e igual tenemos el caso de El Salvador, que ha permitido la reelección presidencial”, explicó.
“En el caso particular salvadoreño, tiene como antecedente la depuración judicial (2021); obviamente dudamos mucho de su legitimidad, pero es conveniente reflexionar sobre el proceso de elección, el enfoque del proceso, las garantías de idoneidades. Y, en este caso, se repite la historia por intereses políticos partidarios”, argumentó Escobar.
Indiferencia ciudadana a procesos eleccionarios de la CSJ
Asimismo, Escobar consideró que existe una acción deliberada de los políticos para que la ciudadanía no se interese en este tipo de procesos, precisamente para evitar “una supervisión y cuestionamiento ciudadano”, en donde el ciudadano valore el “perfil” y conocimiento de los candidatos en estos puestos judiciales.
“Sabemos que hay apatía ciudadana, pero el gremio de abogados también creo que ya se pronunció de alguna manera con el bajo nivel de asistencia a las urnas para elegir la mitad de la lista de los magistrados que van a elegir en este período”, afirmó.
Agregó que “fue una participación de abogados de las más bajas que se tuvo registro ¿Por qué?, porque no hay confianza en el proceso; además, es de todos sabido que estos responden a intereses políticos partidarios y los abogados, pues, han dejado de participar”.
Mientras, sobre los “perfiles idóneos”, Escobar prefirió referirse al proceso de selección y elección de candidatos, dominado por un procedimiento que no es exhaustivo para indagar sobre la idoneidad de las personas.
“Ese proceso debe investigar su experiencia, su relevante conocimiento de la materia, su independencia partidaria; si no toman en cuenta esto, no hay un verdadero procedimiento de evaluación. Están repitiendo el mismo proceso que utilizaron otras legislaturas”, indicó.
“El tema de la independencia hay que garantizar mediante la indagación de las relaciones que tiene una persona con el poder político, con los partidos políticos y eso se hace revisando sus antecedentes. Con quién ha trabajado en su pasado reciente, vinculaciones, no sólo las relacionadas con militancia partidaria, sino las afinidades políticas que tenga. Esto es un indicador de transparencia”, reafirmó.
Procesos de selección sin transparencia y sin difusión
Jessica Estrada, directora del Área de transparencia de FUNDE, afirmó que la finalidad de este conversatorio es “visibilizar el proceso de elección de funcionarios de segundo grado”. Y, en particular, el proceso que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa, con la elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.
“Queremos hablar de esto porque muchas cosas no están funcionando como deberían; es decir, basado en buenas prácticas y cumpliendo estándares internacionales que permitan finalmente que en estas elecciones escojan a las personas que estén más preparadas para ejercer los cargos”, opinó.
“En términos generales, si logran identificar candidatos que son afines a un partido político, en automático esas personas deben ser descartadas de inmediato en este proceso. Para que al final los que resulten electos estén al servicio de toda la ciudadanía y cumplan el rol que les ha sido encomendado al estar frente a la Corte Suprema de Justicia”, manifestó Estrada.
Para la experta en transparencia, plantear un proceso abierto y adecuado para las entrevistas de las y los aspirantes que intentan ingresar a cualquiera de las Salas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debería ser obligatorio.
“También se deben evaluar los candidatos que previamente han ejercido cargos públicos con funciones y características muy diferentes a las que tiene la Corte Suprema de Justicia. Evaluar sus características, conocimientos y allí profundizar si cuenta con la capacidad y los requisitos mínimos que establece la ley, que actualmente son muy básicos”, reseñó.
“La Asamblea Legislativa, con el proceso que está realizando, no está demostrando que quiere indagar en esos mejores perfiles y mucha gente que podría aspirar, porque está muy bien preparada, se desmotiva, porque piensa que estos procesos ya están arreglados”, expresó Estrada.
Estándares internacionales en procesos de designación de operadores de justicia
Úrsula Indacochea, directora del programa de Independencia Judicial de DPLF, argumentó que estos procesos de selección de operadores de justicia tienen una “especial protección” en el derecho internacional, porque se derivan de compromisos asumidos por el Estado salvadoreño, con sus pares en los tratados internacionales.
“La independencia judicial es un principio tan importante porque ha sido reconocido como una costumbre jurídica y principio del derecho internacional.
Y esto quiere decir que, aunque no estuviera en los tratados de derechos humanos, es tan importante que sigue siendo vinculante para los Estados una judicatura independiente”, acotó.
“Desde nuestra organización, hemos promovido la observación de estos procesos,digamos, desde el reemplazo de la Sala de lo Constitucional, en el que hubo mucha vigilancia internacional. Y aunque estos no sean una mayoría, tiene un impacto significativo en decisiones que van más allá de este grupo de personas por temas básicamente de probidad, designación y traslados de jueces, etc.”, reafirmó Indacochea.
En cuanto a la selección y nombramiento en el marco de los estándares internacionales, mencionó que debe ser con base en el mérito y las capacidades, la transparencia y publicidad, la participación ciudadana y la igualdad y no discriminación de las y los aspirantes.
“El deber ser o como debería ser este proceso a través de estándares internacionales es porque se derivan de compromisos asumidos por el Estado salvadoreño, a través de los instrumentos de derechos humanos”, indicó.
“Como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificada por El Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU), que tiene el reconocimiento de la independencia judicial”, puntualizó.
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