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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
“Más que orgulloso; ella lo dio todo, dio su vida por todos los demás, aun cuando no debía de hacerlo”, expresó Rodolfo Cerritos, de 20 años, al recordar a su madre Alejandra Concepción Garay de Cerritos, enfermera del servicio de bienestar magisterial del Hospital Nacional Rosales, quien trabajó por más de 25 años y falleció hace dos años de COVID-19, sirviendo para combatir la pandemia en su etapa más rígida. A los familiares de Concepción Garay el Estado debía honrar su memoria, pues la profesional de la Salud murió por servir al país; sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno de Nayib Bukele se ha negado a reconocerlos.
Concepción Garay fue “muy dedicada” a su familia y trabajo, y en el mundo terrenal “hace falta”, es el relato de los familiares que piden al Estado se haga efectivo el decreto legislativo 723 donde se reconoce al personal sanitario que atendió la emergencia por Covid-19.
Familiares de personas que dieron su vida para atender la emergencia por COVID-19 en El Salvador durante el año 2020, asistieron este jueves a la Parroquia San Francisco de Asís donde se celebró una misa en su memoria.
La coordinadora del Movimiento de Familiares del Personal de Salud Fallecido por la COVID-19, Laura Láinez, informó que, a la fecha, el Gobierno no ha reconocido la labor del personal de salud que entregó la vida para atender la emergencia sanitaria. El personal de salud que falleció entre el 14 de marzo al 23 de julio de 2020 debido a la COVID-19 fueron 88, quienes habrían sido reconocidos por el decreto legislativo 723.
“Es conmovedor y desgarrador estar acá, ya que es bien doloroso recordarlos. Hemos traído una foto de ellos y hasta este día, el Estado no ha reconocido ese sacrificio de vida que dieron. No hemos recibido absolutamente nada. Pedimos que honren, por justicia, los derechos, pido a los salvadoreños una oración por el personal de salud que falleció”, destacó Laínez.
El Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” informó que desde el inicio de la pandemia han fallecido 233 personas que atendían la emergencia sanitaria, 77 fueron mujeres y 156 hombres. Las víctimas por la COVID-19 han sido 50 especialistas, 51 médicos generales, 43 profesionales en enfermería, 37 de otras profesiones de salud, 42 de servicios generales y administrativos y dos estudiantes de medicina.
Karen Ramírez de Pro-vida destacó la falta de acompañamiento estatal para los familiares del personal fallecido por Coronavirus, ya que no le da operatividad a la ley que su fin es reivindicar su memoria.
Por tal hicieron un llamado al ministro de Salud, Francisco Alabi y al presidente de la República, Nayib Bukele, para que honren la promesa que hicieron ante las personas, incluso, calificándolas de “héroes”. “Vemos que hasta el momento ninguna de las promesas hechas ha sido cumplidas, por lo que vamos a continuar haciendo actividades de denuncia pública para que se responda ante esta situación”, comentó Silvia Navarrete, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD).
Laura Laínez, quien su esposo y médico del Hospital de San Rafael, David Edgardo Rivas Molina, falleció hace dos años, dijo lamentar la situación que hoy atraviesa, ya que el Estado no garantiza el bienestar de las familias de las personas que entregaron su vida para atender a la COVID-19. Bukele, hace dos años, estuvo de acuerdo que se le entregase a cada familia $30 mil como una forma de reconocimiento.
La situación de los familiares es “complicada”, según manifestó Laínez, ya que pasan su día a día con lo poco que pueden conseguir, se agrava más, aquellos que padecen de enfermedades crónicas, ya que se les hace imposible comprar medicamentos.
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