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Redacción Nacionales
@DairioCoLatino
El Gobierno ha solicitado a la Asamblea Legislativa que modifique la Ley de Presupuesto 2022 en el ramo de Seguridad, a fin de que incorpore $50 millones al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para seguir el “Programa Especial de Combate a Terroristas”. Estos fondos se suman a los $80 millones que el GOES asignó al Ministerio de Justicia y al de Defensa Nacional para combatir a las pandillas en el contexto del régimen de excepción.
Habrá que recordar que a finales de marzo de este año, el Gobierno asignó fondos para financiar equipamiento, adquisición de armamento y vehículos para la PNC por un monto de $30 millones. Otra asignación de $30 millones serviría para la creación de un fondo de recompensa que permitiera fomentar la participación ciudadana en el combate del crimen organizado, en la delación de delincuentes, y tener una mayor efectividad en las capturas de terroristas. Mientras que una tercera asignación por $20 millones al Ministerio de la Defensa Nacional para comprar armas y equipo tecnológico que le permitiera a la Fuerza Armada apoyar las tareas de seguridad.
En ese momento Hacienda detalló que el financiamiento provenía de la “eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate a la evasión fiscal”. Para estos $50 millones la situación es igual, solo que del mes de abril. Situación que contrasta por lo vertido por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, hace unas semanas, donde afirmó incluso que iban a hacer recortes de plazas para tener financiamiento, y hacer frente a los compromisos financieros estatales, entre ellos el subsidio a los combustibles.
Sobre la nueva petición del Gobierno, la diputada Marleni Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sostuvo que el régimen de excepción “es un mecanismo para poder trasladar dinero de una cartera de Estado a otra, para así seguir gastando sin dar mayor explicación”.
La parlamentaria aseguró que aún no saben para qué fue utilizado el primer dinero que se les dio, refiriéndose a los $80 millones. “Este tema de seguridad es tan sensible, pero también la población debe de estar consciente que no se puede estar utilizando este tema para seguir saqueando las arcas del Estado. Nosotros como país debemos de exigir mayor transparencia y que expliquen en que se están gastando los recursos”.
El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, precisó que, en el presupuesto general de la nación de este año, el tercer ministerio con más fondos, es el Ministerio de Seguridad. “Pareciera ser que cada vez que hay un proyecto de seguridad, no se invierte desde el presupuesto de la cartera de Estado, sino que se presta más dinero a Hacienda para poderlo incorporar a nuevos presupuestos de otros proyectos”.
Al legislador le preocupa que en el tema de la represión del delito “todo vaya encaminado a proyectos represivos y no haya absolutamente nada para poder reinsertar a la gente que está delinquiendo, no hay proyectos alternativos, sino que solamente hay proyectos represivos”. Las declaraciones vertidas por el legislador van en el sentido de hacer cumplir la Constitución de la República, ya que el tratamiento del delito tiene dos fases, la represiva y la fase de resocialización de las personas que puedan estar en el sistema penitenciario, agregó.
“Nos preocupa también que se está invirtiendo bastante en la represión del delito y ante una crisis económica y fiscal tan grave como la que vive el país se esté dejando de lado o no se le esté dando tratamiento a la situación del alto costo de la vida, del desempleo, de la migración. Vemos que el Gobierno no le ha puesto atención al tema económico”, destacó René Portillo Cuadra.
GOES pide crear más de 750 plazas en la PNC
El Gobierno también pide reformar la Ley de Salarios para incorporar 12 plazas de inspector y 743 de sargentos como parte de los cursos de ascensos. Entre julio a diciembre de este año, el costo por las plazas rondaría los $4 millones.
La diputada Funes pidió que se haga una investigación a profundidad en la Academia Nacional de Seguridad de Pública (ANSP), ya que “existen fuertes indicios de que hay un mal manejo por parte de quien dirige la institución, y que muy probablemente los ascensos sean para pagar favores: entonces, antes de que esto pase me gustaría que (se haga) una investigación seria y exhaustiva de cómo se está manejando el recurso financiero y humano al interior de la ANSP”.
En este tema, René Portillo Cuadra sostuvo que le parece bien que de acuerdo con los ascensos también vayan las escalas salariales y eso “premia” el esfuerzo de los agentes que están en cursos de ascenso; sin embargo, dijo preocuparle que por un lado se estén suprimiendo plazas de personas mayores de 60 años, pero por otro lado están creando más plazas.
“Pareciera ser que no hay una política clara sobre el tema de personal en el Estado en general, igualmente se están creando plazas, pero no donde la gente más lo necesita”, dijo Cuadra haciendo referencia al tema agropecuario.
Mientras que Juan Carlos Mendoza, de GANA, dijo que las plazas han sido demandas por agentes desde años atrás. “Creo que el Gobierno está arreglando esa plana que por muchísimos años ha venido estando mala, recordemos que los miembros de la Policía en los diferentes grados han venido solicitando que se les apoye en el tema de ascenso y que por mucho tiempo no se lo han dado y hoy se lo está dando el gobierno”. Además, espera que dichas plazas sean para dar más seguridad a la población.
