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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Representantes de comunidades de los municipios de Santa Ana, Metapán, Santa Rosa de Lima, llobasco, San Isidro, Chilanga y Santa Marta, en coordinación con la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (REDCAT), realizaron un encuentro nacional donde se expusieron las afectaciones y amenazas por la explotación minera metálica en El Salvador.
La preocupación de las comunidades se debe a la ausencia ambiental en la gestión gubernamental, que se expresa principalmente en la ejecución de mega proyectos de infraestructura que, por su propia naturaleza, son depredadoras del medio ambiente.
“Estamos viviendo una situación socio-ambiental compleja. Estamos convencidos de que la gestión política actual, la perspectiva y visión socio ambiental no existe, así se expresa en los cambios que se están dando en los marcos legales en el país”, dijo Edgardo Mira, de la REDCAT, en referencia a los permisos ambientales que ha dado el Ministerio de Medio Ambiente a empresas para proyectos de infraestructura. Las comunidades recordaron que el pasado 29 de marzo se cumplieron 6 años de haberse aprobado la ley de prohibición de la minería metálica en el país; sin embargo, “es una ley que no se cumple”. Las obligaciones derivadas de la ley como el cierre y remediación de los pasivos ambientales, consecuencia de la explotación minera anterior a la aprobación de la ley y la reconversión económica de las familias dedicadas a la minería artesanal a otras actividades productivas, siguen sin cumplirse. “Esto último es especialmente grave, dado que su incumplimiento significa que a la fecha se sigue desarrollando actividades mineras, especialmente en la zona de San Sebastián, municipio Santa Rosa de Lima”, expuso Mira.
Edgardo Mira planteó que El Salvador se encuentra en un momento delicado en el tema de la minería, pues, el actual gobierno de Nayib Bukele ha adoptado un conjunto de acciones encaminadas a revertir la ley de prohibición de la minería metálica y, por consiguiente, abrir al país a la explotación minera.
Por ejemplo, la incorporación de El Salvador al Foro Gubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible-IGF, la Ley General para la Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, la aprobación de la Ley de Expropiación y de Ocupación de bienes por el Estado, estas, para las comunidades son parte de ese conjunto de acciones.
Mira planteó que en los territorios se observa la presencia de profesionales y trabajadores en general, relacionados a empresas mineras, que ya en el pasado han expresado su interés por explotar los bienes naturales. En su comunicado de prensa la REDCAT considera que “lo anterior puede indicar que estas empresas se están preparando ante una eventual decisión del gobierno de revertir la ley”.
La lucha por el medio ambiente ha llevado a la criminalización de los que defienden la prohibición de la explotación de la minería metálica. En ese contexto, se han llevado a cabo la captura de liderazgos comunitarios en Santa Marta, departamento de Cabañas, reconocidos por su aporte en la lucha anti minera metálica en el país.
Al respecto, Alfredo Leiva, de ADES-Santa Marta, dijo que la captura de los líderes “es un acto de criminalización por la lucha que se ha desarrollado (sobre la prohibición de la minería). La acción de capturar a los líderes comunitarios no solo cumple el propósito de detener a liderazgos de la lucha, sino también, amedrentar a la comunidad y dividirla”.
Las comunidades se solidarizaron con los líderes de Santa Marta que fueron detenidos “arbitrariamente” el pasado 11 de enero, luego de vincularlos de un supuesto asesinato durante la época del conflicto armado. A la vez, demandaron que se les respete su integridad moral y física, sus derechos y que se asegure la realización de un juicio justo y acorde con lo establecido en el marco legal del país.
En el encuentro, los líderes que están al frente de la defensa de la prohibición de la explotación de la minería metálica en el país exigieron al Gobierno salvadoreño cumplir y hacer cumplir plenamente la ley de prohibición de la minería metálica y enviar un mensaje claro a las empresas minera, que la reversión de la ley no es una opción para El Salvador.
Pidieron al Estado que realice las gestiones necesarias a fin de evitar la explotación del proyecto minero Cerro Blanco. Asimismo, que se inicie de inmediato las negociaciones por un tratado sobre aguas transfronterizas con perspectiva de cuenca, de sustentabilidad y de participación real de las comunidades, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y pueblo en general en la toma de las decisiones sobre proyectos que les pueden afectar en su vida.
También, pidieron el cese de la criminalización a los defensores del medio ambiente, especialmente a quienes luchan por la sustentabilidad de sus territorios amenazados por la minería y otros proyectos que actualmente se implementan.
