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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
“Tengo a mi hijo (detenido), el papá de los niños, que han quedado a mi cargo, él era el único que trabajaba para el alimento de ellos, hoy trabajo el doble para darle de comer a ellos”, es el relato de Guadalupe Echeverría, una de tantas madres que llegaron este martes a la Plaza José Martí, en Don Rúa, para marchar hasta la Asamblea Legislativa a exigir la libertad de los familiares detenidos que no tienen vínculos con las pandillas.
Fue hace 10 meses que la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Irvin Alexis Mármol de 27 años en la comunidad 10 de Octubre de San Marcos, cuando este, iba a recoger a su hijo a la escuela. “Yo hablé con el policía que lo capturó y le pregunté la razón de su captura y si le había encontrado algo; me dijo (el policía) que no le había encontrado nada. Pero se imaginaba que quizá era colaborador (de pandillas), solo porque en la colonia donde vivimos hay delincuencia, pero eso no quiere decir que él era colaborador”, destacó Guadalupe Echeverría.
“Yo le dije (al policía) que lo soltara porque no le habían encontrado nada: me dijo ´hoy ya estuvo, hoy ya le hice el reporte´ y así se lo llevó”, dijo la madre con lágrimas en sus ojos recordando ese día. Mármol trabajaba como repartidor de comida en la zona.
Echeverría pidió a las autoridades que “investiguen bien”, ya que “tienen a demasiadas personas inocentes secuestradas. La verdad es que es un secuestro porque si no hay una justificación ni delitos por qué van a estar detenidas tanto tiempo”, cuestionó. Esto lo consideró como una injusticia.
Otro de los relatos es el de Silvia Yolanda García, quien destacó que su hijo Salvador Martínez fue detenido en La Rábida el 10 de mayo del año pasado, lo llegaron a sacar de su vivienda donde habita su esposa y sus dos niños. “Estoy preocupada porque no sé si estará vivo o muerto, no sabemos nada de él”, dijo la madre. Lo único que conoce es que desde su captura lo enviaron al Penal de Izalco, luego de tres meses lo pasaron al Centro Penal la Esperanza, mejor conocido como “Mariona”.
“Nosotros solo hemos llegado a dejar los paquetes, aunque sea un poquito, de cada cosa porque no alcanzamos a llevar el paquete completo; nos están exigiendo que uno tiene que comprar el paquete ¿y cómo? si no alcanza ni para uno mismo ni para comer, menos para pagar paquetes”, lamentó García, quien aseguró que su hijo no tiene vínculos con pandillas.
Otro caso es el de Patricia Gómez que, en mayo de 2022, la PNC capturó a su hijo, Juan Daniel Ramírez Pérez, de 22 años, y le atribuyó el delito de agrupaciones ilícitas. “Él iba llegando de trabajar del mercado, a descansar, cuando los policías llegaron lo sacaron (de su vivienda) y se lo llevaron” dijo. Ella asegura que su hijo nada tiene ver con las pandillas
“Yo quiero que por favor le den la libertad a él y a todos los inocentes que están ahí, hay muchas madres que estamos sufriendo por ellos. Es un dolor tremendo que uno a veces ni come, ni duerme, y no se está tranquilo pensando en cómo están ellos ahí, porque ellos sufren ahí adentro”, relató Gómez.
La única información que tiene de su familiar detenido fue a través de un vídeo que se grabó dentro del penal La Esperanza por los predicadores, “después de eso ya no he sabido más de él, solo me ha dicho que ahí está, pero yo no estoy segura”.
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) acompañó a las víctimas a marchar hasta la Asamblea Legislativa para entregar una solicitud audiencia a la Comisión Política, donde exigen la liberación de sus familiares detenidos; así como la derogación del régimen de excepción, ya que se puede brindar seguridad sin esta medida “represiva”.
El MOVIR sostuvo que a la sombra del régimen, el cual “parece permanente”, se ha incurrido “en toda una serie de agresiones y violaciones en contra de la población que nada tienen que ver con las pandillas causándole graves estragos y traumas a miles de víctimas inocentes y sus familias como resultado del sistemático accionar arbitrario, vejatorios, negligente y deliberado abuso de poder en muchos de los casos de capturas sin existir siquiera un mínimo indicio de la participación o vínculo de muchas de las personas capturadas”.
De acuerdo con los datos de 6 organizaciones defensoras de DDHH, se ha registrado un total de 4,723 casos de violaciones a derechos humanos. El Estado ha dejado en libertad más de 3 mil personas, ya que no les encontró vínculos con pandillas.
