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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Las expresiones del presidente Bukele, hechas el 9 de febrero han circulado en distintos medios y declaraciones de organismos internacionales que supieron dimensionar la gravedad antidemocrática que encierran, cuando dijo: “…ahora queda claro quien tiene el control”. Estaba sentado en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y rodeado de militares armados en todo el Salón Azul; solo sus seguidores tienen el valor de negar que eso fue un golpe de estado.
Días anteriores se había desplegado la presión y persecución a diputados en sus casas, a sus familiares y mediante campaña en medios que incitaban a deponer diputados y con el pueblo en la calle “sustituirlos” con otras personas.
Los diputados y diputadas del FMLN, que por los estatutos de su partido son miembros del máximo organismo de dirección partidaria, la Convención Nacional, estaban en el Polideportivo de San Marcos donde se desarrollaba una Convención Extraordinaria que decidiría sobre la participación electoral en coaliciones o solos para los comicios programados para 2021; y esas instalaciones fueron rodeadas por hombres armados del ejército, se decía que buscarían capturarlos y trasladarlos al pleno legislativo donde buscarían que se ratificara un préstamo de 109 millones de dólares o serían linchados públicamente frente a la gente convocada por Nuevas Ideas.
Diputados de ARENA y PDC fueron visitados en sus casas por patrullas policiales; mientras otros afirmaban que asistirían a la plenaria convocada por el Consejo de Ministros, a pesar de la postura institucional que el pleno y el presidente del órgano legislativo habían hecho público, en contra de la intromisión del órgano ejecutivo en la misión y papel del legislativo.
Varios miles de personas fueron coaccionadas a asistir y concentrarse en los alrededores del Centro de Gobierno, eran generalmente empleados públicos amenazados por sus jefes que habían hecho circular en memorándum la convocatoria a la actividad; además habían otros que fueron movilizados como bases del partido preferido por el presidente y venían de diferentes departamentos, incluso se denunció que agentes policiales vestidos de civil fueron traídos de un departamento occidental del país.
¿Qué se buscaba?
Ratificar el préstamo de 109 millones obligando a los diputados bajo las bayonetas, intimidar a los diputados para que se comprometieran a hacer lo que el presidente “ordene”; ¿ocupar la mente de la población que estaba recibiendo agua sucia por las tuberías de ANDA en el área metropolitana?, ¿O de verdad cambiar la composición de la Asamblea eliminando físicamente a algunos para someter a otros?
Los que planearon el golpe de estado lo saben, pero fue un golpe consumado que no se pudo mantener en el tiempo. La experta en seguridad, Yanet Aguilar en reciente conferencia (Webinar) organizada por la Asociación Americana de Juristas (AAJ), explicaba citando conceptos de golpe de estado, que efectivamente lo ocurrido el 9 de febrero fue un golpe de Estado.
Lograran o no todos sus objetivos. El golpe se ejecutó y buscaba anular a uno de los tres órganos fundamentales del Estado, en este caso, la Asamblea Legislativa. Por el desarrollo posterior de los acontecimientos queda claro que no todo lo que buscaban fue logrado por el ejecutivo. La Asamblea Legislativa con sus más y sus menos, sigue funcionando y sigue siendo objeto de ataques sistemáticos por parte de la presidencia de la república y de sus funcionarios más cercanos.
Aquel 9 de febrero hubo varios miles de ciudadanos en los alrededores del Centro de Gobierno, como se explica antes, unos forzados y otros voluntariamente, que clamaban que se anulara la legislatura; era evidente que aquella concentración convocada como “insurrección” estaba muy distante de expresar una voluntad popular que quisiera anular un órgano de Gobierno; las voces sensatas habían llegado quizá hasta algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que movieron a su embajador a pronunciarse poniendo en duda el apoyo a la acción.
Queda suponer que ese hecho movió al presidente a pedir paciencia y esperar “cambiar a la legislatura en las elecciones de 2021”, y explicar el cambio de plan diciendo que había hablado con Dios.
Claro que hubo golpe de estado, ahora lo niegan, lo explican de diferentes formas, ridículas algunas, como la versión que asegura que la presencia militar y de francotiradores y tanquetas, era para proteger a la Asamblea.
Heroica la militancia del FMLN en el departamento de San Salvador, que al ver las imágenes de cerco militar sobre la sede de la Convención y sabiendo que allí estaban sus diputadas y la dirección partidaria respondiéndole al golpista, marcharon a acompañar a sus representantes.
Niéguenlo. Pero es visible hasta en Naciones Unidas.
