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La creación de la Ley de Acceso a la Información Pública, y por ende del Instituto de Acceso a la Opinión Pública fue un gran avance, no solo para garantizar la transparencia de la cosa pública en el país, sino la creación de una herramienta que permitiera a cada ciudadano conocer la información pública de forma expedita o para solicitar aquella información que las entidades de gobierno tuviesen en calidad de “reserva”. Y ha sido en los gobiernos del FMLN donde se puso en vigencia la ley de acceso a la información, y ha sido gracias a esa ley que la ciudadanía le ha contado las costillas a la Asamblea Legislativa, y en gran medida al Ejecutivo. En lo judicial la aplicación de la ley ha sido más lenta, lo mismo que en las municipalidades, aunque había todo un esfuerzo desde la sociedad civil para contribuir a las municipalidades, para transparentar su quehacer, prioritariamente en la entrega de la información cuando así lo solicitaban.
Al iniciar el Gobierno del presidente Nayib Bukele, prácticamente ha iniciado un proceso de oscurantismo, de opacidad, que amenaza la transparencia. En la pandemia, por ejemplo, toda la información sobre los fondos públicos utilizados para enfrentarla se ha declarado en reserva. Incluso, los planes de salud para el combate de la pandemia se han declarado en reserva hasta por siete años. El valor de la vacuna, por ejemplo, no se conoce. Esa información debería ser de dominio público.
Es cierto que de acuerdo con los criterios de cada funcionario o institución clasificará de forma distinta la información bajo su custodia, y aquí es donde entra a funcionar el Instituto de Acceso a la Información Pública, que a pesar de que sus comisionados son al final son nombrados por el Ejecutivo, estos son autónomos, y por tanto no responden a los intereses de Casa Presidencial, como al parecer está sucediendo. Que el Ejecutivo haya girado instrucciones para que suspenda a la comisionada Liduvina Escobar, por no apegarse a los intereses de Casa Presidencial es una mala señal. Y es que el Ejecutivo no debería entrometerse en esos asuntos, porque significa que si Casa Presidencial no está de acuerdo con lo que resuelva el Instituto, entonces los quitará. Esto es un retroceso para la transparencia en el país.
Es vox populi que los comisionados Ricardo Gómez, Luis Suárez y Roxana Soriano están alineados a los intereses de Casa Presidencial, esto es grave, pues, nadie podrá contar con el Instituto para exigirle la información al Ejecutivo, ni a la Asamblea Legislativa que va a establecerse el primero de mayo próximo. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es la instancia responsable de garantizar la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Esta ley fue aprobada en diciembre de 2010 y su entrada en vigor fue en mayo de 2011.
Las funciones más importantes del Instituto, de acuerdo con la ley, es conocer y resolver recursos de apelación, realizar procedimientos sancionatorios, dictar medidas cautelares y resolver controversias sobre clasificación de información, tal como lo hemos expresado arriba. El Instituto es fundamental para la promoción de la transparencia de la actuación pública, pero esta función está en claro peligro, bien por el estancamiento o por su retroceso.
Es lamentable que un presidente de la República que utilizó la bandera de la lucha contra la corrupción hoy sea el que haga movimientos que ponen en peligro la institucionalidad que garantiza y lucha a favor de la transparencia.
