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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas (Idhuca) dio a conocer el informe “La captura del Órgano Judicial en El Salvador”, la cual inició con la toma y militarización de la Asamblea Legislativa por el presidente de la República, Nayib Bukele; continuó con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y las reformas a la carrera judicial.
Ana Gabriela Santos, investigadora y quien presentó el informe, señaló que el gane de Nuevas Ideas en el Órgano Legislativo contribuyó a la captura de la Sala de lo Constitucional al imponer a los cinco magistrados y los otros cinco que debía elegir de forma ordinaria; ahora se tiene a diez magistrados quienes de alguna manera están respondiendo al Órgano Ejecutivo, específicamente al mandato del presidente de la República.
«Las reformas a la carrera judicial han sido sumamente graves y discriminatorias que se basa en un criterio etario para destituir a magistrados, por tanto, eso también riñe con parámetros y estándares de protección internacionales de derechos humanos. Es preocupante la manipulación del discurso usado, diciendo que esta reforma es para combatir la corrupción, cuando no tiene ningún fundamento que se destituyan magistrados con más de 60 años de edad o 30 años de servicio”, indicó.
Según Santos, además de los diez magistrados de la Sala de lo Constitucional que van a responder a los lineamientos desde Casa Presidencial, también está la tercera parte de nuevos jueces quienes reemplazarán a los destituidos, y por ende seguirán el mismo lineamiento dictaminado por el presidente de la República. Desde el punto de vista jurídico no se ha cumplido ninguno de los requisitos dentro del debido proceso para la destitución, sino al contrario, existen amenazas y persecución por parte del Estado.
