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Al enfrentar el grave problema de personas que fallecen día a día producto del crimen violento con el protagonismo de las pandillas y quienes practican actos delincuenciales, advice hay una pluralidad de enfoques que desde sus propias perspectivas analizan el fenómeno. Todos estos aportes son aristas que sin pretenderlo, ni ser consciente de ello, muchas veces convergen en un vértice común: la urgencia de la justicia en el país. Unos analizan el fenómeno desde la dimensión jurídica, otros desde el ángulo socio-histórico, otros analistas subrayan la dimensión económica y financiera del problema, algunos adoptan una postura ética religiosa, etc. Todos los caminos que discurren en sus planteamientos llevan a la gran tarea pendiente de hacer posible la justicia en el país. Tal como dice nuestra gente: todos los caminos llevan a Roma… Inevitablemente el tema que hoy no podemos eludir para solventar la violencia es el tema fundamental de la justicia.
Entre las razones que se destacan para plantear este desafío está la gran deuda social acumulada por largos y prolongados períodos históricos en el país, que ahora toca fondo en la realidad, exigiendo que se cancele este gran déficit de inversión en los servicios de salud, educación, vivienda, seguridad ciudadana, etc. Hay que ver cuánto nos hace falta invertir en estos rubros. Todas estas obligaciones hoy se han multiplicado a tal grado que no podemos responder como deseáramos para satisfacer estos rubros insolventes a todos los ciudadanos en el país. Otra razón es desempleo, que plantea otro gran problema, así como el muy conocido subempleo estructural y las personas que se encuentran laborando en el sector informal, desprovisto de las garantías laborales. También recordemos que los mismos estallidos sociales que hemos sufrido en la historia están relacionados con el problema fundamental de la justicia. Dicho de otra manera, el análisis estructural del crimen violento y de las pandillas tienen una estrecha vinculación con el problema de las grandes carencias de los ciudadanos. Es decir, se trata de una injusticia estructural que se ha prolongado desde hace mucho tiempo.
No obstante estos grandes problemas antes enunciados, no podemos cruzarnos de brazos para que siga incrementándose el déficit, sino que hay que empezar a invertir para que no se vuelva cada vez más difícil solventar todas estas necesidades que se convierten en estallidos sociales de violencia. Hay un clamor generalizado de justicia en El Salvador, y ésta entendida como la realización del sumo bienestar de todos los salvadoreños. La justicia además es una exigencia de las víctimas, también de los victimarios, como ya comentaremos, pero al responder a la misma no lo podemos hacer dictatorialmente, sino de una manera autentica y genuinamente democrática.
Justicia para las víctimas
Las víctimas claman justicia porque son extorsionadas, son reprimidas, atemorizadas, viven constantemente la tensión y el estrés permanente que les agota día a día, precisamente porque se sienten amenazadas de manera perenne y no tienen la seguridad de poder vivir tranquilamente el día. Muchas veces, a causa del problema de la violencia familias enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares, y tienen que perder sus pocos bienes y hasta su casa de habitación. Otro de los sufrimientos del ciudadano común y corriente es la inseguridad en el transporte público, dada tantas experiencias de muertes violentas, tantas víctimas que sin mediar palabra mueren por arma de fuego en el uso inevitable de este medio de transporte. Un día que pasa es un día más en el que ha sido posible de alguna manera el milagro de la vida.
Además de las necesidades irresueltas, las víctimas sufren el agravante de la violencia, que no les deja vivir en paz. Constantemente somos testigos del sufrimiento de la población que está siendo castigada con el flagelo de la violencia en el país. Nos percatamos a través de los informativos, la prensa escrita y las redes sociales cuántas personas fallecen como víctimas de la espiral de la violencia. Esto suscita una angustia existencial que acelera la agonía de las personas que están viviendo en zonas de alta peligrosidad expuestas a todos los crímenes posibles.
Un aspecto ineludible es que el poder judicial debe crear estructuras institucionales para resarcir y tratar psicológicamente las víctimas de la violencia. Cuántas personas han sido víctimas por los delitos relacionados al crimen violento, que han sufrido la muerte, heridas físicas y psíquicas, pero el Estado no les proporciona esa cobertura necesaria para la cura personal o restañar los daños psíquicos y físicos que han sufrido. Hay todo un horizonte amplio para seguir avanzando en el ideal de la justicia en el país.
El rosario de los problemas relativos a la violencia es interminable. No es necesario hacer una descripción detallada y muy precisa de este fenómeno porque todos sufrimos en alguna medida el impacto de la violencia, todos estamos expuestos y sabemos lo que significa. Crear una ecología social segura, en armonía y tranquilidad, es una de las principales tareas pendientes en las áreas geográficas más afectadas por esta realidad de la violencia.
Sobre los victimarios
Hay que tener en cuenta como punto de partida que los victimarios en primer lugar generalmente han sido víctimas. Pues la frecuencia de estos casos muestra que proceden de situaciones familiares complejas y han padecido los graves problemas que arrastran la pobreza y las desigualdades sociales. No obstante, los victimarios saben que están sujetos al derecho penal y no pueden eludir el Estado de derecho. Sin embargo, la impunidad es injusta y la justicia aplicará la sanción correspondiente al victimario.
La condición a priori para poder aplicar la justicia y el trato adecuado a los victimarios supone una gran inversión social. El trato adecuado para los victimarios es fundamental para resolver el problema de la violencia en el país. Si aplicamos una justicia eficaz y un trato adecuado para los victimarios, se rompe el círculo infernal de la violencia que engendra víctimas y victimarios.
Además el Estado es el que debe garantizar el derecho a la seguridad de los ciudadanos, tal como lo expresa la Constitución de la República de El Salvador en su Artículo 2 que establece claramente que el tema de la seguridad es un derecho que tiene todo salvadoreño: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”. En este contexto de tanta violencia no nos podemos ofuscar desesperadamente para realizar acciones precipitadas. Lo primero que debemos hacer es aplicar la legislación establecida en el Estado de derecho, tal como lo expresa la Constitución de la República: “Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación, los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas por la ley y sometidas a la competencia del Órgano Judicial” (Art. 13).
Hacer una renovación integral del sistema judicial y penitenciario es otra tarea prioritaria. Muchos casos están pendientes de sentencia. Hay un gran número de personas que están en las prisiones y no han sido juzgadas, son casos pendientes. Además el sistema penitenciario no reúne las condiciones, ni ofrece las posibilidades de un proceso de rehabilitación. No basta con tener espacio en las cárceles para encerrar a los delincuentes. Es necesario invertir en las instituciones educativas, en el sistema carcelario, en la rehabilitación de los delincuentes y apostar por la reinserción social de estos, creando las condiciones necesarias para que el ciudadano común no siga convirtiéndose en víctima del crimen violento. Esperemos que la nueva ley sobre la reinserción social tome en cuenta esta realidad. Además se debe planificar el proceso de rehabilitación, de la reinserción social y de la resocialización de manera organizada. Una vez cumplida la sanción y habida cuenta del propósito real de enmienda, analicemos cuidadosamente la situación del victimario: ¿qué sociedad le recibe?
La reinserción social es un proceso que debe ofrecer las plataformas para generar oportunidades de empleo e inserción en la vida productiva del país para las personas implicadas en las redes de violencia y que deseen corregir su rumbo. En ello debe implicarse la empresa privada, como parte de su responsabilidad social, el Estado o las instituciones internacionales, generando empleo, apoyando la creación de micro-empresas u otras iniciativas que posibiliten la reinserción. Este es un reto gigantesco porque el subempleo y el desempleo son las dos realidades que viven los ciudadanos comunes y corrientes, además está el sector informal de la economía que ha absorbido gran parte de los ciudadanos que no tienen posibilidades de ser contratados. Una nueva oportunidad para alguien que sale de la prisión o que desea corregir su rumbo, es también una nueva oportunidad para la sociedad que le recibe, y debe brindar las condiciones que posibiliten el desarrollo de la persona que desea superarse y cambiar. Además de la rehabilitación y de la reinserción, es necesario instituir programas de resocialización para que los victimarios no sigan reproduciendo los esquemas que han causado tantas víctimas en el país. Si no atendemos a estas condiciones de la sociedad para recibirles, la nueva oportunidad será solamente un sueño destinado al fracaso.
Otro aspecto que hay que pensar a fondo es el problema del financiamiento y la asignación de recursos financieros para llevar adelante este proceso de inversión social. Hay que ser realistas, no podemos depender solamente del financiamiento externo, es importante pensar en el financiamiento interno para saldar la deuda social acumulada. Hay un tema escabroso y es el de la reforma fiscal. Hay asuntos por resolver como la evasión fiscal, la recaudación de los impuestos y la administración de los mismos en la gestión pública. Sin embargo, la piedra de toque y la más compleja es que tenemos un tipo de estructura tributaria que penaliza normalmente al ciudadano de a pie, al empleado y al trabajador. Cuando hablamos de reforma fiscal, los sectores económicos y financieros poderosos piensan en una reforma fiscal regresiva, que afecta directamente al ciudadano común y corriente, pues además de tener una renta o un ingreso reducido, un poder adquisitivo limitado, sufre un golpe cuando se imponen más cargas tributarias ya que dependen solamente de su salario, y su capacidad de compra de bienes y servicios disminuye si se le imponen más cargas fiscales. Tocar el tema de una reforma fiscal progresiva significa pisar los callos de los sectores sociales económicamente y financieramente poderosos, pues ellos no quieren asumir cargas fiscales que afecten su patrimonio y sus utilidades. Este tema une todos los grupos que tienen el poder económico y financiero en el país. Tocar este tema es como tocarle las barbas al león, pues toda la maquinaria de los medios de comunicación y sus centros de pensamiento ideológico arremeten a quien ose insinuar el tema. En un momento dado habrá que enfrentar el problema, pues los recursos de los que dispone el Estado son insuficientes para saldar la deuda social acumulada históricamente. La estructura fiscal progresiva es más equitativa, pues el criterio no es solamente que paga más impuestos el que tiene más capital, sino que busca que todos los ciudadanos tengan sacrificios equitativos y que no afecte más a los ciudadanos que tienen como fuente de ingreso únicamente su salario.
Otro aspecto fundamental es actualizar la legislación para que no prescriban los delitos de peculado que atentan contra los bienes y los recursos financieros del Estado. Si estos delitos se penalizan, no hay posibilidad para que aquellos que los cometen escapen de la justicia y se les aplique las sanciones conforme al derecho penal.
La verdadera justicia exige soluciones auténticamente democráticas pero no dictatoriales
En América Latina hemos sufrido tantas dictaduras y gobiernos represivos que no podemos engañarnos con soluciones dictatoriales para resolver los graves problemas del presente.
En Sudamérica las dictaduras se instalaron en Brasil, con el golpe de Estado de 1964, luego se sumaron Bolivia (1964), Perú (1968), Chile y Uruguay (1973), Argentina y Ecuador (1976). En Paraguay, Alfredo Stroesner controla la política del país por un largo período desde el año de 1954 hasta 1989. Además, hay que recordar la dictadura de Juan Velasco Alvarado de Perú (1968). También en Centroamérica se impusieron gobiernos dictatoriales durante varias décadas. La dinastía y dictadura de Somoza en Nicaragua (desde 1934 hasta 1979); Tiburcio Carías Andino (Honduras que gobernó de 1933 hasta 1948); Jorge Ubico Castañeda (Guatemala, gobernó desde 1931 hasta 1944); Maximiliano Hernández Martínez (El Salvador, gobernó desde 1931 hasta 1944)1. Estas dictaduras tenían una raigambre oligárquica en la región centroamericana. En El Salvador, también el régimen de Carlos Humberto Romero (1977-1979), aplicó la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, en el contexto de la Doctrina de la seguridad nacional. Dictaduras ya hemos vivido muchas, no queremos seguir crucificando al pueblo sino bajarlo de la cruz. No queremos seguirlo castigando con la muerte y el sepulcro, sino darle esperanza y soluciones plenamente humanas. En consecuencias más divinas. No queremos leyes, ni procedimientos coercitivos con los cuales paguen justos por pecadores. No queremos que se estigmatice la juventud tratándola de manera general como un sujeto social violento. Queremos una seguridad ciudadana integral que respete los derechos humanos, dándoles prioridad a las víctimas. Habrá paz si hay justicia, tendremos tranquilidad si se resuelven tantas deudas sociales acumuladas a lo largo de la historia de nuestros pueblos. La seguridad y la paz son sinónimos del sumo bienestar de la población. Una población que vive en bienestar es normalmente una población segura y que vive en paz.
Saldar el gran déficit y la deuda social es una condición de posibilidad para salir del círculo infernal de la violencia. Todos somos responsables para que esto sea posible. Instituciones Gubernamentales, Empresa Privada y Sociedad Civil estratégicamente constituidos en una red para buscar la paz y el bienestar social, podrían brindar una forma organizativa eficaz para salir al paso del reto que nos plantea la violencia en este período de la historia de El Salvador.
