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Por Daniel Bosque/Barcelona/AFP
El independentista Carles Puigdemont asume este martes sus funciones como nuevo presidente del gobierno de Cataluña con la intención de convertir a la región más rica de España en una república independiente.
Será el inicio de una legislatura corta, site de 18 meses según la hoja de ruta separatista, para avanzar apresuradamente hacia su separación del reino de España. La legislatura «de la postautonomía y de la preindependencia» como la define el nuevo presidente, abiertamente republicano.
Este martes estaba todo listo para su toma de posesión. Por la mañana, en el boletín oficial del Estado aparecía ya el decreto de nombramiento firmado por el rey Felipe VI, probablemente uno de los más dolorosos de su mandato iniciado en 2014. «Vengo en nombrar presidente de la Generalitat de Cataluña a don Carles Puigdemont i Casamajó».
A las 7:00 p.m., hora local, en una ceremonia solemne en un palacio gótico de Barcelona, sede del gobierno catalán, el presidente saliente Artur Mas, un nacionalista convertido al independentismo, cederá el relevo a Puigdemont tras cinco años de mandato marcados por una escalada de tensión con Madrid.
Su renuncia a la reelección fue el precio a pagar para conformar una alianza entre las diferentes sensibilidades independentistas, desde los conservadores como Mas hasta la izquierda radical, que había obtenido una mayoría absoluta del parlamento catalán tras las elecciones regionales del 27 de septiembre.
Rechazado por los 10 diputados de la Candidatura de Unidad Popular (CUP, izquierda radical) por sus políticas de austeridad, Mas renunció el sábado para evitar una nueva convocatoria electoral y salvar su proyecto independentista plasmado en una polémica resolución parlamentaria aprobada el 9 de noviembre.
En ella, los independentistas lanzaban su proceso de secesión y declaraban su «no sumisión» a las instituciones españolas.
Empiezan los trabajos
Ahora Puigdemont, según lo pactado en esa moción, tiene un mes para empezar a tramitar las leyes destinadas a crear una hacienda y una seguridad social catalanas.
«La agencia de seguridad social está poco desarrollada, pero la agencia tributaria está más avanzada. Tenemos mucho trabajo hecho y se está contratando personal», explicó a la AFP una portavoz del departamento de Economía catalán.
En Madrid, el gobierno del conservador Mariano Rajoy, que consiguió anular a través del Tribunal Constitucional la resolución parlamentaria, advirtió que no consentirá ningún acto ilegal.
Según el diario digital El Confidencial, ya se tomaron medidas para blindar los datos de los casi 1,6 millones de pensionistas catalanes que podrían interesar al gobierno regional para su proyecto de seguridad social independiente.
El nuevo ejecutivo de Puigdemont, del partido conservador CDC como Mas, estará formado por miembros de diferentes partidos independentistas de la coalición Junts pel Sí (62 diputados), ganadora de las elecciones de septiembre.
Su brazo derecho será Oriol Junqueras, presidente del histórico partido independentista Esquerra Republicana (ERC). Él controlará la vicepresidencia y el área económica encargada de aplicar las medidas sociales prometidas a la CUP como la prohibición de cortar el agua, la luz o el gas a familias pobres, frenar los desahucios o elevar progresivamente el salario mínimo.
El ecolocomunista Raul Romeva, exeurodiputado, estará encargado de las «relaciones exteriores», con el objetivo de implicar a Europa para que medie entre Barcelona y Madrid.
Desde 2010, al calor de la crisis y una escalada de tensión con las instituciones españolas, el independentismo creció exponencialmente en esta región mediterránea de 7,5 millones de habitantes y una quinta parte de la riqueza nacional.
En los últimos comicios regionales, un 47,8% de los votantes dieron apoyo a los partidos independentistas que, ante la infructuosa reivindicación de un referéndum de autodeterminación como el celebrado en Escocia en 2014, quieren avanzar unilateralmente.
Esto puede desencadenar movimientos en Madrid, donde Rajoy encuentra grandes dificultades para formar gobierno tras haber obtenido solo 28,7% de los votos y 123 de los 350 escaños del parlamento en las legislativas de diciembre.
Si no lo consigue, el partido socialista PSOE (22% de los votos y 90 escaños) quiere conformar una coalición progresista.
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