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@JennyCoLatino
El actual proceso de concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico se realiza de acuerdo a la Constitución y la Ley de la República, treat por lo que “no se puede frenar”, physician afirmó el superintendente general de electricidad y telecomunicaciones, Ástor Escalante.
El funcionario reaccionó ante los señalamientos de diversas organizaciones sociales que integran la Red por el Derecho a la Comunicación (RDC), que, a inicios de esta semana, exigieron al gobierno suspender de inmediato la subasta de frecuencias radioeléctricas iniciada por la Superintendencia General de Comunicaciones de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
“No puedo parar un proceso si no existen condiciones de ilegalidad o falta de transparencia o alguna irregularidad en el procedimiento”, aseveró el funcionario.
En este contexto, Escalante criticó a los sectores inconformes, quienes incluso se abocaron ayer a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para presentar una carta en la que exigen a los magistrados que emita la resolución de la demanda de inconstitucionalidad del 23 de agosto de 2012, contra los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 100 de la Ley de Telecomunicaciones vigente, referentes a la subasta como único mecanismo para asignar las concesiones.
En la demanda las organizaciones arguyen que el mecanismo de subasta violenta los principios constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de expresión, orden económico con justicia social, prohibición de prácticas monopólicas y prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes secundarias.
La petición fue admitida, pero aún no existe una sentencia definitiva.
Además, no fue aceptada la medida cautelar, que consistía en suspender la asignación de frecuencias radioeléctricas por subasta mientras se resolvía la demanda.
Esta omisión, explicaron los representantes de las organizaciones, dejó vigente el mecanismo de SIGET con el que sigue entregando las frecuencias sin más criterio que la mayor oferta económica.
De acuerdo al director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), Leonel Herrera, la subasta está generando un rechazo nacional creciente, especialmente en sectores sociales, académicos, comunitarios y de medios locales que quedan excluidos o marginados de la posibilidad de tener acceso a las frecuencias a través del mecanismo.
“Las organizaciones sociales tienen derecho a que exista, ya sea una o más frecuencias para ellos, o que el país cuente con una política de medios… pero yo no soy quien para resolver de manera absoluta o global un tema que no compete en forma exclusiva a SIGET”, recalcó el superintendente.
Es de recordar que la SIGET inició recientemente la concesión con el objetivo de asignar varias frecuencias del espectro radioeléctrico, entre estas seis canales de televisión abierta que son: 7, 13,14,16,18 y 20.
Según un comunicado emitido por la SIGET para explicar el proceso de concesión de las frecuencias, este procedimiento se inició el 24 de abril de este año, luego que la sociedad AUTOCONSA S.A de C.V solicitó la concesión de las seis frecuencias radioeléctricas antes mencionadas.
Ante esto, SIGET explicó que, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley de Telecomunicaciones, debe iniciarse un análisis técnico de la solicitud presentada, determinando que algunos fragmentos del espectro radioeléctrico solicitados, son utilizados por estaciones de los servicios fijo y móvil y no para el servicio de radiodifusión a título primario.
Según Escalante, si no se realiza este proceso y no se resuelve en el plazo legal, el procedimiento cae en “silencio administrativo”, lo que implicaría otorgar las frecuencias solicitadas conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Telecomunicaciones.
En este contexto, el funcionario detalló que el proceso implicó que la SIGET publicara en los periódicos de mayor circulación la solicitud de concesión, tras la que cuatro personas enviaron un escrito manifestando su interés a las frecuencias a concesionar.
Entre los interesados en las frecuencias se encuentran: José Galdámez, Tecnovisión (canal 33), Luis Alonso Avelar y MOVI S.A de C.V. Sin embargo, para las organizaciones sociales, la subasta es un mecanismo “antidemocrático y excluyente” en la asignación de las concesiones de frecuencias radioeléctricas, debido a que establece como único criterio la mayor oferta económica.
Y es que la demanda de los sectores inconformes tiene como base el Informe de Anual sobre la Libertad de Expresión de 2013, de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se recomienda a los gobiernos “criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de estas frecuencias y del nuevo dividendo digital”, a fin de garantizar a todos los individuos la igualdad de oportunidades en el acceso y operación de los medios de comunicación en condiciones de equidad.
Por lo cual exhortan a las autoridades gubernamentales que dichas frecuencias no deben ser utilizadas como mercancía, sino que deben aprovecharse como “una valiosa oportunidad para generar mayor diversidad de medios a fin de garantizar el pluralismo político, social y cultural de la sociedad”.
